El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea del miércoles 6 de octubre debatió por vez primera desde su publicación el paquete normativo, conocido como “Fit for 55”, propuesto por la Comisión para que la UE alcance su objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 55% en el año 2030.
Ribera apoya la ambición del paquete normativo “Fit for 55” para rebajar las emisiones de CO2 un 55% en la UE en 2030
Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), apoyó esta ambición, que dijo está basada en la ciencia y es coherente con la apuesta europea de posicionarse como un socio fiable de la escena internacional, insistiendo en que se debe trabajar para que el paquete sea equilibrado y los costes de la transición se repartan de manera justa y equitativa entre los ciudadanos comunitarios y por que sus beneficios lleguen a todos, en especial a los más vulnerables.
Entre los expedientes tratados, Ribera resaltó que las señales de precio del CO2 deben ayudar a una descarbonización ordenada para las instalaciones y empresas que están dentro del sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS).
La volatilidad de precios que estamos viendo en un periodo tan corto de tiempo, añadió la responsable española de Medio Ambiente, no impulsa la puesta en marcha de políticas de eficiencia y reducción de emisiones, y puede provocar “fugas de carbono”, por lo cual sería “necesario atajar los comportamientos especulativos, que han disparado el precio de las unidades de CO2 muy por encima de lo que se estimaba para el año 2030.”
Ribera señaló también la importancia de incluir los “mecanismos de cohesión climática” en el debate de los repartos de esfuerzos adicionales, que se exigen a cada Estado miembro y a los sectores. Los impactos del cambio climático tanto físicos, como económicos van a ser geográficamente dispares, señaló la vicepresidenta del Gobierno, por lo que “hay que evitar se conviertan en un elemento que aumente las divisiones existentes.”
En este contexto, como ejemplo, los impactos del cambio climático en nuestros bosques, añadió, “nos sitúan en una posición de partida desfavorable en cuanto a los objetivos de aumento de los sumideros de carbono, pues las masas forestales de la Península Ibérica tienen especies de crecimiento lento, debido a condiciones climáticas de aridez y escasez de agua.”
Ambición para la COP26
Por otro lado, en la reunión del Consejo de Medio Ambiente, celebrada en Luxemburgo, se adoptaron las conclusiones comunes, con la posición de la Unión Europea para la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), que se celebrará en Glasgow en diciembre.
Al respecto, según el Miterd, España apoyó el criterio europeo favorable a una respuesta ambiciosa a la emergencia climática, en un contexto de crisis sanitaria y ambiental sin precedentes. La vicepresidenta del Gobierno defendió que “la COP26 debe materializar esta ambición en todas sus agendas, la de mitigación, la de financiación y la de adaptación y pérdidas y daños”, añadiendo que “es fundamental que la UE sea una fuerza de progreso, que no cuestione ninguna de las medidas que nos permitan avanzar sobre el Acuerdo de París», especialmente el sistema de transparencia y el ciclo de revisión de la ambición de cinco años.”
Entre esos objetivos, los fundamentales, señaló este departamento, implican garantizar que el incremento de la temperatura media del planeta no supere los 1,5ºC, y asegurar la viabilidad con respecto a los compromisos financieros, no solamente de los 100.000 millones de dólares comprometidos en París y también conseguir que la estructura actual de financiación cambie para responder al reto de la transición económica y social que tenemos por delante.
Para Ribera “los flujos financieros globales deben ser compatibles con la acción climática, pero más importante es permitir el acceso y utilización de estos fondos a los países en desarrollo. Y para avanzar en todos estos puntos en la Cumbre de Glasgow «la unanimidad en el seno del Consejo Europeo de Medio Ambiente es clave”.
Nueva Estrategia Forestal de la UE para 2030
Asimismo, los miembros del Consejo de Ministros de Medio Ambiente dieron luz verde a la comunicación de la nueva Estrategia Forestal de la UE para 2030, como documento-guía para ayudar a los 27 a alcanzar sus metas en mitigación y adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad, impulso a la bioeconomía y apoyo al Desarrollo Rural, así como otros objetivos incluidos en el Pacto Verde de la UE y en la Estrategia Europea sobre Biodiversidad para 2030.
