La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha recibido con lógica satisfacción el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17ª) por el que desestima la apelación de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, y de su director general Luis Calabozo, contra la sentencia dictada el 1 de octubre de 2015 por el Juzgado de lo Penal número 9 de Madrid.
Exculpados los 9 sindicalistas agrarios y ganaderos de Castilla y León acusados por la FENIL
Ahora la Audiencia viene a confirmar la sentencia exculpatoria de todos los graves delitos de los que la federación de industrias lácteas acusaba a 9 ganaderos, cooperativistas y sindicalistas agrarios –entre ellos el secretario general de ASAJA de Castilla y León José Antonio Turrado-, por llevar a cabo un acto reivindicativo en su sede de la calle Ayala de Madrid el 3 de septiembre de 2008.
Los abogados de la Federación de Industrias Lácteas y de su director general Luis Calabozo, han venido solicitando penas de presión de tres meses e inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio por un delito de allanamiento de morada; seis meses de prisión por el delito de coacciones; así como a la pena de 6 días de localización y responsabilidad civil de 80,87 euros por la falta de daños.
ASAJA ha venido defendiendo, desde que se iniciaron las diligencias previas hace 7 años, que las diferencias entre el sector ganadero y la representación de los empresarios lácteos debían de enmarcarse en el ámbito de la relaciones interprofesionales, y que nunca debieron de llevarse al ámbito judicial. La patronal de las industrias, en vez de tratar de encauzar las relaciones para trabajar de una forma conjunta por el futuro del sector lácteo, ha optado a lo largo de todo este periodo por judicializar la causa con el fin de estigmatizar y dar un “escarmiento ejemplarizante” a unos representantes del sector ganadero que no hicieron otra cosa que defender de forma civilizada sus propios intereses y los de sus representados.
Según ASAJA, «la sentencia, contra la que no cabe recurso, pone de manifiesto el mal talante de la federación de industrias lecheras y de su director general, su falta de reconocimiento a la interlocución legítima con los representantes de los ganaderos a los que compran el producto, y su vocación de imponer precios y condiciones en la compra de leche abocando al sector a una situación de ruina como la que se viven en estos momentos».
