La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) anunció este miércoles 1 de diciembre su intención de movilizarse contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) si no se produce un giro radical a la actual planificación hidrológica que amenaza, tal y como está planteada en la actualidad, con dejar sin suficiente agua para regadío en los próximos años.
Los regantes se movilizarán contra el Miterd si no da un giro en sus criterios de planificación hidrológica
Así lo señaló durante su XX Jornada: “El regadío, una respuesta a la agenda de Gobierno”, que fue inaugurada por Teodoro Estrela, Director General del Agua del Miterd, que intentó mostrar un carácter conciliador y colaborador con los regantes, comprometiéndose a garantizar la necesaria y correcta gestión de los caudales, y que fue clausurada por Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En cualquier caso, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo aclaró que los más de 500.000 agricultores, que como regantes también están representados en dicha Federación, tienen total libertad para sumarse, si lo consideran conveniente, a las manifestaciones convocadas por las principales organizaciones agrarias a partir de este mes.
“Por desgracia, añadió Del Campo, “los regantes ven con bastante escepticismo que el Miterd modifique de criterio, tras la ronda de reuniones que están manteniendo con la Dirección General del Agua y después de la carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se le expresó el malestar de este colectivo por haber dado prioridad al que consideró como “extremismo ecologista” en la satisfacción de las necesidades básicas de agua.”
Prueba de ello, según Del Campo, es que los nuevos planes hidrológicos serán aprobados en esta próxima primavera, sin que se tenga en cuenta las alegaciones y la valoración experta del regadío, un sector que está siendo ignorado, a pesar de aglutinar al 70% de los usuarios del agua.
“Nuestras protestas se dirigirán sólo frente al Miterd, porque vemos amenazada la disponibilidad de agua para regar durante los próximos años, lo que sería catastrófico; salvo que se produzca una recapacitación; se cambie de criterio ante la planificación hidrológica y asigne los suficientes fondos para aquellas obras que permitan regular nuestras cuencas”, añadió Del Campo.
Discriminación
En esta Jornada, Fenacore volvió a denunciar también la discriminación que sufre el agua en la agenda política, puesto que esta postura puede suponer un “golpe letal” para el regadío y para toda la industria agroalimentaria, en la antesala de la previsible aprobación de la nueva Ley de la cadena alimentaria.
Así, se lamentó que en las últimas legislaturas las competencias en materia de Agua hayan ido dando tumbos por las diferentes carteras ministeriales (Agricultura, Medio Ambiente y la actual Transición Ecológica), sin que se hayan producido avances reales a la hora de ejecutar las actuaciones que se consideran necesarias para garantizar la producción de alimentos, entre otros objetivos.
La XX Jornada de Fenacore sirvió también como marco para debatir sobre las amenazas que se ciernen sobre el campo español, como la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas en todos estos años, que son las grandes olvidadas en la agenda del Gobierno (sólo ha ejecutado dos de cada diez euros de los fondos previstos en los anteriores planes hidrológicos).
Paradójicamente, esta escasa inversión compromete, además, los objetivos contraídos por el Miterd con las autoridades comunitarias en relación con la lucha contra el cambio climático o frente a la despoblación en la España rural.
Asimismo, se entró en el debate polémico sobre los denominados “caudales ecológicos”, que no vienen, al contrario de lo que se dice en el Miterd, recogidos en la Directiva Marco de Agua y no son obligatorios para la Unión Europea, que hace referencia más bien a la calidad de las masas de agua.
Además, los métodos de valoración ”a la carta” de estos caudales ecológicos dejan mucho que desear desde el punto técnico-científico e ignoran los impactos socio-económicos que tienen sobre los usuarios y demandantes, limitándose a calcular el volumen de agua que se supone deben llevar los cauces de los ríos, más que la calidad de la misma.
En paralelo, Fenacore pidió que se evalúen los costes económicos y sociales de una política agraria que, a juicio de los regantes, puede lastrar la producción agraria, justo un día después de que el Plan Estratégico de la PAC haya salido a consulta pública, lo que no fue óbice para agradecer a Luis Planas el esfuerzo inversor de su Ministerio para continuar avanzando con la modernización de los sistemas de riego.
Durante la jornada también se defendió la posibilidad de convertir los cultivos de regadío en centros de generación de energía renovable para ayudar a aliviar la presión sobre la oferta y los precios.
Inversión pública histórica
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, que clausuró la jornada, resaltó el firme compromiso del Gobierno con el desarrollo del regadío sostenible, que va a contar con la mayor inversión pública de las últimas décadas, lo que permitirá un gran avance no solo en sostenibilidad medioambiental, en la eficiencia de los recursos y en la tecnificación, sino también en el incremento de la productividad y rentabilidad del sector agrario.
Para el ministro, el futuro del regadío será sostenible “sí o sí”, lo que inevitablemente pasa por acometer su modernización, a través de la tecnología, la innovación.
