El Gobierno crea y regula el funcionamiento del Comisionado frente al Reto Demográfico

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este viernes 27 de enero un Real Decreto por el que se crea el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico y se regula su régimen de funcionamiento, tal y como había señalado hace unos días en el Senado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

El desequilibrio de la pirámide poblacional, fenómeno común en los países de nuestro entorno, es especialmente grave en España, donde diez Comunidades Autónomas cuentan con un saldo vegetativo negativo. Se ha pronosticado una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031 y de más de cinco millones de habitantes en 2066.

La Conferencia de Presidentes, en su reunión del 17 de enero de 2017, acordó impulsar medidas específicas al respecto y encomendó al Gobierno de la Nación, con la colaboración de las distintas Administraciones Públicas, la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico de naturaleza global y transversal.

 Funciones

A través de la norma hoy aprobada se crea la figura del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, que se encargará de elaborar y desarrollar dicha Estrategia Nacional, la cual ha de recoger el conjunto de propuestas, medidas y actuaciones necesarias para alcanzar el equilibrio de la pirámide poblacional.

Aparte de elaborar dicha Estrategia, le corresponderá al Comisionado impulsar y ejecutar las medidas necesarias; colaborar y canalizar las medidas que sean adoptadas por otras Administraciones sobre esta materia; recabar de las Administraciones la información que requiera para el ejercicio de sus funciones, así como informar al Gobierno del resultado de sus actuaciones, como funciones más relevantes.

El cargo de Comisionado tendrá rango de subsecretario y dependerá orgánicamente del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y funcionalmente de ese Ministerio y del de Hacienda y Función Pública. En su seno se constituirán diversos grupos de trabajo donde estarán representados los departamentos y las Administraciones y entidades afectadas por esta materia.

La creación de este órgano no supondrá incremento del gasto público.

La mitad de los municipios españoles se encuentran ya en riesgo de extinción. En estos momentos, subsisten con menos de mil habitantes 4.995 de los 8.125 municipios que tiene España en total. La inmensa mayoría de esas casi cinco mil localidades sufren el continuo envejecimiento de su censo demográfico y un mínimo o nulo relevo generacional, con escasas o nulas cifras de natalidad.

Este es uno de los datos que aporta el informe «Población y despoblación en España 2016», que fue presentado este 25 de enero a la Comisión de Despoblación de la FEMP por su Presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que también es Presidente de la Diputación de Zaragoza, en una reunión celebrada este mediodía a la que han asistido también, en calidad de invitados, varios miembros de la Comisión de Diputaciones, entre ellos su Presidente y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes.

El estudio fue realizado a partir del análisis del último padrón de habitantes publicado hace escasas semanas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se detallan las cifras de población de todos y cada uno de los municipios españoles.

El informe presentado por Sánchez Quero alerta de que sigue agravándose la crisis demográfica y de que sus efectos comprometen el futuro de cada vez más municipios españoles.  Así, ya son 2.652 las localidades que subsisten con censos de menos de 500 habitantes. De ellas, 1.286 (casi dos de cada diez municipios españoles) ni siquiera pasan de los cien vecinos empadronados: son 48 más que en 2015 y 358 municipios más de los que había en el año 2000 con menos de 100 empadronados.

Entre 2015 y 2016, España ha perdido 67.374 habitantes, pero esa sangría poblacional se ha concentrado mayoritariamente en las áreas rurales, ya que la suma de población de las capitales de provincia españolas ha ganado unos 14.000 habitantes durante el último año.

De las palabras a la acción»

Con los datos que aporta este informe, el Presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP reclamó «la aplicación de urgentes políticas de Estado» ante el severo retroceso demográfico que se está produciendo y la amenaza que supone para las áreas rurales, algo que ha calificado como «un problema sociopolítico de primer orden» para España.

Sánchez Quero subrayó que la crisis demográfica está azotando con especial crudeza a los pequeños y medianos municipios, lo que hace que cada vez más localidades se encuentren «tras la línea roja del peligro de extinción».

Por ello, considera «imprescindible la adopción inmediata de medidas concretas para sostener e incrementar la población de los pequeños y medianos municipios, no solo por una cuestión de interés social sino también económico».

En concreto, apeló a la «coordinación de un plan nacional contra la despoblación entre Estado, Comunidades Autónomas y FEMP, que se elabore y desarrolle con la voz protagonista de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, “que conocen de primera mano la crisis demográfica y son, en su día a día, la ‘punta de lanza’ en la lucha contra la despoblación rural”.

Reto demográfico

 Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunció hace unos días en el Senado la creación de la figura del Comisionado del Gobierno para el reto demográfico, cuyo objetivo será debatir con las Comunidades Autónomas y con los  partidos políticos las medidas que se tienen que adoptar a medio y largo plazo en materia demográfica.

La iniciativa nace del acuerdo de la  VI Conferencia de Presidentes, que se reunió el pasado 17 de enero, en la que se consensuó elaborar una Estrategia nacional frente al reto demográfico.

Esta Estrategia, que deberá estar aprobada este mismo año, debe diseñar una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante.

Saénz de Santamaría considera este acuerdo de los más importantes que fueron aprobados en la VI Conferencia de Presidentes del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.