La PAC, el mayor componente individual del gasto con cargo al presupuesto de la UE, comprende algunos regímenes de gasto que están particularmente expuestos al riesgo de fraude, según indica un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo, que ofrece una visión general de los riesgos de fraude que afectan a la PAC y evalúa la respuesta de la Comisión Europea.
Los auditores concluyen que la Comisión ha respondido a casos de fraude en el gasto de la PAC, pero que debería ser más proactiva a la hora de abordar determinados riesgos de fraude, como el «acaparamiento ilegal de tierras».
Los defraudadores pueden aprovechar las insuficiencias en los controles de los Estados miembros, por lo que los auditores también recomiendan que la Comisión supervise mejor las medidas nacionales de lucha contra el fraude, proporcione orientaciones más concretas y promueva el uso de nuevas tecnologías para prevenir y detectar el fraude.
Los auditores examinaron las pautas de fraude en los regímenes de pago de la PAC y realizaron un análisis de las medidas financiadas por la PAC en régimen de gestión compartida (pagos directos, medidas de mercado y desarrollo rural), así como un examen de los datos de los períodos de programación 2007‑2013 y 2014‑2020.
Los principales riesgos identificados por los auditores están relacionados con la ocultación por los beneficiarios del incumplimiento de las condiciones de subvencionabilidad, con la complejidad de las medidas financiadas y con las formas ilegales de «acaparamiento de tierras».
«El fraude perjudica los intereses financieros de la UE e impide que sus recursos alcancen los objetivos políticos», manifestó Nikolaos Milionis, miembro del Tribunal que dirigió la auditoría. «Creemos que la UE debería hacer más para abordar el riesgo de fraude en el gasto agrícola. Esperamos que nuestro informe ayude a la Comisión y a los Estados miembros a desarrollar su capacidad de lucha contra el fraude en el marco de la nueva política agrícola común 2023‑2027.»
Los ámbitos de gasto sometidos a normas más complejas presentan un mayor riesgo —por ejemplo, las medidas de inversión en desarrollo rural— y algunos regímenes de pago de la PAC destinados a apoyar categorías específicas de beneficiarios han demostrado estar expuestas a fraude, ya que algunos solicitantes no revelan información pertinente o crean artificialmente las condiciones para cumplir los criterios de admisibilidad y beneficiarse indebidamente de las ayudas de la PAC.
Este puede ser el caso, por ejemplo, de las ayudas a las «pymes» agrícolas que no revelan sus vínculos con otras empresas, o de beneficiarios que solicitan pagos como «jóvenes agricultores» sin cumplir las condiciones.
El «acaparamiento de tierras» puede implicar prácticas fraudulentas, como la falsificación de documentos, la coacción, el uso de influencias políticas o de información privilegiada, la manipulación de procedimientos o el pago de sobornos.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y las autoridades nacionales han puesto de manifiesto que las superficies agrícolas más expuestas a este tipo de actividad fraudulenta son tierras de titularidad pública o tierras privadas con una propiedad poco clara.
Los defraudadores también pueden intentar adquirir tierras, legalmente o no, con el único fin de recibir pagos directos, sin llevar a cabo ninguna actividad agraria. El riesgo es mayor en determinadas zonas de pastos y montañosas, donde es más difícil para los organismos pagadores comprobar que la actividad agraria requerida, como el pastoreo, realmente se lleva a cabo.
Dado que la actualización más reciente del análisis del riesgo de fraude de la PAC por parte de la Comisión data de 2016, una de las recomendaciones formuladas por los auditores es que la Comisión actualice su evaluación de la exposición al riesgo de fraude de los diferentes regímenes de gasto y del grado en que las medidas de lucha contra el fraude de los Estados miembros son capaces de detectar, prevenir y corregir el fraude.
Los auditores también recomiendan que la Comisión adopte las medidas necesarias para mitigar los principales riesgos de fraude y promover las oportunidades que ofrece la tecnología (por ejemplo, la extracción de datos, el aprendizaje automático, las imágenes por satélite y la fotointerpretación) en la lucha contra el fraude, animando a los Estados miembros a avanzar en esta dirección.
El Informe Especial 14/2022, «Respuesta de la Comisión al fraude en la política agrícola común: Ha llegado el momento de profundizar», está disponible en el sitio web del Tribunal.
Este contenido es únicamente para usuarios registrados.
