La decisión de la Audiencia Nacional de desestimar el recurso planteado y no adoptar medidas cautelares para suspender la prohibición de la caza del lobo en el Norte del Duero, incluida en la Orden del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) del pasado 21 de septiembre, ha encontrado el rechazo en primer lugar de Cantabria, al que va dirigido el auto judicial, pero también del resto de las CC.AA. “loberas” (Galicia, Asturias y Castilla y León), que concentran el 95% de las manadas de este cánido silvestre en España.
Las cuatro CC.AA. “loberas” irán legalmente hasta el final en su rechazo a la inclusión del lobo en el LESPRE
Así, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, señaló que “irá hasta el final con los medios puestos a disposición por las leyes para que salga adelante esa reclamación de las CC.AA. afectadas por la decisión ministerial.”
Suárez-Quiñones recordó que la solicitud de suspensión de esa norma solicitada por Castilla y León aún no se ha resuelto, aunque es de suponer que seguirá el mismo camino de respuesta que la decisión adoptada ante lo planteado por Cantabria.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, contra el que va directamente el auto de la AN, señaló que recurrirá la decisión de la AN de rechazar la suspensión cautelar solicitada de la Orden del Miterd, que incluye al lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESPRE) y, por tanto, prohíbe su caza.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN emitió el miércoles 15 de diciembre un auto en el que indica que acordar la suspensión de la Orden del Miterd recurrida, mientras resuelve el recurso presentado contra la misma, supondría que el lobo se podría seguir cazando en Cantabria, lo que conllevaría un daño irreversible e irreparable.
En su resolución, la Sección Primera de dicha Sala señala que la mayoría de las cuestiones suscitadas por el Gobierno de Cantabria hace referencia al fondo del asunto, “sobre las que en este momento el tribunal no se puede pronunciar porque sería prejuzgar.”
Entienden que la cuestión de fondo debe ser analizada por la Sala «con plenas garantías de contradicción, prueba y plenitud de conocimiento en el proceso principal» de resolución del recurso contra la orden y «no en este incidente de conocimiento limitado”.
En relación con los posibles daños al ganado por los ataques del lobo si se mantiene la Orden del Miterd, la Sala indica que «serían perjuicios reparables económicamente, es decir, podrían ser objeto de una indemnización a través de los cauces legalmente establecidos al efecto”. Y por ello, entiende que debe prevalecer en este momento procesal el interés general de conservación de la especie sobre esos posibles daños económicos.
Por último, la AN recuerda que, cuando se trata de una modificación normativa tendente a instaurar con carácter general un nuevo régimen jurídico, la jurisprudencia exige para acordar una medida cautelar de suspensión que de forma clara y evidente se produzcan perjuicios irreversibles que no concurren en este caso.
En su recurso, el Gobierno de Cantabria subrayaba que la supervivencia de la especie no se iba a ver amenazada por mantener el «statu quo» previo a la Orden ministerial, pues ésta protege al lobo por valores distintos a los de su estado de conservación, que no se verían afectados por la suspensión.
Además, entendía que la eficacia de la orden implicará un desplazamiento o tácita derogación de los instrumentos normativos y de gestión aprobados por las CC.AA. para la gestión de la especie y, por tanto, alegaba que ello generará inseguridad jurídica para quienes deben aplicar la norma y para los destinatarios últimos, como son los ganaderos, causando una mayor conflictividad.
Miterd y ecologistas, en contra
En cambio, el Miterd se opuso a la suspensión cautelar, alegando que las razones expuestas para solicitar la medida afectan al fondo del asunto y apuntó que su facultad de acordar la protección de una especie no supone una invasión de las competencias cinegéticas de las CC.AA., pues la protección del medio ambiente y biodiversidad es una competencia exclusiva del Estado.
En línea con la posición del Gobierno, la Confederación Ecologistas en Acción-CODA y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) se opusieron igualmente a la suspensión de la orden ministerial.
En una primera reacción, el Gobierno de Cantabria expresó su respeta a la decisión de la AN, pese a no compartir la desestimación de suspender de forma cautelar la Orden de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), como solicitaba, junto a las CC.AA. de Asturias, Galicia y Castilla y León.
No obstante, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno cántabro destacó que el auto de la AN “no entra al fondo de la demanda presentada, porque, como señala la propia instancia judicial, esta petición de cautelares y auto denegatorio no es más que un incidente que no entra a valorar las razones para oponerse a la inclusión del lobo en el Lespre y, por tanto, no prejuzga el sentido de la futura sentencia”.
Judicializar la gestión
La Consejería regional lamentó que las organizaciones ecologistas, que acompañan al Miterd en este viaje ya han anunciado que recurrirán a los tribunales cualquier autorización de control que aprueben las CC.AA., “adelantando por tanto la judicialización de la gestión del lobo en España”.
Para el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, “Las graves consecuencias de esas dinámicas tanto para los ganaderos, como para el lobo, tendrán como responsables a los que las han provocado”, en clara alusión al Miterd y a las organizaciones ecologistas ASCEL y Ecologistas en Acción.
Asimismo, Blanco rechazó de manera rotunda lo que calificó como “chantaje” de la ministra Teresa Ribera, al “vincular la aprobación de la nueva Estrategia Nacional del Lobo a los fondos (20 M€), que el Estado anunció como disponibles para los ganaderos afectados por los daños”.
Es más, el consejero afirmó que la ministra “no acaba de entender que no es una cuestión de dinero, sino de gestión de un conflicto social, en el que su Ministerio ha optado por dos compañeros de viaje que hace tiempo vienen persiguiendo la gestión de las CC.AA. que hemos logrado conservar el lobo y recuperar sus poblaciones, obviando, además, a los que viven en el medio rural, lo cuidan y conviven diariamente con la especie en los territorios afectados.”