Al respecto, hizo referencia a los fondos del Plan de Recuperación (PRTR), junto al convenio ordinario del MAPA con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), que van a permitir movilizar 1.243 M€ en el periodo 2021-26 para transformar casi 200.000 ha de superficie regada en beneficio de de 20.000 regantes.
Para Planas, el regadío español es un caso de éxito y uno de los más competitivos del mundo, ya que sólo ocupa el 23 % de la superficie de cultivo, pero genera el 65 % de la Producción Final Agrícola (PFA).
No obstante, el ministro señaló que el sector agrario debe afrontar una serie de retos en estos próximos años, como la adaptación a los efectos del cambio climático, con una menor disponibilidad de agua, que va a obligar a un cambio de paradigma en los modelos de gestión y a la adaptación gradual de los regadíos a los recursos disponibles. Todo esto, en línea con los acuerdos internacionales en materia de lucha contra el cambio climático y con las políticas comunitarias enmarcadas en el Pacto Verde Europeo.
Luis Planas señaló que el “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos”, dotado con 563 M€, se lleva el 54 % del total del Componente 3 del Plan de Recuperación (PRTR) que gestiona el MAPA. Y, en este marco, se han seleccionado 93 actuaciones, con un presupuesto total de 810 M€, entre financiación pública (80%) y privada (20% regantes).
El plan, que ya está en marcha, tras la firma del primer convenio entre el MAPA y la SEIASA (en junio, por importe de 260 M€), y tras las primeras firmas de los convenios con las comunidades de regantes (CC.RR), este mes de noviembre.
Asimismo, explicó que en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-27 se contempla la agricultura de regadío de forma específica en las ayudas directas, con el mantenimiento de varias regiones de tierras de cultivo de regadío en el modelo de pagos desacoplados y con ecoesquemas específicos, y en el FEADER (Desarrollo Rural) con la intervención “Inversiones en regadíos con objetivos medioambientales”.
El ministro aseguró que, en todo caso, todas las actuaciones deben ser acordes a los nuevos Planes Hidrológicos, pues es donde se establece el marco normativo para lograr los objetivos medioambientales, el equilibrio entre el desarrollo regional y sectorial y el conocimiento de los recursos disponibles.
En este sentido, Planas recalcó que la interlocución y coordinación entre la política agraria y la hidrológica han permitido incorporar, en la actual propuesta de tercer ciclo de planificación hidrológica, numerosas obras estratégicas en alta, que van a permitir luego culminar las infraestructuras en baja, que son necesarias para la mejora de algunos regadíos y que no se habían incluido inicialmente en el proceso de información pública.
Igualmente, para facilitar el uso de las nuevas tecnologías, señaló Planas, el MAPA está impulsando el uso de las nuevas tecnologías por parte de los regantes, mediante iniciativas como el Sistema de Información Agroclimática para el regadío (SIAR), el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER), donde se va a instalar el futuro “Digital Innovation Hub”; la financiación de Grupos Operativos y proyectos innovadores, con casi 82,5 M€ del Programa Nacional de Desarrollo Rural (2014-2022) y la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural.
Recurso contencioso
Por otro lado, la organización agraria, Unión de Uniones, interpuso este 1 de diciembre un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno por su inactividad al no haber desarrollado el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, tal y como disponía la Ley General de Presupuestos para 2021.
Esta organización agraria lo considera fundamental en el presente escenario de encarecimiento de la energía eléctrica.
La propuesta de enmienda presentada a los Grupos por parte de Unión de Uniones en el debate parlamentario de la Ley de Presupuestos Generales para 2021 fue asumida de forma textual por varios de ellos y finalmente aprobada como Disposición Final cuadragésima quinta.
En la misma se decía que el Gobierno, en el plazo de 6 meses, establecería reglamentariamente una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplase la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses.
Finalizado el plazo de previsto, el pasado 30 de junio, Unión de Uniones requirió mediante escrito dirigido al Ministerio competente, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd), para que diera cumplimiento a dicha disposición, sin haber obtenido respuesta, ni haber trascendido ningún trabajo por parte del Gobierno para avanzar en el desarrollo de un contrato eléctrico, que permita a los agricultores no pagar por una potencia que no necesitan durante las épocas en las que no se riega.
“Cuando las tarifas eléctricas se han multiplicado por 5 en el último año” manifiestan desde Unión, “no podemos resignarnos a que el Gobierno haga caso omiso a lo que dice la Ley y por eso hemos llevado el tema a los tribunales”.
Unión de Uniones ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal supremo un recurso contra el Gobierno, basándose, en que la inactividad al no dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición final cuadragésimo quinta de la Ley, está ocasionando un perjuicio a los agricultores que pueden acogerse a un contrato de acceso eléctrico que les resultaría más económico al reducir el coste durante la época en la que no se riega.
La organización plantea también al Ministerio de Agricultura que adopte otras medidas de carácter fiscal, técnico y financiero para apoyar a agricultores y ganaderos en la actual situación, con una subida acelerada de los costes productivos que las explotaciones no tienen capacidad para repercutir en los precios a los que venden.
