Los representantes de las consejerías de Agricultura de Aragón, Extremadura, Cantabria y La Rioja han coincidido hoy en Madrid que la Política Agraria Común debe responder al reto demográfico -con el grave problema de la despoblación- y revisar los requisitos para recibir las ayudas.
El despoblamiento y los beneficiarios de las ayudas, preocupaciones de las CC.AA. ante la reforma de la PAC
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona, ha asegurado que la Política Agraria Común no ha conseguido garantizar uno de los retos para los que se creó, que fue conseguir una renta para los agricultores pues «sesenta años después sigue siendo la mitad que el resto de los europeos». Por ello, ha apostado por una «reforma en profundidad» que se resista al «status quo» para poner fin a los problemas que «urge corregir», como la inestabilidad y la insuficiencia de la renta agraria, y penalizar «la ociosidad» de parte de los productores.
En su propuesta, destaca la creación de una compensación de renta agraria declarada individualmente y una renta de referencia en función de condicionamientos económicos, sociales y medioambientales.
Por su parte, el director de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Miguel Ángel Cuevas, ha recalcado la importancia del reto ambiental y el demográfico, en términos más amplios, con medidas que trasciendan al desarrollo rural, porque, por ejemplo «sin un Internet de calidad no se puede retener a los jóvenes».
A su juicio, hace falta más modulación y progresividad en las ayudas y revertir la regla del 80/20, esto es, que el 80% de las ayudas vayan a parar al 20% de los beneficiarios con una revisión «profunda» del agricultor activo que excluya a todos aquellos que son «un peso muerto» una «rémora para el sector agrario». Ha animado a utilizar ese dinero que se ahorre de este «peso muerto» a ampliar el elenco de producciones que reciben ayudas y para potenciar las explotaciones familiares «que son las que fijan población».
La posición de Extremadura ha sido la fijada por la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, quien ha definido la PAC como «una de las herramientas más potentes» de la UE pero que «hay que reformar radicalmente» de forma «necesario y urgente». Ha insistido en que la PAC debe evitar castigar a «uno de los sistemas más respetuosos», como la dehesa -en referencia a las multas por el tema de pastos- y trabajar para garantizar el empleo, que ha sido uno de sus fracasos.
Ha resumido su propuesta en la necesidad de regular la figura de agricultor activo, para que la percepción de «cualquier ayuda» se asocie a la productividad y un desarrollo rural en base a una economía verde y circular, pues la actividad no puede quedar al margen del reto medioambiental.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de La Rioja, Íñigo Nagore, ha puntualizado que más de la mitad de los titulares de las explotaciones de su región no reciben pagos directos de la PAC, que a su juicio debería servir para garantizar la renta de los agricultores y mejorar las infraestructuras. A esta comunidad le preocupa el efecto del Brexit, ha dicho, por la posible caída en el presupuesto y porque es un mercado importante para los productos de La Rioja, pero a diferencia de otros consejeros cree que «no necesita una reforma en profundidad».
A su juicio habría que variar el modelo de pagos básicos, facilitar a los jóvenes el acceso a la agricultura -pues para algunos es «misión imposible»- e incorporar los compromisos ambientales como requisito para contar con ayudas.
Representantes del Gobierno, de las instituciones de la UE, autonomías, partidos políticos, y ecologistas y sector agrario han participado en esta conferencia sobre la PAC, que será el punto de partida para consensuar una posición española, ante una importante reforma, que supondrá dos o tres años de negociaciones aún
