UPA-UCE pagará 500.000 euros por irregularidades en las subvenciones cofinanciadas por la UE para asesoramiento

Una sentencia de conformidad alcanzada entre la Fiscalía y la defensa de los acusados por las supuestas irregularidades en las subvenciones para el asesoramiento agrario por parte de dirigentes y trabajadores de UPA-UCE posibilitará que ninguno de los encausados tenga que volver a pisar la cárcel. Sin embargo, la organización agraria se verá obligada, como partícipe a título lucrativo, a pagar una indemnización de 500.000 euros.

Según una información de la agencia Efeagro, los abogados que han representado a las partes involucradas en este proceso, entre ellos Pedro González Boquete, por parte de UPA-UCE; e Idelfonso Seller, en representación de los encausados Ignacio Huertas, como secretario general, y Maximiano Alcón, como secretario de Organización de la organización profesional agraria, han informado en rueda de prensa de esta sentencia de conformidad que se hará oficial en breve.

Pedro González ha recordado que todo arrancó en 2016 con un «sorpresivo» y en parte «excesivo» registro a las oficinas de la que entonces era la principal organización agraria de Extremadura por un supuesto fraude en las ayudas de asesoramiento a las explotaciones agrarias confianciadas por la UE y la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esto llevó a que durante los primeros tres meses de la investigación Huertas y Alcón pasarán 100 días en prisión preventiva, mientras que la instrucción del proceso finalizó en enero de 2021, con un único escrito de acusación por parte de la Fiscalía.

Para las defensas, las penas solicitadas por el fiscal eran «absolutamente desproporcionadas» y hacían «un relato de los hechos que no coincidía con la realidad», por lo que, según González Boquete, iban a pedir la libre absolución de todos los encausados en el juicio que estaba previsto que se iniciase el próximo mes de septiembre, con más de 100 testigos y que estaba previsto que se prolongase durante tres meses.

Por ello, se decidió iniciar conversaciones con la Fiscalía para alcanzar una sentencia de conformidad en la que los encausados, aunque se sienten «completamente inocentes», aceptan una considerable rebaja de penas para no tener que enfrentarse a tres meses de juicio y poder terminar con «este mal sueño», según Seller. Mientras, la acusación «ha podido evitar una eventual sentencia absolutoria que no le hubiera sido nada favorable» después de haber estado algunos de los inculpados tres meses en prisión.

Pedro González ha recordado que el escrito de acusación pedía para Huertas y Alcón, por un delito de fraude de subvenciones, 4 años y ocho meses, así como una multa de 20 millones de euros.

Mientras, para el resto de los miembros de la Comisión Ejecutiva pedía 3 años y 10 meses, además de 12 millones de euros de multa, algo que en el caso concreto de UPA-UCE se elevaba a los 8,6 millones de euros, a lo que se sumaba una condena aún mayor tanto penal como económica por otro delito de blanqueo de capitales y de organización criminal, que en este último caso conllevaba la suspensión de actividad para la organización agraria.

Frente a esto, el escrito de conformidad, según el abogado, ha quedado en 2 años de cárcel y una multa diaria de 12 euros durante 9 meses (unos 3.000 euros) para Huertas y Alcón, como únicos condenados de la Comisión Ejecutiva; y de un año y tres meses y una multa diaria de 12 euros durante cinco meses para los dos trabajadores que fueron los responsables de la tramitación irregular de los procedimiento.

Finalmente, son condenados por delitos contra la Hacienda Pública de fraude de subvenciones en concurso con un delito de falsedad documental.

Además se establece una responsabilidad civil, como responsable a título lucrativo, de UPA-UCE por las supuestas irregularidades que se pudieran detectar en la tramitación de todas las ayudas de 500.000 euros a pagar en un plazo de 10 años, de los que ya se han abonado 100.000 euros para que se pudiese aplicar la atenuante de reparación de daño y se viese la voluntad por parte de UPA de hacer efectivo esos importes.

En esta sentencia de conformidad, según González Boquete, lo que queda probado es que las ayudas de asesoramiento que se daban a los ganaderos se prestaron, aunque pudo haber alguna irregularidad porque la firma en alguno de ellos no se hizo por el técnico correspondiente o por el hecho de que pudiera faltar alguna tramitación en el procedimiento, «irregularidades desde nuestro punto de vista menores y que no debieron alcanzar la consideración de ilícito penal».

Para el abogado, «parte de este problema viene derivado de una muy deficiente regulación legal por parte de los asesoramientos que pudo inducir en su día a la Guardia Civil a que era necesario el cumplimiento de una serie de requisitos que luego se demostró durante la fase de instrucción que ni siquiera eran necesarios y que ante esos simples errores, el precio pagado tanto por los dirigentes de UPA-UCE como por la propia organización es bastante alto».

En ese sentido, ha precisado que los inculpados reconocen, por consejo de sus abogados, que pudo haber alguna irregularidad, pero en el escrito de conformidad queda «absolutamente claro que ni el secretario general ni el de organización, ni ninguno de los miembros de la Comisión Ejecutiva, percibió ningún beneficio y que la única beneficiaria, de haber existido algún beneficio para la organización, es la propia UPA por contribuir al complemento de su financiación y al desarrollo de sus actividades».