Algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, Navarra y Murcia han pedido al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, que apruebe cuanto antes un real decreto de la sequía, que posibilite y dé cobertura legal a las posibles medidas de apoyo al sector agrario que se puedan habilitar.
La preocupación por la sequía, como no podía ser menos, centró buena parte de la reunión del Consejo Consultivo con las CC.AA., celebrado en la tarde del 17 de abril para tratar los temas que se abordarán en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura del próximo 25 de abril.
La preocupación por la sequía, como no podía ser menos, centró buena parte de la reunión del Consejo Consultivo con las CC.AA., celebrado en la tarde del 17 de abril para tratar los temas que se abordarán en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura del próximo 25 de abril.
El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, pidió, además, al ministro Luis Planas que lleve a la reunión del Consejo la demanda para que puedan destinarse fondos comunitarios de Desarrollo Rural del periodo aún vigente 2014-2020 para financiar pagos directos a los agricultores y ganaderos afectados ya por esta adversidad meteorológica.
Martínez Arroyo señaló que se ha trasladado la petición de que se puedan utilizar los fondos de Desarrollo Rural del programa que está finalizando (PDR 2014-20) y del que está empezando (2023-27) para dar una ayuda directa a los agricultores y ganaderos más afectados.
«Sería bueno para Castilla-La Mancha y para el resto del país, añadió Martínez Arroyo, porque todos somos conscientes de la dificultad que atraviesa la agricultura por la sequía y, desde luego, de la incidencia cada vez mayor de los efectos del cambio climático.»
Esta posibilidad se analizó en la reunión del Consultivo y Planas se comprometió a plantearlo ya en la reunión del Consejo de Ministros de la próxima semana en Bruselas.
Por su parte, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, de una de las CC.AA. más afectadas por la sequía y la falta de agua embalsada, Andalucía, demandó al Gobierno que apruebe un nuevo decreto de sequía para las cuencas hidrográficas de ámbito estatal para hacer frente al momento tan difícil que se vive en el campo por la falta de agua, que afecta a todos los cultivos y especialmente a la ganadería.
Crespo señaló que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, analizará con un Comité de Expertos un nuevo decreto de sequía en la región, el tercero, que incluye actuaciones en obras hidráulicas de las cuencas intra-autonómicas y “necesitamos que hagan lo mismo en las cuencas estatales.”
Al respecto, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) pidió en la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), celebrada este 17 de abril, un plan la disponibilidad de pozos de emergencia para poder salvar los cultivos de arboleda.
Los regantes reclaman un plan de medidas de apoyo que contribuya a reducir el «fuerte impacto» de la sequía en los agricultores andaluces y de la situación hidrológica en la Comunidad, «de especial gravedad en la cuenca del Guadalquivir.”
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) acordó adelantar el desembalse de 385 Hm³ para 345.000 hectáreas de regadío durante la presente campaña dentro del Sistema General de Regulación, de los que 700 metros cúbicos por hectárea irán destinados a los cultivos que necesitan más agua.
Así lo anunció el presidente de la CHG, Joaquín Páez, tras la segunda reunión del año del Pleno de la Comisión de Desembalse, cuyo acuerdo supone un descenso del 38% respecto al volumen del año pasado, cuando se situaron en 600 hm3, aunque se ha decidido también adelantar la campaña de regadío «tras escuchar al sector».
La bajada es más acusada en los cultivos de máximos, que reciben 700 m3/ha, frente a los 1.750 m3 de 2022 y el máximo de 6.000 m3 que se podría alcanzar, lo que supone un recorte del 88%.
Páez señaló que la situación hídrica es «muy mala», pero agradeció a todos los usuarios y a todos los representantes presentes en la reunión que mostraron su compromiso con la cuenca».
Recordó que el nivel de precipitaciones se sitúa actualmente en un 35 % menos que la media, por lo que se produce un déficit del 70 % en el actual año hidrológico, que ha llevado a la Confederación a tomar otra decisión, como es la establecer el final de la campaña de regadío oficialmente, un mes antes, en el 30 de septiembre
Las actuaciones extraordinarias solo se van a poder dirigir a olivar, que recibirá 400 m³ por hectárea, y arboleda, mientras que otros como el arroz «no van a tener posibilidad de siembra, porque su cultivo requiere un manejo de los desembalses que no nos podemos comprometer a respetar porque es muy complejo».
