El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró en el Pleno del Congreso de los Diputados, que la voluntad del Gobierno de España es seguir avanzando en la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Luis Planas: incluir los costes de producción agraria en los contratos por escrito es una obligación legal
En este sentido, aseguró que el Gobierno va a trabajar en los próximos meses para lograr “una cadena alimentaria más justa, más equilibrada, y que incorpore valor en cada uno de sus elementos”. En definitiva, que sea el reflejo de lo que ha sido el sector agroalimentario español, que ha respondido a las necesidades de los ciudadanos durante la crisis del coronavirus.
Según recalcó el ministro, el cumplimiento de la Ley de la cadena “no es una opción, es una obligación legal”. Por tanto, que los costes de producción sean la base de la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario “no está sujeto a condición”.
Planas aclaró que, con esta reforma legislativa, el Gobierno busca corregir los desequilibrios de la cadena de valor, que se han producido de una forma cada vez más significativa desde el año 2013, con el fin “fomentar la transparencia en la formación de precios y de proteger al eslabón más débil, es decir, nuestros agricultores y ganaderos”.
En su intervención, explicó que la reforma de la Ley de la cadena alimentaria se está llevando a cabo en dos fases. En la primera, el Gobierno aprobó el pasado 25 de febrero, a petición de las organizaciones profesionales agrarias, un real decreto-ley (convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados), que por primera vez introduce que los costes de producción en la agricultura y ganadería deben ser inferiores al precio de venta de los productos.
La obligación de incluir estos costes de producción en los contratos por escrito de compraventa es considerada inaplicable en el sector de frutas y hortalizas, que compite en volumen y precios a la baja en el mercado comunitario con alguno de los productos importados de países terceros. Así lo considera las cooperativas y organizaciones de productores (OPFH) de las CC.AA. de Andalucía y la Comunidad Valenciana, como por la patronal sectorial, FEPEX, que no ven factible poder reflejar tales costes en dichos contratos.
En relación con la segunda fase, Luis Planas adelantó que en los próximos días el Consejo de Ministros efectuará la primera lectura del anteproyecto de ley, que traspone la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario.
El ministro apuntó que la elaboración del anteproyecto de ley, que se remitirá a las Cortes el próximo otoño, contará con un amplio debate con las CC.AA. y con el conjunto del sector agroalimentario para contar con sus aportaciones.
