Apoyo al papel de las estaciones de servicio cooperativas en la distribución de carburantes en el medio rural
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), por una parte, y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), por otra, han salido en defensa de las gasolineras de las sociedades cooperativas que distribuyen carburantes en el medio rural.
CEPES señaló que las estaciones de servicio “low cost” son una figura de distribución de carburantes diferente a las estaciones de servicio de las cooperativas agroalimentarias y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), que NO son estaciones “desatendidas”. Son casi 900 cooperativas del sector agrario y agroalimentario las que distribuyen carburantes en el medio rural.
Esta Confederación apoya el papel que desempeñan las estaciones de servicio de las cooperativas agroalimentarias y de las SAT en el medio rural, diferenciando este modelo de distribución de carburantes de las llamadas “estaciones de servicio “low cost”, las cuales se caracterizan por no contar con personal permanente en las instalaciones.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, resaltó el papel que juegan las Cooperativas Agroalimentarias en el medio rural y comarcal, ya que si no existieran sus postes de distribución de carburante, es probable que nadie intentase colocarlos, por su escasa rentabilidad”. Añade que “las estaciones de servicio de las cooperativas agroalimentarias son un importante servicio para la población rural”.
La mayoría de los postes de distribución de carburantes de las cooperativas agroalimentarias y SAT se ubican en el perímetro de sus instalaciones y en zonas del medio rural. Ello implica que no se requiera que un trabajador permanezca continuamente en las mismas, ya que si el usuario tuviera problemas o necesitase ayuda, los trabajadores de la cooperativa acuden rápidamente a solventarlo. Por esta razón Pedreño aclara que” las estaciones de servicio de las cooperativas no están desatendidas”
La mayoría de las casi 900 estaciones de servicio de las cooperativas y SAT que hacen esta actividad económica en el medio rural desde hace más de 30 años, son de dimensión pequeña o mediana, no llegando al millón de litros de distribución de carburantes al año por entidad asociativa. Allá donde operan, ofrecen a los consumidores, tanto socios de la cooperativa como a terceros productos a precios razonables y competitivos.
CEPES opina que no sería aceptable que el conflicto que puedan mantener las Asociaciones de Estaciones de Servicio tradicionales con las nuevas “low cost”, exigiendo las primeras la presencia permanente de personal en los postes de distribución a través de la legislación de las CC.AA. sobre Consumidores y Usuarios, intente ser utilizado para atacar la actividad de las cooperativas agroalimentarias y sus sistemas de distribución de carburantes en el medio en el que desarrollan su actividad.
Excepción a la regla común
Por su parte, la UCCL se mostró en desacuerdo con la propuesta de obligatoriedad de contratación de personal en las gasolineras desatendidas en el medio rural, tras reunirse la semana pasada con todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, a los que transmitió su malestar con la Proposición de Ley que, a iniciativa del Partido Popular, quiere regular la obligación de contratar personal en las gasolineras desatendidas, debido a las repercusiones que puede tener en el mundo rural.
UCCL transmitió a todos los grupos parlamentarios que debería haber una excepción para Cooperativas y núcleos rurales inferiores a 5.000 habitantes, debido a que este tipo de gasolineras aportan un beneficio social en las zonas rurales porque son surtidores que comercializan pequeñas cantidades de carburantes y son rentables precisamente porque son desatendidas.
El beneficio que las gasolineras aportan en zonas rurales es imprescindible, ya que por una parte sirven para regular el precio del mercado y, por otra parte, porque dan servicios a zonas que se encuentran alejadas de grandes núcleos urbanos, lo que posibilita a la población rural no tener que recorrer largas distancias para llenar el depósito.
UCCL entiende que esta iniciativa viene dada por la presión de las grandes multinacionales que lo que pretenden es quedarse con todo el mercado, pero hay que tener en cuenta que existen numerosas gasolineras, a las que si se las obliga a contratar a personal, dejarían de ser rentables y se verían abocadas al cierre, con el consiguiente perjuicio que esto conllevaría para los usuarios del medio rural.
Todos los grupos de la oposición entendieron que la excepción a cooperativas y núcleos rurales inferiores a 5.000 habitantes es imprescindible para asegurar la rentabilidad de estas gasolineras y asegurar un servicio al medio rural, al que, por desgracia, constantemente se le niegan los mismos derechos que a las ciudades.