«Ahora mismo las condiciones para que el arroz se cultive no son las idóneas», señaló Páez, aunque que cambiaran las circunstancias antes del 15 de mayo, cuando comienza la siembra, se replantearía la situación.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha indicado que el 80 % de la cuenca se encuentra en situación de emergencia y definió el escenario actual como «delicado, complejo y difícil de gestionar».
Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, pidió también al ministro que la Mesa Nacional de la Sequía de este miércoles tenga también en cuenta la falta de agua que sufre la Cornisa Cantábrica, porque esta zona de la Península tampoco está contando con los forrajes necesarios para dar de comer al ganado por la menor pluviometría registrada.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, destacó en la reunión del Consejo Consultivo para Políticas Agrícola y Pesquera, de cara a la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE el próximo 25 de abril, la apuesta por la innovación y la tecnología para asegurar la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea.
Planas explicó las prioridades y la planificación de la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre del año, a los consejeros autonómicos de Agricultura y Pesca,
El ministro explicó que durante el turno en el que ostentará la presidencia de la Unión Europea, España se propone avanzar en el debate y la toma de iniciativas para que la agricultura y la pesca comunitarias se encuentren en las mejores condiciones posibles para abordar sus retos de futuro, y progresar en la autonomía estratégica abierta.
Además, esta presidencia se producirá antes de la celebración de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, previstas en la primavera de 2024 y que supondrán la renovación del Colegio de Comisarios, con lo que se requerirá un esfuerzo añadido para cerrar aquellos expedientes, en los que se han avanzado en presidencias anteriores.
Entre julio y diciembre se celebrarán 7 Consejos de Ministros de Agricultura y Pesca, dos de ellos de carácter informal, que tendrán lugar en Vigo, en julio (temas pesqueros) y en Córdoba, en septiembre (temas agrarios), y que versarán sobre dos de los asuntos marcados con prioridad en la agenda del Gobierno español.
El Consejo de Córdoba se centrará en las nuevas tecnologías como herramienta para una agricultura más resiliente frente al cambio climático, asunto que, según el ministro, es fundamental para que el sector agrario español y europeo sea cada vez más competitivo y no pierda su posición a escala mundial.
Por su parte, el Consejo de Vigo tendrá como asunto central la descarbonización del sector pesquero y las inversiones en sostenibilidad. Al respecto, el ministro reiteró la importancia de las inversiones en sostenibilidad, innovación y digitalización para propiciar la viabilidad económica de la flota pesquera.
Además, se ha programado un calendario con más de una veintena de reuniones y eventos, que comenzarán en junio con la celebración del Congreso Mundial de la Viña y el Vino en Jerez y en Cádiz.
También hay previstas reuniones informales de cargos de diverso rango de representatividad, como directores generales, responsables de Sanidad y Bienestar Animal y de Sanidad Vegetal. Habrá también conferencias de alto nivel sobre zonas rurales, de organismos pagadores y de directores de planes estratégicos nacionales de la Política Agraria Común (PAC).
Según indicó el ministro, las expectativas apuntan a que durante la presidencia española del Consejo pueda cerrarse un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento europeos sobre la modificación del reglamento de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). España lidera el Grupo de Amigos de las IGP, del que forman parte 15 Estados miembros.
Uno de los principales objetivos de la presidencia española será dar un impulso al debate sobre las nuevas técnicas genómicas en la producción vegetal, uno de los temas a abordar en el Consejo de Ministros de Córdoba, ya que, según el ministro, es un asunto que puede tener un importante peso en el objetivo de conseguir una agricultura resistente al cambio climático, que utilice menos recursos naturales como el agua, y menos productos fitosanitarios.
