La organización agraria, Unión de Uniones, se muestra muy crítica respecto a la actualización de la zonificación ambiental para proyectos de energías renovables, como los eólicos, solares o fotovoltaicos, que acaba de publicar el Ministerio de Transición Ecológica (Miterd), porque se sigue sin tener en cuenta la variable agraria para identificar la idoneidad de los mismos.
Al igual que otras organizaciones agrarias, Unión de Uniones viene denunciando la presión que se está produciendo sobre la superficie agraria de un tiempo a esta parte con los proyectos de energías renovables instalados en todo el territorio y critica que no se incorpore la “mirada” agraria en esta nueva actualización y, en cambio solo se considere la ambiental.
Al igual que otras organizaciones agrarias, Unión de Uniones viene denunciando la presión que se está produciendo sobre la superficie agraria de un tiempo a esta parte con los proyectos de energías renovables instalados en todo el territorio y critica que no se incorpore la “mirada” agraria en esta nueva actualización y, en cambio solo se considere la ambiental.
Esta organización comparte la necesidad de aumentar la producción de energía renovable en nuestro país, pero no a costa de la actividad de los agricultores y ganaderos. Por ello, defiende un crecimiento atenuado y racional de la producción energética de fuentes alternativas, con visión de conjunto, salvaguardando las zonas de alto valor natural y de interés agrario, así como priorizando la instalación de los parques de energía en zonas improductivas, menos productivas o, cuando sea posible, urbanas.
Según estimaciones de Unión de Uniones, a las 4.500 hectáreas actuales dedicadas a la producción de energía renovables a nivel estatal será necesario sumar unas 15.000 ha de superficie adicionales para lograr alcanzar los objetivos energéticos marcados en 2030 (más otras 28.360 ha adicionales para 2050), por lo que considera preciso “analizar y evaluar con detenimiento su localización para evitar efectos perversos secundarios en la actividad agraria.”
Hace un año, apunta esta OPA, el Miterd presentaba sus propuestas para mejorar la convivencia de los proyectos de energías renovables y la producción de alimentos, entre los que destacaba la elaboración de mapas de zonificación del territorio, en función de su interés agrario, la realización de un Inventario Nacional de Suelos de Alto Valor Agrológico y Suelos de Interés Agrario o la limitación a 38 ha de suelo no agrario por municipio en la implantación de plantas fotovoltaicas.
“Todos necesitamos la energía, de eso no hay duda, y cuanto más limpia, mejor”, afirman desde Unión de Uniones, pero también necesitamos la alimentación y los cultivos no pueden crecer en cualquier parte”, añade esta organización.
Al respecto, “entiende que el Ministerio tenga en consideración los nuevos espacios protegidos o la aprobación de otros instrumentos de protección de la biodiversidad, pero insiste en que a esto debería sumar también la variable agraria para evitar que por resolver un problema no esté causando otro mayor. Además, critica que el Ministerio de Agricultura (MAPA) no haya ejercido presión para defender la incorporación de este criterio agrario.
Energías limpias
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) publicó el lunes 9 de mayo la nueva actualización de la “Zonificación ambiental para energías renovables: Eólica y Fotovoltaica”, una herramienta clave para orientar la implantación de proyectos de energías limpias hacia zonas con menor impacto sobre el medio ambiente.
Los mapas de zonificación, publicados inicialmente en diciembre de 2020, permiten identificar las áreas que presentan mejores condiciones para la implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos a fin de orientar a los promotores en la elección de la ubicación de estas instalaciones.
Sin embargo, esta herramienta requiere una revisión periódica, ya que la información ambiental utilizada está sujeta actualizaciones, como por ejemplo la declaración de nuevas zonas protegidas o la aprobación de otros instrumentos de protección de la biodiversidad.
Como principal novedad, se revisa ahora el indicador relativo a planes de recuperación y conservación de especies amenazadas, que se ponen al día con los elementos proporcionados por el Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio como nuevos espacios Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Reservas de la Biosfera, humedales incluidos en la Lista RAMSAR y parte terrestre de las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo.
Además, se actualiza el indicador vinculado a los Planes de Gestión aprobados en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) que han sido declarado Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en varias Comunidades Autónomas.
