La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) presentó en el Tribunal Supremo un informe pericial que desmonta los argumentos de la patronal de la industria láctea, FENIL, que trata de torpedear la Ley de la Cadena Alimentaria.
Según esta organización agraria, un año y medio después de la aprobación de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que determinó la prohibición de comprar cualquier alimento a un precio inferior a los costes del eslabón inferior, el futuro de esta legislación se juega en los tribunales.
Según esta organización agraria, un año y medio después de la aprobación de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que determinó la prohibición de comprar cualquier alimento a un precio inferior a los costes del eslabón inferior, el futuro de esta legislación se juega en los tribunales.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo acogió este 31 de mayo una sesión de presentación de informes periciales, lo que supone en la práctica la presentación de pruebas argumentales para blindar o, en su caso torpedear, una Ley aprobada por mayoría en el Parlamento.
UPA señala que las industrias lácteas, representadas por FENIL, son las únicas de toda la cadena alimentaria, que se han aventurado a tratar de desmontar una norma reivindicada por los agricultores y ganaderos durante años.
Representantes de UPA, encabezados por el secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia, Roberto García, se personaron ante el Supremo para presentar un informe pericial que desmonta los argumentos de la industria y demuestra, con hechos y cifras, que la prohibición de las compras a pérdidas es un elemento “ajustado a Derecho, que debe seguir plenamente en vigor, cumpliéndose y haciéndose cumplir por las autoridades responsables”.
Según García, las industrias lácteas “quieren ejercer un derecho de pernada, de imposición de precios, al eslabón más bajo, como vienen haciendo desde el año 2000”.
En ese año, añadió, “había en España unas 60.000 granjas lácteas, hoy quedan poco más de 10.000. Un proceso de cierres masivos motivado por una crisis de rentabilidad impuesta por las industrias a los ganaderos, con la colaboración de las grandes cadenas de la distribución.”
El portavoz de UPA aseguró que las industrias “quieren seguir imponiendo unilateralmente los precios” sin tener en cuenta ni los costes de producción ni la situación del mercado, “tal y como están volviendo a hacer en los contratos que se están renovando desde el pasado mes de abril”.
Al respecto, estas organización espera que en las próximas semanas el Tribunal Supremo les dé la razón y frene un comportamiento “éticamente impresentable” por parte de la industria láctea. Un comportamiento “que demuestra que prefieren que la distribución les siga imponiendo a ellos el precio de la leche líquida para después ellos trasladar esas bajadas hacia los ganaderos.”
Vídeo de Roberto García a las puertas del Tribunal
La FENIL presentó este miércoles 31 de mayo una demanda ante el Tribunal Supremo para que se anule la prohibición de comprar “a pérdidas” entre transformador y productor de leche, al entender que incumple el reglamento de la OCM láctea sobre libre negociación de precios.
El recurso contencioso-administrativo de la patronal láctea reclama la nulidad del contenido del RD 374/2022, sobre contrataciones en el sector lácteo, que obliga a que el ganadero no venda la leche a la industria por debajo de su coste efectivo de producción, en cumplimiento de la reformada Ley de la Cadena Alimentaria.
También demanda al TS que se anule el contenido en dicho RD referido a la formalización, subrogación, renegociación y rescisión de los contratos, es decir, que indirectamente, sea inaplicable al sector lácteo la disposición adicional quinta de la Ley de la Cadena Alimentaria, sobre la que plantea además una cuestión de inconstitucionalidad.
El argumentario jurídico de esta demanda se centra en que dicha norma a su juicio «contraviene directamente» el artículo 148.4 del Reglamento OCM, referente a la especificidad del sector lácteo, según el cual «todos los elementos de los contratos» para la entrega de leche cruda celebrados «serán negociados libremente entre las partes».
La patronal láctea considera que “prohibir la compra a pérdidas «colisiona frontalmente» con dicho artículo y restringe «de manera innecesaria y desproporcionada la autonomía y la libertad negocial» de las partes.”
Al respecto, alude a varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que no hacen en su opinión «sino confirmar la tesis» de la demanda presentada.
FENIL plantea argumentos como que “prohibir comprar “a pérdidas” perjudica también a los ganaderos, especialmente a los «menos eficientes», justificándolo al asegurar que, «en situaciones puntuales de claro exceso de oferta» de leche que, «desafortunadamente son frecuentes» por su carácter «cíclico, los productores no van a poder bajar sus precios por debajo de los costes para garantizarse la recogida» láctea. «Se comprende fácilmente que la restricción de la norma conduce a un resultado opuesto al pretendido», añade.
En su recurso, FENIL cita otras «ineficiencias» derivadas de esa prohibición como el hecho de que «no existe un concepto objetivo de ‘coste efectivo de producción’, de manera que cada ganadero podrá o no tener en cuenta lo que en cada momento considere oportuno»; o que la industria «no tiene los medios para controlar la veracidad o la exactitud de la información sobre los costes efectivos de producción comunicados».
Fenil aclara que, «en todo caso», la demanda se refiere a esa prohibición de comprar “a pérdida”, en la medida en que se aplique al sector lácteo español, caracterizado por el carácter cíclico», por lo que no se pronuncia «con respecto a su aplicación a otros sectores».
Fuentes de la patronal láctea señalaron a la agencia EFE que «no quiere derogar o tumbar la Ley de Cadena Alimentaria, porque el recurso es ante el RD 374/2022.” Y el motivo es la «clara inseguridad jurídica» que, a juicio de esta federación, representa esta norma para los operadores del sector lácteo, tanto ganaderos, como cooperativas e industrias.
La «causa general» de esa inseguridad jurídica, añaden estas fuentes, es la «imposibilidad de determinar los costes efectivos de producción de cada ganadero individual, como establece la norma, en un sector de producción continua y diaria cuyos costes pueden variar día a día, mes a mes, trimestre a trimestre, a lo largo de un mismo contrato».
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