En estos días previos a la nueva cita electoral del 26-J, los programas de los principales partidos políticos se llenan de compromisos, planes, estrategias y promesas variopintas dirigidas a los hombres y mujeres que viven del campo y en el medio rural, así como a las industrias del sector agroalimentario. Eso sí, algunas (o muchas) no dejan de ser un “brindis al sol” y todas (o casi) vienen sin la memoria económica oportuna, es decir, sin coste, gasto o presupuesto declarado.
¿Qué proponen los principales partidos políticos al sector agrario y al medio rural para el 26-J ?
Partido Popular (PP): un plan para el sector agroalimentario en el Horizonte 2027
El Partido Popular (PP) propone, en su programa electoral para el 26 de junio, una «estrategia de desarrollo del sector agroalimentario», con un horizonte de más de diez años (hasta 2027), incentivos para mujeres rurales, jóvenes y tecnologías en el campo e impulso de las exportaciones.
El programa popular recoge un plan que «prepare al sector» y abarque acciones en la producción, industria y distribución -en colaboración con las autonomías-, con vistas a la futura Política Agrícola Común (PAC) entre 2021 y 2027 (los presupuestos actuales comunitarios terminan teóricamente en 2020).
Se compromete a promover una Ley marco de Desarrollo Rural, con atención a los jóvenes y a los mecanismos que faciliten su acceso a la tierra, la extensión de la banda ancha en el medio rural y las medidas para la «promoción de las mujeres».
Propone también elaborar el «estatuto del joven emprendedor agroalimentario» para apoyar iniciativas de nuevos empresarios, así como mejorar las posibilidades para que el agricultor o ganadero pueda financiar mejoras en sus explotaciones.
No obstante, el PP defiende los logros de los últimos cuatro años en materia agroalimentaria y aboga por la continuidad de sus políticas.
Según su programa, España ha incrementado sus exportaciones más del 20 % en cuatro años y la ocupación en el segmento agrario crece un 7 %.
Entre las medidas que pretende continuar, figuran la concentración de cooperativas; la aplicación de la Ley de Mejora de la Calidad Alimentaria; la modernización de regadíos; el refuerzo del Plan de Seguros Agrarios o la consolidación del régimen de tributación fiscal por módulos.
Su propuesta también incluye un programa de «promoción y extensión agraria 2.0», con el objetivo de mejorar el acceso de agricultores y ganaderos al uso de nuevas tecnologías.
Apuesta por un plan para la «excelencia alimentaria» con el fin de alcanzar «las mayores cotas de calidad» y un «especial protagonismo» para la agricultura ecológica, y por un programa para potenciar el «liderazgo» de la agroalimentación española en los mercados.
Aboga por realizar avances en el desarrollo de la Ley de Montes y en las normas sobre bienestar animal, así como por la elaboración de otro plan de actuaciones para la «tenencia responsable» de animales de compañía.
A escala internacional, el PP afirma que si continúa al frente del Gobierno actuará «en defensa de las producciones nacionales» frente a los obstáculos en las fronteras, además de promover que las importaciones cumplan los mismos requisitos que los productos de la Unión Europea (UE).
En materia de acuerdos comerciales, el PP señala que «asegurará» que los compromisos de la UE con terceros países sean «equilibrados, para que las contrapartidas no recaigan en el sector agrícola«, e insiste, además, en que trabajará para que la PAC contribuya a generar riqueza y empleo.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE): un plan estratégico de agricultura española «Horizonte 2030»
El PSOE se compromete en su programa electoral para los comicios del 26 de junio a elaborar un Plan estratégico de la agricultura y ganadería «Horizonte 2030» que establezca las prioridades de la política agraria nacional y proponga las líneas de actuación y los compromisos económicos.
Este Plan, según resalta en un comunicado, contendrá líneas de políticas activas a favor de la mujer rural, de la incorporación a la actividad agraria, el relevo generacional, la sanidad animal y vegetal, y el fomento en la contratación de seguros agrarios.
Aboga por un «Estatuto de la Agricultura Profesional» que establezca beneficios fiscales a la transmisión de explotaciones para lograr una mayor competitividad y que facilite la transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, el relevo generacional, el arrendamiento de tierras y las inversiones en innovación».
