El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario el 11 de mayo el Real Decreto-ley 4/2023, (BOE, de 12 de mayo) que incluye un paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente tanto a la prolongada situación de sequía, como al agravamiento de las condiciones del sector primario debido a la guerra en Ucrania.
Entre el elenco de estas medidas se incluyen ayudas directas “de minimis” de Estado para los sectores agrícola y ganadero de más de 636 millones de euros, así como la subvención de hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos que se han visto más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas.
Entre el elenco de estas medidas se incluyen ayudas directas “de minimis” de Estado para los sectores agrícola y ganadero de más de 636 millones de euros, así como la subvención de hasta un 70 % del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos que se han visto más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas.
El Gobierno calcula que un impacto económico de todas las medidas adoptadas en esta reunión extraordinaria del Consejo de Ministros superior a los 784 millones de euros.
Además de ayudas directas, el real decreto-ley aprobado contiene otras medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), en las que están implicados los Ministerios de Agricultura; Hacienda; Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Solo las medidas en materia agraria y de aguas están valoradas por parte del Gobierno en un total de 2.190 millones de euros.
El Gobierno señala que, desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, las precipitaciones en España han sido 27,5 % inferiores al promedio de la última década.
A su vez, la reserva hidráulica peninsular se situaba esta semana en un 48,9 %, algo inferior a la del año anterior (50,6 %), cuando el Gobierno ya aprobó un decreto de sequía con algunas de medidas que se fueron ampliando a lo largo del pasado año para hacer frente a la crítica situación del sector, afectado también por las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
En el actual escenario, tras la invasión de Ucrania desde febrero de 2022, el sector agrario estaba sometido a una situación compleja que, unida a las circunstancias climáticas, hacen que necesario adoptar medidas urgentes y extraordinarias, que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país
Más, en concreto, el Gobierno destinará unos 355 millones de euros a los productores de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino para compensarles por el incremento de los costes de producción, como los piensos y otros insumos.
El Gobierno reconoce que “la escasez de precipitaciones ha mermado la existencia de pastos y ha obligado a buscar alternativas para la alimentación de los animales que resultan más caras a unas explotaciones que ya habían sufrido las consecuencias de la guerra en Ucrania.”
Así, el decreto establece unas cuantías unitarias de ayuda de 100 euros por vaca y 15 por oveja y cabra de carne; y de 40 euros por vaca y 10 euros por oveja y cabra de leche.
Estas ayudas se abonarán directamente a los titulares de las explotaciones que sean beneficiarios de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Además, se destinarán 5 millones de euros para el sector apícola, medida que anunció el ministro de Agricultura, Luis Planas, a finales de marzo.
Por su parte, los sectores agrícolas más afectados dispondrán de unas ayudas directas de 276,7 millones de euros. Al respecto, el MAPA determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estas ayudas, en función de los que se compruebe son más perjudicados por la situación de sequía. Para ello se tendrán en cuenta la información sobre la evolución climática e hidrológica del Miterd y de las propias CC.AA.
Por otro lado, el decreto contempla una nueva ampliación en 20 M€ de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA, que pueden llegar hasta el 15 % del principal del préstamo.
Esta ayuda ya se habilitó en el Decreto de Sequía de marzo de 2022, con una dotación de 10 millones de euros, posteriormente ampliado hasta 20 millones en el segundo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado en junio de 2022.
Igualmente, se amplía en 3 M€ la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), necesarios para la obtención de estos créditos. En el anterior Decreto de Sequía esta línea se dotó con 2,7 M€, ampliada después en otros 2 millones más.
En seguros agrarios, el MAPA volverá a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios, lo que permitirá llegar hasta el 70 % de subvención del coste de la pólizas ya contratadas –el máximo permitido por la normativa europea-, que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.
Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios por parte del MAPA ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.
En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en Zonas con Limitaciones Naturales, según la normativa de la UE, o de un 30 % en las demás.
El MAPA recuerda que, en este ámbito de la fiscalidad, la Orden del Ministerio de Hacienda, publicada el pasado 25 de abril, ya contemplaba una importante rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25 % lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2022 para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, más de 800.000 beneficiarios.
Además, de incluir numerosas minoraciones en los coeficientes de los índices de rendimiento neto de entre el 30 % y el 50 % para los sectores ganaderos, así como para determinados sectores agrarios.
No obstante, estaba claro que esa compensación era sobre las pérdidas ejercicio fiscal anterior (declaración del IRPF de este año), no al actual, donde los daños están siendo mucho más cuantiosos.
Como ya se conocía, además, quedan exentas del pago de IRPF y del Impuesto de Sociedades las ayudas que agricultores y ganaderos perciban por el cumplimento de los ecorregímenes de la campaña PAC 2023.
Igualmente queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
Por otro lado, el real decreto-ley contempla también que el MAPA establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las CC.AA. puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas, como consecuencia de la sequía, no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.
Asimismo, como habían solicitado ya algunas CC.AA. y el propio sector, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de la Solicitud Única de la PAC 2023.
De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos, en un momento en el que la sequía produce está creando mucha incertidumbres.
Tras las reuniones mantenidas con las CC.AA. y el propio sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular, que será remitida para consulta este jueves 11 de mayo, en la que se recogen ya los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas, sobre los cuales se se pueda aplicar la “causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.”
El MAPA cita como ejemplos para las zonas afectadas por la sequía, que será posible reducir los días de pastoreo y la carga ganadera requeridos en los ecorregímenes de pastoreo extensivo, o incrementar la superficie de barbecho y reducir el porcentaje de especies mejorantes para los de rotación de tierras de cultivo.
Por otro lado, se escalona en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación (CUE).
Así, según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.
En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).
Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las CC.AA. de Andalucía y de Extremadura.
Por otra parte, los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua, que tienen concedidos, se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100 % si la reducción en la dotación de agua supera el 60 %, y del 50 % si el recorte del suministro ha sido de entre el 40 % y el 60 %.
Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del canon del 50 %.
Informe:
Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.
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