El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se reunió este lunes 27 de marzo con representantes de las CC.AA, así como de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, y de Cooperativas Agro-alimentarias a los que informó de los últimos ajustes introducidos por el Ministerio , tras los encuentros bilaterales con la Comisión Europea, en el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PE-PAC) 2023-2027, en respuesta a las observaciones remitidas por la CE el pasado 30 de marzo.
Según Miranda, el MAPA tiene intención de que el PEPAC español esté finalizado y enviado a la Comisión Europea a partir de la segunda quincena de julio, a fin de que pueda ser revisado y aprobado de manera definitiva en septiembre, de acuerdo a los plazos previstos por el Gobierno español.
El secretario general del MAPA destacó, entre las modificaciones introducidas que, dado que la Comisión Europea no ha considerado incluir al girasol y a la colza en el Plan Proteico, la propuesta española será destinar los 45 M€ previstos para estos cultivos a incrementar la ayuda básica a la renta de las regiones donde se producen. En otros términos, tanto como el girasol, como la colza no recibirán ayuda asociada por este motivo.
Por otro lado, Miranda apuntó que la ayuda asociada al olivar con dificultades específicas contará con un presupuesto de 27.594.584 euros, para una superficie potencial de unas 856.412 hectáreas.
En esta ayuda se aplicará un criterio de progresividad, de tal forma que las primeras 10 ha cobrarán 42 euros, mientras que para el resto la cantidad de ayuda se reduce a la mitad.
Con este reparto podrá incrementarse la densidad de árboles por hectárea, que era una de las peticiones realizadas por las organizaciones agrarias, pasando de 80 a 100 olivos/hectárea.
No obstante, desde las organizaciones agrarias se sigue considerando que el presupuesto asignado a esta nueva ayuda asociada es bastante insuficiente.
Comunidad de bienes
Por otro lado, el secretario general del MAPA detalló la propuesta española para verificar si las comunidades de bienes y otras entidades en régimen de atribución de rentas pueden ser consideradas como agricultor activo.
Para que así sea, si un comunero está dado de alta en la Seguridad Social Agraria o cumple el criterio de que el 25 % de sus ingresos individuales procedan de la agricultura, toda la comunidad de bienes será considerada como “agricultor activo”, recalcó Miranda, despejando el temor que se había instalado entre las organizaciones agrarias, sobre todo de Andalucía, donde esta figura está muy extendida entre las explotaciones familiares.
Por último, Miranda detalló el estado de tramitación de los diferentes reales decretos necesarios para la puesta en marcha en 2023 de la PAC (sistemas de gestión, reglamentos horizontales…), así como de la normativa relacionada con las diferentes áreas del MAPA (aplicación del Sistema de Información de Explotaciones SIEX, real decreto de bienestar animal o intervenciones en el sector apícola y en el de frutas y hortalizas, entre otros).
Este contenido es únicamente para usuarios registrados.
