Las CC.AA. mantienen aún muchas diferencias y discrepan bastante en muchos aspectos de la propuesta de Plan Estratégico de la PAC (PE-PAC) para el periodo 2023-2027, planteado por el Ministerio de Agricultura.
Las CC.AA. mantienen muchas diferencias y discrepan sobre la propuesta de PE-PAC 2023-27 del MAPA
El secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA, Fernando Miranda, se reunió este miércoles 7 de julio con representantes autonómicos para iniciar los trabajos de diseño y de redacción del Plan Estratégico Nacional para aplicar a partir de 2023 en nuestro país la nueva PAC aprobada el pasado 25 de junio por las instituciones de la UE (Consejo, Parlamento Europeo y CE).
De los resultados de los trabajos a desarrollar dependerá la distribución final de los distintos pagos y ayudas directas de la PAC a los agricultores y ganaderos.
En este primer encuentro, tras la aprobación comunitaria de los tres reglamentos de base que conformarán la PAC de los próximos años, la mayor parte de las CC.AA. mostraron su desacuerdo con la propuesta remitida la pasada semana por el MAPA en aspectos concretos como los criterios respecto a los derechos de los pagos; la regionalización; la convergencia interna de las ayudas; los pagos asociados a la actividad productiva; los eco-esquemas, agricultor activo, los pagos redistributivos, etc.
Entre otros asuntos, el MAPA planteó en el documento inicial de trabajo a las CC.AA. una división en 20 regiones agronómicas (frente a las 50 actuales), lo que a algunas les parece aún muchas y a otras pocas; la definición como «agricultor activo» al que obtenga más del 25 % de sus ingresos del campo (incluyendo las ayudas PAC), añadiendo a los pluriactivos que obtengan 5.000 euros o menos de ayudas; una revisión de los pagos acoplados a la actividad agraria; el pago redistributivo para incrementar la ayuda a las primeras hectáreas de pequeños y medianos productores, etcétera.
Por CC.AA., las posiciones defendidas por las mismas, según la agencia EFEAgro y EFE son:
ANDALUCÍA
Es la Comunidad Autónoma, que más viene cobrando de ayudas PAC y la que más oposición ha venido realizando durante el proceso de negociación tanto antes de que la UE aprobara los reglamento de la PAC, como ahora con la negociación del Plan Estratégico nacional para aplicarla en nuestro país
Las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, no así UPA) expresaron ya de entrada su rechazo a dar un “cheque en blanco” a la propuesta del MAPA, según el documento que este departamento envío la pasada semana a las CC.AA., al considerarla “muy perjudicial” por asuntos como la reducción de regiones productivas (quieren más de 20), su efecto en los eco-esquemas (quieren que el olivar tradicional, la ganadería extensiva y la agricultura ecológica sean eco-esquemas “per se) y la indefinición sobre los fondos de Desarrollo Rural que les va a llegar (es la Comunidad que más ha venido recibiendo en las últimas reformas).
En un comunicado, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía mostró su negativa a la propuesta de acuerdo para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PE-PAC) planteada por el MAPA durante la reunión técnica celebrada este miércoles 7 de julio en Madrid.
El secretario general de Agricultura de la Consejería regional, Vicente Pérez, considera que el planteamiento del Gobierno no despeja dudas sobre aspectos básicos que son necesarios definir antes de alcanzar un gran pacto. “No estamos dispuestos a firmar un cheque en blanco”, recalcó.
Según Pérez, “la futura PAC no puede ser un freno al impulso del sector agroalimentario, en el que Andalucía es una potencia. Después de tres años de negociaciones a nivel europeo, alcanzar el consenso nacional en un margen de dos semanas se antoja complicado, sobre todo, sin arrojar luz sobre cuestiones básicas que marcarán el futuro de los agricultores y ganaderos andaluces a diez años vista.”
En este sentido, el secretario general de Agricultura consideró fundamental contar con estudios de impacto para que los consejeros de las distintas CC.AA. puedan adoptar una decisión con garantías suficientes en la Conferencia Sectorial prevista en principio para la próxima semana.
