La Sectorial de Vino de la organización agraria Unión de Uniones ha elaborado un documento que recoge nueve alegaciones y diversas consideraciones que ya ha remitido al Ministerio de Agricultura.
Unión de Uniones presenta alegaciones al proyecto de Real Decreto para regular el potencial vitícola
En primer lugar, desde la Sectorial del Vino de La Unión de Uniones, se cree, y así se lo han manifestado al Ministerio, que el hecho de que con el nuevo sistema de regulación del potencial productivo deban transformarse los derechos en autorizaciones y además las autorizaciones no puedan transferirse, provocará sin duda una pérdida de este potencial en España, que la organización cifra en aproximadamente un 5% al año. No obstante, añaden, los procesos de reestructuración han supuesto indiscutiblemente un incremento de los rendimientos medios.
Ante esta situación, resulta necesario, según los responsables del sector del Vino de la Unión de Uniones, que el Ministerio, anualmente, evalúe la pérdida objetiva de derechos o autorizaciones y el aumento de rendimientos productivos, para decidir el porcentaje anual de autorizaciones a otorgar, sin perder potencial pero sin incrementarlo.
La organización, entiende que es preciso constituir una comisión técnica en la que también esté presente la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos con el fin de desarrollar el seguimiento de estas tareas.
Además, consideran básico que se consensuen los criterios de admisibilidad y priorización, para evitar por todos los medios posibles desequilibrios productivos, reforzando las zonas de vinos de calidad y a los jóvenes, al mismo tiempo que se protegen las zonas de producción tradicional y de secano, con elevado valor social, económico y medioambiental.
Por tanto, La Unión muestra su total desacuerdo con las directrices establecidas tanto por el Reglamento (UE) Nº 1038/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, como por el Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2014, ya que argumenta que encorsetan en gran medida la subsidiariedad de los Estados miembro en el establecimiento de unos criterios de admisibilidad y unos criterios de priorización y también en el establecimiento de unos límites de concesión de autorizaciones, impidiendo adaptar todos estos criterios a la realidad de cada territorio.
Es por ello que desde La Unión se pide al Ministerio que en el marco legislativo establecido por la Unión europea, agote al máximo las posibilidades de establecer criterios de reparto de autorizaciones que favorezcan el equilibrio territorial, y sobre todo el mantenimiento y desarrollo económico de las explotaciones familiares vitícolas españolas, que vertebran el territorio.
Además, en el marco de futuras revisiones del régimen de autorizaciones, piden que se promueva desde el Ejecutivo español una modificación de los anteriores reglamentos, que otorgue a los Estados mayor subsidiariedad en la aplicación del nuevo régimen.
Alegaciones
Una vez hechas estas consideraciones, la Unión de Uniones presenta 9 alegaciones al actual proyecto de Real Decreto para regular el potencial de producción vitícola.
En estas alegaciones, se piden entre otras cosas, modificar las definiciones de viticultor, titular de autorización y titular de derecho de plantación, para atenerse a la propuesta por el Reglamento (UE), Nº 1308/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, garantizando así el respeto al concepto de agricultor titular de la parcela agrícola.
Asimismo se solicita la modificación del apartado 1 del artículo 7 (Recomendaciones sobre limitaciones a nuevas plantaciones) y el apartado 1 del artículo 17 (Recomendaciones sobre restricciones a la replantación), de manera que las recomendaciones establecidas en el artículo 65 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento europeo y del Consejo puedan realizarse por parte de todas las entidades o grupos contemplados en esta norma comunitaria, es decir, organizaciones profesionales reconocidas que operan en el sector vitivinícola (OP, Asociación de OP, OI), grupos interesados en solicitar DO e IG y finalmente otros tipos de organizaciones profesionales.
A juicio de la Unión de Uniones, es evidente que el Ministerio dispondrá de más elementos de decisión respecto al mantenimiento o aumento del potencial vitícola español y de las regiones y zonas vitícolas cuanto mayor sea el abanico de entidades reconocidas que puedan aportar información, estudios y argumentos válidos para el análisis.
Además, en el reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones de hasta el 1% anual de la superficie de viñedo de España creen que debe realizarse una evaluación anual en profundidad sobre el potencial productivo y distribuir de
forma más equilibrada ese potencial, tanto entre viticultores como entre territorios. Por lo tanto la organización propone repartir un máximo de 5 hectáreas por viticultor y año.
La Unión pide que se elimine el apartado Dos de la Disposición final primera, que excluye del acceso a las ayudas de los planes de reestructuración y reconversión del viñedo a las superficies de nueva plantación, ya que entiende que el Reglamento (UE) Nº 555/2008 de la Comisión, de 28 de junio de 2008, en los artículos 6 y 7, establece qué superficies no pueden acogerse a los planes y qué restricciones pueden aplicar los Estados, y en ningún caso se contempla que los Estados puedan limitar el acceso a los planes a las nuevas plantaciones. Creyendo por tanto la organización que esta aplicación no es acorde a la norma comunitaria.
La Unión de Uniones entiende, asimismo, que aplicando la limitación que propone de nuevas autorizaciones a 5 ha/viticultor y año es del todo necesario incluir a las nuevas plantaciones en los planes de reestructuración. Recordando además que estas inversiones no pueden ser cubiertas por las líneas de FEADER, por lo que quedarían excluidas de toda ayuda, con el agravio comparativo en modernización.