Por otro lado, con motivo de esta actualización se pone también a disposición del público, en el GeoPortal del Ministerio, y en formato descargable en la sección de Evaluación Ambiental de la web, los mapas de sensibilidad ambiental actualizados y clasificados en 5 categorías de sensibilidad: baja, moderada, alta, muy alta y máxima-no recomendado.
Facilitar el uso
Además, la actualización permite a los usuarios descargar los mapas de sensibilidad, para un mejor aprovechamiento por parte de los usuarios. De este modo se facilitará su utilización y hará que la herramienta pueda cumplir de modo más eficaz la función que se persigue con la misma.
Adicionalmente,el MIERD selala que «hay que tener en cuenta que, con motivo de la aprobación de las medidas de agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables contempladas en el Capítulo III del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, estos mapas de sensibilidad resultan relevantes para facilitar el análisis del criterio de ubicación que el Real Decreto-Ley recoge en su artículo 6.»
Dicho artículo, según este departamento, permite aplicar un procedimiento ágil de determinación de las afecciones ambientales para determinados proyectos en función de sus características, y siempre que, no ubicándose en medio marino ni en superficies integrantes de la Red Natura 2000, a la fecha de la presentación de la solicitud de autorización por el promotor estén ubicados íntegramente en zonas de sensibilidad baja y moderada según la zonificación .
Más información sobre la Zonificación Ambiental a través de este enlace.
Tierras comunales
En este mismo ámbito, la organización agraria ASAJA de Castilla y León (ASAJA-CyL) demandó a las Administraciones y, en especial, a los Ayuntamientos que “sean prudentes y no den pasos en falso antes de dejarse embaucar por proyectos de macro-parques solares, que acarrean la expulsión de agricultores y ganaderos de tierras comunales, tradicionalmente dedicadas a esta actividad.
Según esta OPA, “el sector se siente “acorralado” ante la incomprensión de las Administraciones, que nos está echando a los pies de los caballos, entre la voracidad de las empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los Ayuntamientos, aunque sea a costa de eliminar a los agricultores de la zona.”
Ante esta situación, señala ASAJA, cada vez son más los agricultores y ganaderos que recurren a la vía legal como única forma de ver defendidos sus legítimos intereses. El último caso ha sido el de la Junta Agropecuaria Local de Paredes de Nava, cuya reclamación recibió el respaldo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que rechazó que el Ayuntamiento palentino expulse a 70 agricultores que trabajaban desde tiempo inmemorial unas fincas comunales.
El propósito de este Ayuntamiento es acotar cerca de 500 hectáreas, casi la mitad de una superficie comunal, lo que como remarca la sentencia “causa perjuicio a la explotación agraria que se viene realizando desde tiempo inmemorial”.
En la resolución del TSJ se argumenta que “es al legislador al que corresponde definir el modelo territorial y buscar la armonización entre los intereses de los que explotan agrícolamente las tierras y viven de ello, y los proyectos de energías renovables, sin que los derechos de aquéllos resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de éstos.”
Esta organización agraria confía en que esta sentencia sea acatada y sirva de modelo para otros casos muy similares, que se están fraguando en el territorio de Castilla y León, “y haga recapacitar a los Ayuntamientos antes de emprender este tipo de proyectos, considerando primero los usos agrarios y ganaderos tradicionales de cada zona afectada.
En este sentido, esta organización agraria recuerda el momento crítico que estamos viviendo en Europa y en el resto del mundo, que ha llevado a paralizar el mayor parque solar en proyecto en Suecia, para que las tierras sigan siendo cultivadas, “algo que debería ser tenido en cuenta por las Administraciones regional y nacional, con el fin de que prevalezcan la producción de alimentos en los usos del suelo”.
Para ASAJA, “el propósito loable de que nuestro país sea una potencia en energías renovables, no exime a las Administraciones de su responsabilidad a la hora de coordinarse para que se escojan cuidadosamente los terrenos donde se instalen los parques.»
En este sentido, la organización agraria valora muy positivamente la actuación de oficio desarrollada por el Procurador del Común, para conocer el impacto de la proliferación de los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas sobre el uso agrícola característico de las tierras de cultivo o destinadas al aprovechamiento ganadero, así como que las Administraciones, comenzando por las locales, siguiendo por las Diputaciones provinciales y, por supuesto, la autonómica y nacional, se impliquen en ello para proteger el aprovechamiento agropecuario tradicional.
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