Elaborará un «Plan Estatal de Incorporación de Jóvenes a la Agricultura«, financiado con fondos nacionales y los obtenidos con el sistema de topes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de modulación.
Impulsará la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, aprobada por el anterior Gobierno socialista, que a su juicio no se ha puesto en marcha por la falta de voluntad del PP.
Defienden la revisión del modelo de aplicación de la PAC para apoyar «a los agricultores profesionales», fomentar el empleo en el medio rural, modificar la definición de agricultor activo y establecer un tope máximo para el cobro de las ayudas.
Recuperará los instrumentos de políticas de regulación de mercados contra la volatilidad de precios, así como prestar «un apoyo decidido» a la industria agroalimentaria.
Impulsará en Bruselas la defensa del modelo europeo frente a posibles acuerdos con terceros países y la revisión de las normas de competencia para fortalecer la posición de los productores.
Elaborarán los cambios normativos necesarios para conseguir el objetivo de equilibrio de la cadena alimentaria.
En este sentido, apuestan por revisar la Ley de equilibrio de la Cadena Alimentaria «para hacerla más eficaz y ejecutiva», que elimine excepciones en la obligatoriedad de contratos y perfeccione la identificación de prácticas abusivas.
De esta forma, regularán la figura del Mediador de contratos con capacidad de intervención en conflictos colectivos y asegurarán la máxima coordinación entre las autoridades de comercio y agricultura para garantizar el cumplimiento de las normas.
Por otra parte, actualizarán la Ley de Agricultura de Montaña y los programas de desarrollo destinados a estas áreas que presentan debilidades naturales, reactivarán la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y establecerán beneficios especiales para los emprendedores en el medio rural, especialmente en las zonas en peligro de despoblamiento.
En el primer año de legislatura, el PSOE apunta que lanzará el programa «Start-Up Spain» para la incubación, aceleración y «escalamiento de emprendimientos de base tecnológica, destinado a atraer emprendedores nacionales e internacionales.
Considera que están «obligados» a dar «una respuesta contundente» y poner en marcha a partir del 26 de junio una política agraria, pesquera y de desarrollo rural «comprometida y con financiación».
Ciudadanos (C’s): Creación de una Agencia de transferencia de tecnología agraria
Ciudadanos plantea la creación de la Agencia de transferencia de tecnología agraria, en un programa para las elecciones generales del 26 de junio en el que también apuesta por una «Agencia para la promoción del sector agroalimentario y el turismo» y por la redacción de un Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Respecto a la Agencia de Transferencia de Tecnología Agraria, Ciudadanos defiende el papel que podría tener para impulsar proyectos I+D+i entre Universidad y sector agrario.
Asegura que fomentarán el empleo agrario ligado a la tierra y potenciarán la agricultura ecológica, además de impulsar la creación de empresas relacionadas con el uso de nuevas tecnologías en torno a la industria alimentaria.
A su juicio, el mundo rural en España es un ámbito en el que las aplicaciones de nuevos métodos de trabajo y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden abrir nuevas soluciones para mejorar la gestión, la rentabilidad y la profesionalización.
El fomento del seguro agrario y otras estrategias de cobertura de riesgo figuran también en el programa electoral.
Por lo que respecta a «la Agencia para la promoción del sector agroalimentario y el turismo», se encargará de gestionar los fondos europeos que se destinan a España para promoción agroalimentaria.
«Fomentaremos y facilitaremos la internacionalización de las empresas españolas mediante la simplificación administrativa y apoyo técnico para facilitar la exportación», detalla en el programa.
Por otra parte, aboga por modificar la actual Ley del Fomento de la Integración Cooperativa para promover la posición justa del cooperativismo en las cadenas agroalimentarias, en el territorio rural y en los mercados internacionales.
Apuesta por desarrollar «un plan estratégico de la política forestal que revitalice el Consejo Forestal Nacional y fomente la producción forestal», de forma que se movilicen recursos «ociosos» que permitan generar empleo y rentas para la población rural.
Expresa su compromiso con la eficiencia energética porque «el ahorro resulta clave en todo el ciclo de producción, transformación, edificación, transporte, distribución y consumo».