En general, según este departamento, desde Andalucía se reclama una mayor definición de los planteamientos esbozados y, al mismo tiempo, se recuerda que el acuerdo alcanzado en Luxemburgo permite aplicar el “actual modelo andaluz”, con un incremento de las medidas ambientales, un modelo basado en la regionalización de las ayudas, como el pago básico a la renta y a los ecoesquemas, y en el sistema de derechos.
Estos elementos se consideran esenciales para el reconocimiento de la diversidad de la agricultura andaluza, como han defendido al unísono tanto el conjunto de organizaciones profesionales agrarias, como la Junta, señaló Vicente Pérez.
Andalucía, añadió, “está dispuesta a ceder en algunos aspectos de la negociación, como la reducción en un tope del 50% de las regiones productivas actuales, pero no a un cambio rotundo en el que los agricultores y ganaderos andaluces salgan perjudicados en favor de otras CC.AA.”
“Esperamos que el Gobierno diseñe ecoesquemas flexibles, fáciles de cumplir por nuestros agricultores y con importes diferenciados por regiones productivas”, subrayó Vicente Pérez, que recordó también que “desde Andalucía se considera que el olivar tradicional, la ganadería extensiva y la actividad agraria ecológica deben ser considerados ecoesquemas por sí mismos.
Para terminar, afirmó que “no queremos trasvases de fondos entre agricultores ni entre CC.AA.”.
ARAGÓN
El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, es un claro defensor de que las ayudas se destinen a la renta de los agricultores y ganaderos profesionales, cuya actividad es principal, y al modelo familiar agrario.
Olona, desde una visión casi totalmente opuesta a Andalucía, apuesta por que se eliminen los agravios territoriales e individuales del modelo vigente de ayuda PAC, para lo cual pide suprimir de entrada los actuales derechos históricos de pago, que no tienen nada que ver con la realidad de la agricultura y la ganadería actual y profesional.
«Lo importante no es que se pierdan fondos o no, sino que éstos se redistribuyan mejor entre los verdaderos agricultores y ganaderos, que obtienen la mayoría de sus ingresos de su actividad agraria.
ASTURIAS
Junto a las otras CC.AA. de la Cornisa Cantábrica (País Vasco, Cantabria y Galicia) comparte posiciones a favor de un modelo de ganadería extensiva (vacuno de leche y carne, principalmente), y apuesta por una redistribución de fondos que compense a los pequeños agricultores y a las explotaciones familiares sostenibles, así como por un apoyo al agricultor o ganadero activo (mínimo del 30% de ingresos) o afiliado por cuenta propia a la Seguridad Social.
CANARIAS
Al ser una región ultraperiférica tiene un régimen diferencial del resto del territorio nacional, puesto que el «primer pilar» de pagos procede del programa POSEI, que ha logrado mantener el mismo presupuesto. Además, llegó a un acuerdo “ad hoc” con el MAPA adaptar los eco-esquemas y la definición de «agricultor activo» a sus especificidades.
CANTABRIA
Mantiene la posición común de las CC.AA. de la Cornisa Cantábrica y, además, quiere el mantenimiento de las ayudas asociadas a la ganadería, en vacuno de leche, vaca nodriza, vacuno de cebo y ovino y caprino.
CASTILLA-LA MANCHA
Esta Comunidad defiende Sostiene que la regionalización productiva se haga según “criterios agronómicos” sin usar los valores históricos, tratando por igual a todos los agricultores y ganaderos del país que tengan la misma orientación productiva». Sobre los eco-esquemas, pide que reviertan en beneficio del modelo familiar y profesional.
CASTILLA-LEÓN
La “línea roja” en esta Comunidad es que la PAC no genere desequilibrios territoriales apuesta por la figura del agricultor profesional y el mantenimiento de las ayudas asociadas a los sectores más “frágiles, como los ganaderos de carne y leche en extensivo o la leche (en concreto, pide una ayuda especial para el ovino y caprino, pero también en otros que le son propios como la remolacha azucarera.