Ribera destacó en este sentido el potencial de los bosques como proveedores de servicios no sólo ambientales y climáticos, sino también por su capacidad para general cadenas de valor ligadas a la gestión forestal, la conservación de especies y, en suma, a la economía circular sostenible.
Son además, añadió, un factor social de primer orden y elemento clave para combatir la despoblación y el abandono del medio rural. La nueva Estrategia Forestal de la UE sólo tendrá éxito -ha recordado- si es capaz de armonizar todos estos elementos teniendo en cuenta al conjunto de actores implicados.
Respuesta UE ante la escalada eléctrica
En esta reunión, uno de los puntos tratados versó sobre la escalada de los precios de la electricidad. Ribera defendió una respuesta conjunta europea ante esta problemática, “que nos permita conciliar la protección de los consumidores domésticos e industriales con el interés legítimo de las empresas energéticas y de los inversores, que son pieza clave en este proceso de descarbonización».
En este sentido, la ministra señaló que espera que la próxima semana la Comisión Europea presente medidas que den respuesta a las circunstancias que estamos viviendo. «No basta con clarificar que se puede hacer uso de la fiscalidad, que se pueden hacer transferencias del presupuesto público al sistema eléctrico o que se puede proteger a los consumidores más vulnerables. Eso es algo que ya hemos aplicado y no es suficiente. Ante situaciones excepcionales, es necesario adoptar medidas excepcionales», insistió la vicepresidenta.
La inclusión de la escalada de los precios energéticos en el orden del día de la reunión del Consejo fue solicitada por España, Polonia y Grecia. En concreto, la ministra presentó un documento de debate con propuestas para que la UE en su conjunto afronte la coyuntura, tal y como ya hizo en el Consejo informal de Energía, celebrado hace unas semanas en Liubliana.
España insistió en la necesidad de «actuar ante una situación de crecimiento muy importante de los precios que no se corresponde con un crecimiento equivalente en los costes de generar electricidad».
Ribera explicó que «los precios de la energía están sufriendo las consecuencias de un rally nunca visto en los precios del gas en los mercados internacionales, que está amplificando sus efectos en los mercados eléctricos».
En este sentido, una de las propuestas que España incluyó en el documento para la discusión es la creación de una plataforma europea centralizada para la compra de gas natural, que facilite la creación de reservas estratégicas que nos permitan mitigar nuestra exposición a las fluctuaciones del mercado.
«Lo hemos hecho con bastante éxito para las vacunas y deberíamos reproducir este modelo a otros campos estratégicos», declaró Ribera a sus homólogos en el Consejo.
Además, España propone a la Comisión Europea el diseño de un conjunto flexible de directrices, con las que ofrecer diferentes opciones políticas a los Estados miembros para amortiguar el efecto de las subidas repentinas de los precios de la energía; reformar el mercado mayorista de la electricidad para que los combustibles fósiles no sean los que marquen el precio y poder trasladar a los consumidores los beneficios de las tecnologías renovables más baratas, así como adoptar medidas para evitar la especulación financiera en el mercado europeo de derechos de emisión.
A este respecto España aportó en la reunión diversas soluciones, tales como restringir la participación de entidades, cuyas emisiones no están reguladas, o limitar el período de validez de los derechos de emisión- para reducir dicha volatilidad y rebajar el precio de la tonelada de dióxido de carbono, de modo que vuelva a ser una herramienta útil, que canalice las inversiones necesarias para culminar el proceso de transición energética.
«Sabemos que la respuesta estructural es, precisamente, reducir la dependencia de los combustibles fósiles, seguir trabajando en eficiencia, renovables, electrificación, pero es cierto también que, ante situaciones excepcionales como ésta es importante adoptar medidas excepcionales», incidió la vicepresidenta.