Promoverán la eficiencia energética en sectores como la agricultura (al igual que en la construcción, la industria y el transporte) y la educación y el ahorro energético entre consumidores y productores.
Defiende la aprobación de un plan nacional para gestionar los residuos orgánicos del sector agroalimentario y forestal, que promoverá su uso como fuente de materia orgánica útil para los suelos -mediante su compostaje o tratamientos alternativos- y para cogeneración de energía.
Otras propuestas aluden al Programa de Forestación y Restauración Hidrológica y a la elaboración de un Libro Blanco del Agua con criterios técnicos y científicos, que sirva para la redacción del Plan Hidrológico Nacional.
El programa incluye un nuevo plan de incorporación de energías renovables en las desalinizadoras que permita, a medio plazo, el abaratamiento del coste del agua.
Se compromete, además, a impulsar el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, mejorando y modernizando tanto las redes ferroviarias y sus conexiones con los puertos como el transporte por carretera.
Unidos Podemos: Compromiso para mejorar el reparto de renta agraria y empleo
Unidos Podemos se compromete en su programa para las elecciones del 26 de junio a hacer reformas para «mejorar» el reparto de la tierra, la renta y el empleo en el campo y plantea medidas que van desde la mediación contra el abuso en los precios del aceite hasta bajar el IVA en servicios veterinarios.
La coalición asegura que reformará el «modelo de negociación» y aplicará una Política Agrícola Común (PAC) en España que mejore la distribución de los ingresos y promueva el interés público o ambiental.
Si llega al Gobierno, afirma que se opondrá a la ratificación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), que negocian la Unión Europea (UE) y EEUU, y que preocupa al sector agrario.
En el programa hace varias alusiones a distintas zonas del país en lo que se refiere al sector agroalimentario: como Jaén y el olivar; Canarias, porque se compromete a mejorar el Programa Especial por la Insularidad (Posei); y la Comunidad Valenciana, para la que promete un complemento del 20 % de los fondos para agricultura y ganadería, con cargo a los Presupuestos del Estado.
Aboga por modificar el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para garantizar trabajo estable en proyectos agroalimentarios y de conservación del patrimonio de las áreas rurales.
En cuanto a las peonadas para cobrar el subsidio agrario, apunta que «acabará con la dependencia ciudadana y las prácticas clientelares de ayuntamientos y empresarios gracias a la aplicación del programa Pobreza Cero, que universaliza las rentas y posibilita limitar el requisito» de la firma de dichos jornales.
Pretende instaurar una agencia pública para la «gobernanza sostenible de la tierra«, que regule terrenos rústicos y favorezca el acceso «democrático y justo», con prioridad para mujeres y jóvenes, y garantías en la gestión de las fincas para sus propietarios.
Para ello, se compromete a desarrollar un «plan especial para el uso social de la tierra«, en respuesta al inventario de propiedades elaborado por el Ministerio de Hacienda y al plan de enajenación de estos bienes llevado a cabo por el Gobierno.
Impulsará el «concierto» entre las administraciones, con un «plan participativo» por comarcas, para «revertir la tendencia al despoblamiento y abandono» del campo.
En cuanto al olivar, incluye en su programa un capítulo específico en el que defiende la «mediación estatal» para acabar con las prácticas abusivas en el precio del aceite.
Se compromete a potenciar la industria olivarera, mejorar las normas de origen y apoyar la declaración del cultivo en Andalucía como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.
Por otro lado, pretende elaborar una «Ley de Bienestar animal» que reduzca el IVA a los servicios veterinarios, de forma que pasen de considerarse «de lujo» a ser artículos de primera necesidad.
Sobre consumo, propone la prohibición del uso del bisfenol A (BPA) en materiales que puedan entrar en contacto con alimentos y bebidas, y una Ley Celíaca para aumentar la oferta de productos libres de gluten y evitar la «discriminación» de celíacos y diabéticos.
Además, quiere impulsar una política de «subvención cero» para espectáculos que no garanticen el bienestar animal, incluyendo modificaciones de las leyes sobre tauromaquia.
Fuente: Agencia EFEAgro.
