La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) ha denunciado hoy el «mercadeo» con un bien público tan necesario y ha reclamado que el nuevo decreto de sequía anunciado por la Junta autonómica incluya la creación de los centros de intercambio de derechos.
La plataforma, compuesta por UGT Andalucía, CCOO-A, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA, ha transmitido en rueda de prensa su «preocupación» por la cesión de derechos de riego que iban destinados al arroz y que van a ser gestionados por la empresa Feragua.
La plataforma, compuesta por UGT Andalucía, CCOO-A, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA, ha transmitido en rueda de prensa su «preocupación» por la cesión de derechos de riego que iban destinados al arroz y que van a ser gestionados por la empresa Feragua.
Ha repasado que en la comisión de desembalse del Guadalquivir, celebrada el pasado 7 de abril, se consideró que no era posible desembalsar un volumen de agua suficiente y constante para garantizar el riego del arroz y, con vistas a la posible cesión de derechos, se propuso para todas las hectáreas de arroz una dotación de 1.283 m3/ha.
En la implementación de este proceso de cesión, una entidad privada, explican, pretende asumir una función de intermediación, «ofertando los derechos que se ceden a sus asociados a través de una circular, con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes.»
La Mesa Social del Agua argumenta que, aunque la Ley de Aguas prevé y regula la posibilidad excepcional de la cesión de derechos al uso del agua entre concesionarios, en una situación «tan grave» de sequía como la actual, no se puede mercadear con un bien público como es el agua. Por ello opina que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) «debe frenar la operación en marcha y asumir la intermediación en la cesión de derechos, atendiendo en su reparto y asignación a criterios sociales y ambientales y no solo económicos.»
Dada la «urgencia» de actuar contra esta situación, piden que se regule la creación de los centros de intercambio de derechos que ya están previstos en la Ley de Aguas, de forma que estén gestionados por una entidad pública. Estos centros deberían establecer «criterios de distribución del recurso que contemplen un reparto social del agua destinado al regadío, garantizando la supervivencia de las pequeñas explotaciones y el mantenimiento del empleo que estas generan, además de respetar el régimen de caudales ecológicos.»
Por su parte, la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Comunidades de Regantes (Acatcor) ha pedido al Govern que constituya la Mesa de Agua para definir los criterios de distribución de agua, especialmente en este episodio de sequía, y evitar así que determinadas actividades productivas queden por detrás «del relleno de piscinas» de verano.
Los regantes han emitido un comunicado en el que recuerdan que sus comunidades administran, con sus concesiones, «unos significativos volúmenes de agua para proveer los cultivos y producir, a través de sus participantes, buena parte de los alimentos necesarios para la población.»
Las comunidades de regantes, agregan, suministran también a los ganaderos, industriales y al abastecimiento urbano. «Ahora bien -objetan-, la producción agraria en Cataluña solo llega al cuarenta por ciento de nuestras necesidades alimentarias, y este es un porcentaje muy bajo en relación con los países de nuestro entorno».
«Las últimas medidas que el Govern ha tomado para hacer frente a la sequía que sufrimos en Cataluña desde hace cerca de tres años, penalizan gravemente al sector agrario, y especialmente al regadío y, por contra, se muestran menos restrictivas para los sectores industriales e incluso de recreo, como la posibilidad de llenar las piscinas comunitarias de verano», continúa la nota.
El regadío, inciden los regantes, «es sinónimo de producción de alimentos. Y si no podemos producir porque no podemos regar -añaden- nuestro grado de autoaprovisionamiento alimentario decaerá por debajo del actual 40 por ciento y eso comportará más importaciones, con las consecuentes afectaciones en el cambio climático«.
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