La CE eleva a 50.000 euros la cantidad máxima de ayudas «de minimis», aumenta el tope nacional hasta el 2% y elimina el tope sectorial
La Comisión Europea elevará a 50.000 euros la cantidad máxima de ayudas públicas que los países pueden conceder a empresas del sector agrícola sin necesidad de que éstas sean notificadas para su evaluación a las autoridades comunitarias, según informó en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario anunció cambios en el reglamento ‘de minimis’, que regula el funcionamiento de pequeñas ayudas estatales al sector primario que no necesitan ser comunicadas a Bruselas porque se considera que «no tienen impacto en la competencia o el comercio del mercado único».
Esta revisión entrará en vigor tres días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2032, precisó la Comisión Europea.
En la actualidad, los Estados miembros pueden transferir ayudas al sector agrícola de hasta 20.000 euros por beneficiario (25.000 euros si el país tiene un registro central de estas subvenciones) durante un periodo de tres años sin notificación previa a los servicios europeos de Competencia.
Con las enmiendas introducidas hoy, esta cantidad se eleva a 50.000 euros, lo que supone más que duplicar el límite actual, para «reflejar ciertos factores» como la experiencia acumulada, los recientes acontecimientos en el sector o la inflación observada en los últimos años.
Bruselas también modifica el llamado «tope nacional» de estas ayudas, que está calculado sobre la base de la producción agrícola de cada país y se eleva del 1,5% actual hasta el 2%, al tiempo que se amplía el periodo de referencia del 2012-2017 actual al 2012-2023.
Del mismo modo, se suprime el «tope sectorial» que impedía a los Estados miembros conceder ayudas ‘de minimis’ a un sector particular por una cuantía superior a la mitad del límite nacional.
Por último, la Comisión Europea introduce la obligación de crear un registro central de ayudas ‘de minimis’ a nivel nacional o Europeo a fin de «aumentar la transparencia y reducir la carga administrativa de los agricultores y ganaderos (principalmente microempresas) que utilizan actualmente un sistema de declaración propia».
