El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves 29 de junio publica la Resolución de 27 de junio de la SGPMA del MAPA ,que regula la medida extraordinaria de la destilación de crisis, contemplada ya en el Reglamento Delegado (UE) 2023/1225.
En la resolución del MAPA se acuerda que la dotación financiera máxima para esta medida en las dos CC.AA. (Cataluña y Extremadura) que solicitaron fondos comunitarios será de poco más de 2,7 millones de euros.
En la resolución del MAPA se acuerda que la dotación financiera máxima para esta medida en las dos CC.AA. (Cataluña y Extremadura) que solicitaron fondos comunitarios será de poco más de 2,7 millones de euros.
Esos fondos procederán, por un lado, en el caso de Cataluña, del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) del actual ejercicio financiero 2023, con un importe máximo de 700.000 euros, que además cofinanciará, aportando la misma cantidad, con sus propios presupuestos autonómicos.
Por otro, para Extremadura, los fondos comunitarios procederán ya de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), cuya aplicación se inicia en el ejercicio financiero de 2024 y, en concreto superarán ligeramente los 2 millones de euros.
En relación a la propuesta inicial del MAPA sobre la destilación de crisis, que se elevó a consulta pública, ha habido cambios importantes, ya que se planteaban un millón de euros para la destilación de crisis de vino de Cataluña y casi 1,3 M€ para el vino a destilar de Extremadura.
La resolución definitiva, publicada en el BOE, activa de forma extraordinaria y temporal la destilación de crisis, con el fin de tratar de reequilibrar el mercado vinícola. En Cataluña, según dicha resolución, se limitará a la destilación de vinos tintos de las zonas amparadas por las Denominaciones de Origen de “Catalunya”, “Terra Alta”, “Penedès” y “Tarragona”; y a la destilación de vinos tintos y rosados en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Extremadura, pero para categorías sin DOP/IGP.
Los volúmenes a destilar con esta ayuda comunitaria ascienden en total a apenas 91.694 hectolitros de vino (casi 9,17 millones de litros), de los cuales 23.470 hl son de vino tinto (Cataluña) y a otros 68.224 hl de vino tinto/rosado (Extremadura). En todo caso, algo más que lo previsto inicialmente
En cuanto a la ayuda, el importe máximo para la destilación de crisis quedará en el caso de Cataluña, en 59,65 €/hl, repartido a partes iguales entre la financiación comunitaria y la del propio Gobierno catalán. Y, en el caso de Extremadura, en 29,62 euros por hectolitro.
El importe de la ayuda, en todo caso, no podrá superar el 80% del precio medio mensual más bajo registrado a nivel de producción en la campaña de comercialización 2022/2023 para cada tipo de vino subvencionable al que se aplica la medida, tal y como se limita en el reglamento comunitario.
Las solicitudes de ayuda deberán presentarse ante el órgano competente de cada Comunidad Autónoma y la destilación deberá ejecutarse antes del 15 de octubre.
Como es conocido también, el alcohol vínico resultante de la destilación de crisis no podrá utilizarse para uso de boca, sino exclusivamente con fines industriales, incluidos los sanitarios de desinfección o farmacéuticos, o en su caso con fines energéticos para evitar falsear la competencia.
Ambas CC.AA. regularán en su normativa autonómica la información relativa a beneficiarios, procedimiento de selección, criterios de prioridad, procedimiento y plazos de solicitud de ayuda y de pago, si se prevén anticipos, importe de la ayuda, porcentaje de financiación, zonas admisibles, tipos de vino y DOP/IGP admisibles para la ayuda y cualquier otra información que sea necesaria para la correcta aplicación de la ayuda.
A más tarde el próximo 15 de noviembre de 2023 o de 2024, las CC.AA. remitirán a la Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura del MAPA un informe anual sobre la aplicación de la destilación de crisis ahora aprobada.
Mediante la destilación de crisis, según el MAPA, se pretende la retirada del mercado de cantidades de vino que no están encontrando salidas comerciales adecuadas, que pueden contribuir a desequilibrar el mercado, con lo precisamente se pretende evitar que las perturbaciones actuales se conviertan en una perturbación más grave o prolongada de todo el sector vitivinícola.
Por su parte, las CC.AA de La Rioja y del País Vasco quedaron por voluntad propia fuera de la regulación del MAPA, ya que decidieron poner en marcha la medida de destilación de crisis con fondos propios exclusivamente autonómicos por importe de 15 M€ y 7,86 M€, respectivamente.
Según el MAPA, esta medida de prevención de crisis se une a la cosecha “en verde” ya habilitada el pasado mes de febrero, con una dotación de 15 millones de euros. Con ella, añade este departamento, se permitirá aliviar la tensión en algunas regiones productoras, con un nivel de existencias elevado, al permitir dimensionar la próxima vendimia 2023 a la capacidad de almacenamiento y comercialización para la campaña.
Ambos instrumentos de regulación extraordinaria de la oferta de mercado, añade el MAPA, “tratan de evitar anticipadamente los efectos de una potencial sobreoferta de uva el próximo otoño, que lastrase las rentas de los viticultores de las regiones productoras españoles.
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