Igualmente, durante el último semestre del año se espera que la Comisión Europea presente la propuesta de revisión de la normativa sobre bienestar animal y sobre material reproductivo vegetal y forestal. El avance en la elaboración del reglamento sobre uso sostenible de los fitosanitarios está pendiente de la realización del estudio de impacto ambiental.
Otro asunto de gran trascendencia por su incidencia sobre los consumidores será la revisión del reglamento de información alimentaria facilitada al consumidor, que abarca desde la homogeneización de la normativa existente sobre la indicación del origen de los productos, el etiquetado nutricional, o la información que debe suministrarse en las etiquetas de las bebidas alcohólicas.
La Comisión Europea también debe presentar en el segundo semestre una propuesta legislativa sobre la iniciativa marco de sistemas alimentarios saludables.
En materia de pesca, el Gobierno se plantea la presidencia de la UE con tres prioridades principales: la descarbonización de la flota, el reconocimiento del papel estratégico de la pesca y la acuicultura en la seguridad alimentaria y la mejora del procedimiento de toma de decisiones sobre Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas.
La descarbonización de la flota, que será tema central del Consejo de Ministros de Vigo, supone un proceso de transición que, según Planas, debe estar acompañado de una revisión del concepto de capacidad pesquera y de la dotación de un marco financiero adecuado, que permita, entre otros objetivos, una renovación de la flota que la haga más segura y con mejores condiciones de confortabilidad.
Según el MAPA, la pesca contribuye a la seguridad alimentaria, como un producto fundamental en la dieta que aporta proteína de alta calidad. Por ello, la Política Pesquera Común (PPC) debe garantizar que el sector pesquero comunitario, que es puntero en sostenibilidad, pueda aportar los productos que demandan los ciudadanos. Este será el tema central de una reunión de directores generales de Pesca que se celebrará en septiembre en Málaga.
En cuanto a la gestión pesquera, el Gobierno español considera imprescindible introducir cambios que hagan más comprensible y transparente la toma de decisiones sobre de TAC y cuotas y promover un mayor peso de la dimensión socio económica en éstas.
Además, quiere impulsar que en lugar de revisiones anuales, a partir de 2024 se adopten cuotas plurianuales en aquellas especies, cuya situación lo permita para propiciar una mejor planificación empresarial y dar estabilidad a la flota.
En el Consejo Consultivo, el ministro explicó también a los consejeros autonómicos de Agricultura el apoyo de España al documento de conclusiones sobre las oportunidades de la bioeconomía, que se aprobará en el próximo Conejo de Ministros de la Unión Europea (UE), el próximo día 25 de abril.
Estas conclusiones recogen, entre otros aspectos, cuestiones planteadas por el Gobierno español como la necesidad de promover soluciones innovadoras en la producción de fertilizantes orgánicos, facilitar la reutilización de residuos de las explotaciones agrarias y de la industria agroalimentaria y el uso de fuentes de aguas no convencionales en los regadíos.
El ministro resaltó la apuesta de España por la bioeconomía circular, como vía estratégica para conseguir una producción más eficiente y sostenible y garantizar la seguridad alimentaria.
En el Consejo de la próxima semana está previsto que los ministros intercambien impresiones sobre la situación actual de la aplicación de los planes estratégicos de la PAC.
Luis Planas destacó que la reforma que empieza a aplicarse este año supone un cambio muy ambicioso, puesto que por primera vez un porcentaje muy importante de las ayudas depende de decisiones voluntarias de los agricultores e implican una modificación de sus prácticas, por lo que considera que la Comisión debe ser flexible y ágil en las consultas y ajustes necesarios para conseguir la adhesión del mayor número de explotaciones agrarias a los ecorregímenes.
En la reunión del Consejo Consultivo para Políticas Agrarias también se abordó el futuro reglamento de certificación de absorciones de carbono, sobre el cual el ministro señaló que la línea base para la contabilización de las capturas debería establecerse de forma estandarizada y dar cabida a la diversidad de sistemas agrícolas.
Al respecto, valoró de gran interés que las capturas de carbono puedan ser contabilizadas y remuneradas, aunque ha reconocido que el proceso será largo.