El TSJ admite la demanda colectiva presentada por cientos de agricultores por la inconstitucionalidad de la ley del Mar Menor
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha admitido a trámite la demanda colectiva presentada por casi 350 agricultores del Campo de Cartagena contra la mal llamada ley del Mar Menor.
Así lo ha explicaba el letrado Santiago González Varas, en una comparecencia ante los medios junto a Natalia Corbalán, directora de Fundación Ingenio, entidad que ha coordinado y asesorado la acción de los afectados contra un texto legal “con artículos de palmaria inconstitucionalidad”.
La demanda ante los tribunales, realizada por lo contencioso-administrativo, responde a que la vía administrativa se ha agotado ante el reiterado silencio del Gobierno regional. De este modo, y ante el desdén de la Administración murciana, “se abre la vía judicial, por la que se acudirá a todas las instancias que sea necesario”, explicó González Varas, quien representa a los agricultores junto a la letrada Inmaculada de la Fuente Cabero.
La dirección jurídica del proceso explicó que “lo que se pretende es el fin o cambio de las restricciones legales impuestas por la normativa del Mar Menor, para que la ley sea acorde a la Constitución Española, que haga compatible la agricultura y el medio ambiente y que sea una ley que no impida el ejercicio de los derechos profesionales de los agricultores de la Región de Murcia”.
El comunicado de la Fundación Ingenio explica que la demanda cuenta con adhesión de casi 350 agricultores y está reforzada con informes periciales de sociedades independientes de tasación, de ingenieros agrónomos y de cátedras universitarias. Todos ellos, firmados por reconocidos profesionales, «acreditan la acusada devaluación del valor de las tierras del Campo de Cartagena desde la entrada en vigor de la ley y la degradación de la actividad económica en la zona, que afecta también de forma directa a sectores que viven de la actividad agrícola».
En la rueda de prensa se enumeró los artículos de la Ley más lesivos para los agricultores, cuyo beneficio para el estado ambiental del Mar Menor es nulo. Destacaron “la expropiación del suelo de más del 20 por ciento o la imposibilidad de cultivar en los primeros 500 metros del frente costero”. Se justificó que «en Andalucía se expropia con acuerdos entre las administraciones del Estado y la CCAA, y en Murcia se expropia sin pagar un solo euro”. Los intervinientes declararon por qué en la Ley dice expresamente que queda prohibido la aplicación de cualquier tipo de fertilizante, estiércol y abonado en verde, que supone de facto impedir el ejercicio de la agricultura, y no incluyen la prohibición expresa, ya que si fuera así la pérdida de un derecho privado conllevaría por parte de la administración el pago de una indemnización”.
