Los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro CC.AA. con más lobos en su territorio, exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) la retirada inmediata de la propuesta de orden ministerial, que otorga una mayor protección a la especie.
Las cuatro CC.AA. “loberas” irán a juicio si el Gobierno sigue optando por incluir el lobo en el LESPRE
A la vez, estudian la elaboración de sus propios censos de población y el diseño de una estrategia común de gestión en su territorio si el Ministerio persiste en no dialogar con las Administraciones autonómicas competentes.
Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia recurrirán judicialmente la orden ministerial que incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre) si éste llega a publicarse, y seguirán su propia estrategia basada en censos actualizados, apoyo en sus equipos técnicos y la experiencia de su gestión.
Proponen elaborar sus propios censos de población, así como una estrategia común de gestión de las cuatro autonomías en caso de que el Miterd no retire la orden ministerial antes del próximo 15 de junio.
Así lo anunciaron este 25 de mayo en León los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; de Cantabria, Guillermo Blanco; de Asturias, Alejandro Calvo, y de Galicia, Ángeles Vázquez- acompañados por sus directores generales-, tras mantener un encuentro con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) nacionales –Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA; Miguel Blanco, secretario nacional de COAG, y Aurelio González, de la directiva nacional de UPA- para informales de las medidas conjuntas que las cuatro CC.AA. van a adoptar ante la decisión del Gobierno de España de seguir adelante con su propuesta de dotar al lobo de una mayor protección.
Estas tres organizaciones agrarias han apoyado las pretensiones de las cuatro CC.AA. frente a la postura del Miterd en relación con la inclusión del lobo en el Lespre, con lo que la decisión conjunta se ha adoptado junto a las OPAs, comenzando por la exigencia de la retirada inmediata de la propuesta de orden ministerial ya que, en caso contrario, las autonomías que albergan a la mayor parte de la población de lobos en la Península Ibérica elaborarán, siguiendo primero el que entienden que debería haber sido el procedimiento lógico y coherente, un censo de la población que permita saber cuál es el verdadero estado de esta especie y, seguidamente, diseñarán una estrategia conjunta de gestión de la misma en su territorio, que será trasladada tanto al Gobierno, como al resto de CC.AA. para su consideración y discusión en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano que formalmente es que debe acordar su aprobación.
En caso de que finalmente llegue a publicarse la Orden Ministerial sin antes haber consensuado una estrategia de gestión con las CCAA, las OPAS y resto de actores implicados, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León presentarán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo y pedirán “medidas cautelarísimas” con las que poder paralizar la eficacia de la normativa hasta el pronunciamiento final de los tribunales.
Sin rigor científico
Según las cuatro CC.AA. y las OPAs, la actual propuesta de orden carece del rigor científico necesario. El propio informe en el que se basa la inclusión ya advierte que el lobo está en un estado de conservación favorable y que los únicos motivos de inclusión son culturales y ecológicos, motivos que por otro lado entienden las comunidades autónomas que ya están contemplados en sus planes de gestión.
Este cambio de estatus legal de la especie iría en contra de la actual estrategia, acordada en el año 2005 por unanimidad de todas las CCAA. Es decir, el propio Estado estaría actuando en contra de sus propios acuerdos.
También se recuerda que las mejores poblaciones de lobo son las que se encuentran en el Norte del río Duero, justamente donde se está aplicando un modelo de gestión que ahora se quiere cambiar por otro, que ha llevado a la desaparición de las poblaciones protegidas de Sierra Morena, en Andalucía, y Castilla la Mancha.
El actual modelo de gestión está perfectamente enmarcado en las Directivas europeas de conservación y ha permitido que las poblaciones de lobo colonicen nuevos territorios, por tanto, todo indica que la decisión tiene no se apoya en argumentos técnicos sino ideológicos, aunque estos perjudiquen la gestión de la especie y de la convivencia en el medio rural.
En todo caso, añaden, se ha vuelto a ofrecer al Ministerio la formación de una mesa de trabajo conjunta, donde se pueda trabajar sin el condicionante ahora impuesto de considerar al lobo incorporado en el listado de especies de interés especial (Lespre), lo que permitiría revisar y actualizar la actual estrategia nacional de conservación y gestión del lobo, como primer paso fundamental, para lograr después el consenso y el diálogo necesarios para lograr una solución a este conflicto.
En defensa del medio rural
El consejero Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez, lamentó que el Ministerio haya roto el diálogo y el consenso respecto a establecer un marco de entendimiento para llevar a cabo la conservación y gestión del lobo, como se ha hecho hasta ahora, y ha indicado que “nos vemos obligados a tomar decisiones que nos llevan a un escenario que no nos gusta y que no se corresponde con el actual estado de derecho democrático en el convivimos. Nuestra finalidad siempre ha sido defender a la ganadería de nuestros territorios, hacer posible su convivencia con el lobo, y evitar el enorme peligro que supondría incluir al lobo en el Lespre”.
Por su parte, el consejero de Cantabria, Guillermo Blanco, denunció “el desprecio” del Gobierno de España con el pronunciamiento de los parlamentos regionales y la ‘Carta Abierta en apoyo a una gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia’, iniciativa promovida por Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, y que cuenta con el apoyo de otras cinco CC.AA. (País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía), la ciudad autónoma de Ceuta, las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) a nivel nacional, la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), así como otras organizaciones y asociaciones agrarias y ganaderas, además de colegios profesionales y el Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España.
Blanco recordó la falta de respuesta a todas las propuestas técnicas y alegaciones presentadas por las CCAA en defensa de su modelo de gestión en un proceso donde está faltando el dialogo y la comunicación con quienes gestionan la especie.
Asimismo, la consejera de Galicia, Ángeles Vázquez, consideró que la decisión del Ministerio es una auténtica amenaza para lograr el equilibrio necesario en la convivencia entre el lobo y el ser humano, especialmente ante el incremento exponencial de ejemplares en los últimos años, y también ha lamentado que el Ministerio haya decidido romper el consenso con las comunidades autónomas. “Para tener biodiversidad tenemos que tener diálogo y empatía con la sociedad”, subrayó Vázquez, quien se mostró contraria a proteger en exceso una especie si eso conlleva que otras sean más vulnerables.
Por último, el consejero del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, también defendió la recuperación del diálogo y el consenso entre las CC.AA. y el Estado para poder gestionar de manera adecuada un asunto “tan complicado”, como es la coexistencia entre la ganadería y el lobo.
Calvo consideró necesario que los planes de gestión de las CC.AA. puedan seguir vigentes y que el Ministerio no los modifique con sus decisiones, al tiempo que ha abogado por incluir la gestión de la ganadería extensiva en las políticas de biodiversidad y en la futura estrategia de gestión del lobo ibérico y su conservación.
Apoyo de las OPAs
En la rueda de prensa posterior a la reunión, los representantes de las organizaciones profesionales agrarias nacionales UPA (Aurelio González), COAG (Miguel Blanco) y ASAJA (Pedro Barato) coincidieron en su apoyo a las cuatro CC.AA. por la defensa férrea que están haciendo del sector ganadero y reiteró al Ministerio que retire de manera inmediata la orden ministerial que incluye al lobo en el Lespre.
Es más, los representantes de las OPAs solicitaron la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en caso de no dar marcha atrás en su postura, y anunciaron movilizaciones en defensa del sector productor ganadero, ante “el atropello y los ataques constantes” que está sufriendo por parte del Gobierno de España.
