La Reserva Agrícola de crisis de la UE, ¿respuesta para los riesgos climáticos?
Por Mónica Sanz, presidenta del Grupo de Trabajo de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
Todavía es pronto para saber cómo acabará exactamente el año 2024 en cuanto a siniestralidad del seguro agrario, a la espera de tener más datos del impacto de la DANA que ha afectado al litoral mediterráneo, pero en este artículo analizamos las cifras de 2023; que resultó ser el año de mayor siniestralidad de los 44 años de historia del seguro con 1.240 millones de euros.
La sequía fue el siniestro más grave con indemnizaciones por valor de 496 millones de euros, afectando principalmente a los cultivos herbáceos extensivos (unos 430 millones de euros y 1,90 millones de Has siniestradas), pero también provocando daños importantes en viñedo y olivar.
Estos son los datos que muestra el seguro, pero la catástrofe y los daños, sin duda, tienen una mayor dimensión, pues hay cultivos con una muy baja implantación de seguro (como es el caso del olivar y el almendro), y cultivos de regadío (sin posibilidad de asegurar la sequía) que están viendo cómo son insuficientes los riegos para mantener unos rendimientos aceptables, incluso para mantener la viabilidad de las plantaciones.
Así que todavía queda mucho por desarrollar y ajustar para que la cobertura de sequía se adapte del todo a las necesidades del campo español. Por ello, desde las administraciones públicas, ante la extrema gravedad de la sequía en los años 2023 y 2024, se han ido dando ayudas extraordinarias, que suponen un pequeño alivio para el productor, pero no contribuyen a resolver el problema de cultivar con escasez de lluvias y aumento de las temperaturas. Además, son ayudas que no discriminan en positivo a aquellos y aquellas que contratan un seguro, haciendo un flaco favor al sistema de seguros agrarios.
Sin embargo, también es cierto que el hecho de que en nuestro seguro tengamos cobertura de sequía sorprende, y mucho, fuera de nuestras fronteras. Esto es posible, en el caso de los herbáceos extensivos, por la asignación de rendimientos y de nivel de riesgo (tasa) en teoría adaptada a cada explotación, por la larga serie de años de aplicación de este seguro (más de 40 años) y por los altos niveles de implantación de este (70%); sin olvidar por supuesto, del potente apoyo del Ministerio de Agricultura, principalmente, y de las CCAA, que subvencionan el coste de las pólizas.
Recientemente hemos conocido el Informe ‘Diálogo Estratégico para el futuro de la UE’, un documento que sienta las bases para la propuesta futura de la Comisión Europea para la PAC post27.
En el mismo, aparece un apartado dedicado al agua dentro del capítulo “Promover la resiliencia”, haciéndose referencia a su escasez y a la necesidad de “ampliar prácticas agrícolas sostenibles y nuevos modelos empresariales para promover un uso más eficiente de los recursos naturales, especialmente del agua, una menor dependencia de los insumos agrícolas, la protección de los suelos, la restauración de la naturaleza y la diversificación de cultivos y razas animales… Por tanto, es necesario apoyar sistemáticamente a los agricultores en la aplicación de medidas de adaptación”.
Esto nos muestra que el agua y su gestión, ha pasado a ser un “tema” que preocupa a la UE en su conjunto y no sólo a los países del Sur, sobre todo del área mediterránea, acostumbrados a sufrir sequías cada vez con mayor frecuencia.
También en este Informe se hace referencia a la gestión de los riesgos y crisis. Se recomienda que la Comisión entable un diálogo con las compañías de seguros para: mejorar la transparencia de los mercados de seguros, garantizar que los agricultores de todos los territorios de la UE tengan acceso a los seguros agrarios y facilitar el desarrollo de un mercado único de seguros agrarios. Estas últimas cuestiones, sin duda, tienen gran relevancia para aquellos Estados Miembros que no disponen de herramientas para gestionar los riesgos de su sector agrario. Pero, en países como el nuestro, con un sistema muy desarrollado y sofisticado, y en mayor o menor medida bastante bien adaptado, quizás los instrumentos que se ofrezcan desde Europa pueden resultar poco o nada atractivos. Otro tema es que necesitemos presupuesto de Europa, habría que ver entonces cómo articularlo, para que en ningún caso suponga un retroceso para nuestro seguro agrario. Y, además, siempre contando con las cooperativas y el sector en general para una mayor adaptación del instrumento.
En el documento, igualmente, se hace referencia al papel que podría desempeñar en el futuro la Reserva agrícola de crisis de la UE, una reserva financiera de un mínimo de 450 millones de euros anuales para hacer frente a las crisis, (se activó tras la invasión rusa de Ucrania, para compensar las pérdidas del sector agrícola por eventos climatológicos adversos como la sequía y otros factores como el incremento de costes). Actualmente, está en debate la propia existencia de la reserva de crisis en el futuro, su gobernanza y objetivos. De hecho, la reserva de crisis ha sido ampliamente criticada por diversos sectores y administraciones europeas, debido principalmente a dos motivos: en primer lugar, a que su mecanismo de adjudicación no es demasiado preciso y beneficia al primero que lo solicita, y, en segundo lugar, a que los fondos que la alimentan se detraen de los pagos directos de la Política Agrícola Común, lo que nunca es muy popular. Así, el informe del Diálogo Estratégico propone: que esta Reserva se centre mejor en los riesgos excepcionales y catastróficos y que el acceso a estas ayudas esté condicionado al uso de herramientas de gestión de riesgos a nivel individual y privado.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España somos partidarios de desarrollar estas dos ideas. Ya en el Congreso Internacional de Jerez, organizado por ENESA en octubre de 2023, propusimos que los riesgos climáticos extremos deberían salir del seguro y financiarse por otros medios, y quizás la respuesta podría estar en este futuro diseño de la Reserva agrícola de crisis. Por otra parte, condicionar la recepción de las ayudas extraordinarias o al menos discriminar en positivo a aquellos que contratan seguro, no es más que cumplir con el Plan Anual de seguros agrarios del Ministerio y contribuir a un mayor y mejor desarrollo del sistema. Otro debate que quedaría por resolver sería el de cómo alimentar presupuestariamente la propia reserva de crisis.