Es más crítica en el caso de los ecoesquemas, al considerar que la propuesta del MAPA en este ámbito “está poco desarrollada”, y defiende una alternativa basada en una lista de medidas agroambientales voluntarias y más sencillas, que pueda escoger cualquier agricultor o ganadero.
CATALUÑA
Como es habitual, apuesta por que las políticas relacionadas con la PAC y el plan estratégico sean “territorializados” y no diseñados “desde Madrid” y, en cualquier caso, aspira a mantener los 260 M€ de la PAC de 2020 y dar más incentivos a la producción ecológica.
EXTREMADURA
Al igual que Castilla-La Mancha incide en una regionalización basada en criterios agronómicos, que diferencie “pastos permanentes, tierras arables, cultivos permanentes y cultivos de regadío, así como la potencialidad agraria de cada comarca”, pensando sobre todo en el sector del tabaco.
Además, considera que deberían tenerse en cuenta criterios socioeconómicos -como la importancia de un cultivo en el Desarrollo Rural de la comarca- y un período de transitorio con derechos históricos, en los que se avance en la convergencia, pero sin que ello suponga grandes cambios sobre lo que actualmente se conoce.
Respecto al agricultor activo, opta por elevar al 30 % el mínimo de ingresos agrarios exigidos, pero con exenciones para el que cobre menos de 5.000 euros en ayudas y, por último, confía en percibir los mismos o más apoyos de la PAC desde 2023.
GALICIA
Comparte posición común de la Cornisa Cantábrica, pero lamenta la falta de información previa a esta negociación, por parte del MAPA, y su “incertidumbre”, debido a que “Francia y Alemania ya cuentan con sus planes estratégicos”.
MADRID
Madrid también incide en la carencia de información por parte del MAPA y que no haya “informes de impacto”, pero no entran en detalle de las ayudas ni se posicionan sobre lo que preocupa a los agricultores y ganaderos.
Le preocupa que solo se destine el 48 % de los pagos a la ayuda básica a la renta y que en la redistribución “no se prime a los profesionales, sino que se quiere ir exclusivamente a importes por superficie”. Teme también que la criminalización de la ganadería se traduzca en menos fondos.
REGIÓN DE MURCIA
Rechaza, al contrario que Andalucía, el mantenimiento de los derechos históricos de pago y, al igual que ocurre con las Islas Baleares por su carácter insular, solicita que el “secano de Levante” sea considerado región agronómica para incrementar las ayudas.
Expresa incertidumbre sobre si las ayudas bastarán para los sectores más afectados por la convergencia, como la ganadería, ante una eventual reducción del valor de los derechos y de exclusiones que “contribuirán al abandono” de la actividad.
Sobre los ecoesquemas, considera que la propuesta del MAPA imposibilita la compensación de pérdidas del Sureste español y prácticas como la siembra directa o la cobertura vegetal en cultivos leñosos.
PAÍS VASCO
Euskadi quiere ser considerada como “región propia a efectos de convergencia de derechos, por su singularidad foral, autonomía fiscal y porque la propuesta reglamentaria aprobada lo posibilita, manteniendo el esquema de derechos de pago actual”, según fuentes del Gobierno Vasco. Por lo demás, comparte la posición común de las CC.AA. de la Cornisa Cantábrica
LA RIOJA
Reclama la simplificación del actual sistema que comprende 50 regiones en España, y que en el caso riojano ha generado hasta 14 regiones agronómicas diferentes en un territorio tan pequeño.
Además, celebra los logros para el sector del vino en la nueva PAC y aboga por una política más justa y flexible.
COMUNIDAD VALENCIANA
Esta Comunidad expresa su temor de perder fondos, porque en las propuestas se mantiene el sistema de derechos históricos, que discrimina a sus agricultores, según fuentes autonómicas, y exige que cualquier persona que realice la misma actividad tenga el mismo valor de derechos de pago.
También quiere cambiar la distribución de los fondos de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta la emergencia climática en la que estamos inmersos.
