La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, avanzó que las medidas frente a la sequía incluidas en la Orden de la Dirección General de Ayudas Directas y Mercados, que se publica este martes 8 de marzo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) “beneficiarán potencialmente a más de 22.000 agricultores y ganaderos andaluces” al garantizar rentas por valor de 214 M€ de la Política Agraria Común (PAC).
Andalucía adopta las primeras medidas para paliar la sequía en el campo
Esta Orden de la Junta flexibiliza, de forma excepcional, flexibiliza los requisitos para que ingresos de la PAC no peligren en sectores muy perjudicados por la falta de precipitaciones”, según señaló Crespo hoy en su visita a las instalaciones de Cebacor, en Baza (Granada), una empresa ganadera dedicada a la cría de corderos.
Su fundador, Rafael Izquierdo, hizo referencia a las dificultades que está atravesando el sector ganadero andaluz como consecuencia de la falta de lluvias, de la subida de los costes y, ahora, con la invasión rusa de Ucrania, por la dificultad en la compra de piensos que proceden de allí. “Este es un sector que tiene muchos estándares de bienestar animal y no se debe poner en cuestión su trabajo”, señaló.
Las medidas, según la consejera, nacen de la interlocución constante con las organizaciones agrarias y entidades del sector que han trasladado su necesidad y que permitirán cumplir compromisos y obligaciones para que no se vean penalizados.
Así, por ejemplo, la flexibilización de requisitos en el ovino y caprino va a permitir a 8.375 ganaderos ver intactas las cantidades que perciben por las ayudas asociadas, que suman 32 M€”, afirmó Crespo. En concreto, se exime a los ganaderos de alcanzar el umbral mínimo de corderos y cabritos, siempre que cumplan las condiciones de admisibilidad y alcancen el umbral mínimo de al menos 0,6 corderos/cabritos por hembra elegible en alguna de las tres campañas anteriores.
En esta misma orden se incluyen otras medidas de impacto en el sector como eximir de la obligación de sembrar al menos tres tipos diferentes de cultivos a los agricultores que soliciten ayudas en explotaciones de más de 30 hectáreas.
De esta exención a la rotación de cultivos se benefician 8.000 agricultores, que van a poder mantener de 170 M€ del Pago Verde que vienen recibiendo.
En el ámbito de las ayudas agroambientales, se autorizará el enterrado del cultivo de leguminosa como abonado en verde con anterioridad a su estado de floración, iniciativa que tiene, según la consejera, un impacto sobre 6.000 profesionales y que asegura el cobro de 12 millones de euros.
En cualquier caso, no es la única medida de incidencia directa en el sector ganadero, que se adoptan por circunstancias excepcionales. También, y atendiendo siempre a la consideración de fuerza mayor y circunstancia excepcional, se ofrecerá la posibilidad de pastorear en Superficies de Interés Ecológico (SIE) y en zonas de barbecho con cubierta vegetal, conservando el derecho a la ayuda por la superficie o los animales admisibles. Y, en breve, se sacará una línea de ayuda para la construcción de abrevaderos.
Medidas de competencia estatal
La consejera explicó que con este tipo gestos -en relación a la nueva orden- se puede aliviar mucho la situación, Por ello, insistió en recordar las medidas que son competencia del Gobierno de España.
El pasado viernes 4 de marzo, en la Mesa Nacional de la Sequía, Andalucía solicitó la adopción de medidas, al entender que su situación es excepcional y de mayor gravedad a otras CC.AA.
Entre las peticines se incluían la exención del pago del IBI rústico a las fincas afectadas por la sequía y la compensación a los Ayuntamientos; más fondos del “Next Generation” tanto para mejorar el regadío, como para la ejecución de infraestructuras declaradas de interés general del Estado; ayudas similares a las del COVID; la doble tarifa eléctrica para regadíos; la reducción módulos del IRPF al 50%; el adelanto de la PAC del 50 al 70%; o la puesta en marcha de las obras de emergencia para paliar la sequía en las cuencas competencia del Estado y auxilio económico para las obras en cuencas competencias de la Comunidad Autónoma.
