Tras muchos meses de negociación, el Parlamento Europeo ha debatido en el Pleno de hoy su posición sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y, posteriormente, se votarán los tres reglamentos que la conforman. La eurodiputada Clara Aguilera, portavoz socialista de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara, ha subrayado que "la sostenibilidad de la PAC tiene que ser medioambiental, social y económica, porque si no hay explotaciones competitivas, no hay sostenibilidad".
El Parlamento Europeo debate sobre la PAC: por una reforma también social
Durante su intervención en el Pleno, Iratxe García, presidenta del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo, ha dicho que «no queremos una política solo medioambiental: tiene que ser también social». «Es necesario asegurar que los empleos son de calidad, que haya una renovación generacional en el mundo agrícola y que nuestras zonas rurales tengan futuro», ha subrayado García.
El punto de partida de los socialistas, asegura Aguilera, es que la nueva PAC siga apoyando la renta agraria de los agricultores y ganaderos, y que incluya mejoras en los mecanismos de gestión de mercado para fortalecer la posición de los agricultores y las cooperativas. Aunque la PAC mantiene un presupuesto importante, señala la eurodiputada, es fundamental establecer “cómo y a quién dirigimos las ayudas, para que el dinero llegue cuanto antes a aquellos agricultores que necesitan más apoyo económico porque el mercado no les paga una remuneración adecuada”. “Un ejemplo es el olivar tradicional, que está viviendo una crisis de precios muy grave, al igual que la ganadería extensiva (el ovino o el caprino)”.
Uno de los puntos clave de esta reforma es su apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, en línea con los compromisos y objetivos europeos. La sostenibilidad medioambiental, asegura Aguilera, “es muy importante, pero debe ir de la mano de la sostenibilidad económica y social: si cae uno de estos tres pilares, los demás también caerán”. En esta línea, García ha descrito la PAC como «un pilar fundamental del Pacto Verde Europeo». «La PAC, junto con la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Biodiversidad, deben hacer que nuestra industria alimentaria sea más saludable, más justa y más respetuosa con el medio ambiente», ha resaltado García.
La posición de los socialistas, de cara a esta reforma, está en la defensa de una PAC que ayude a los agricultores a competir tanto a nivel local como global y que garantice los elevados estándares de producción y de calidad y seguridad alimentaria europeos. “Junto con la sostenibilidad, es imprescindible que se mantenga la competitividad de la agricultura, porque una no puede subsistir sin la otra”, subraya Aguilera.
“Hay que dar incentivos para aquellos agricultores que libremente decidan comprometerse a hacer más por el clima y la sostenibilidad”, apunta Aguilera. En este sentido, señala Iratxe García, el Grupo Socialista apuesta por los ‘ecoesquemas’, «una serie de nuevas intervenciones diseñadas para incentivar acciones decididas para proteger el clima y el medio ambiente», es decir, un pago adicional y voluntario para los agricultores por llevar a cabo determinadas prácticas sostenibles.
Otro de los puntos clave por los que han luchado los socialistas es conseguir incluir la igualdad de género como un objetivo específico dentro de la nueva PAC. “El trabajo de muchas mujeres rurales se mantiene invisible y, por eso, es necesario articular programas para alcanzar la igualdad de género en las zonas rurales”, ha señalado Clara Aguilera, que sostiene que incorporar la perspectiva de género en la reforma de esta política “puede contribuir a evitar la despoblación en las zonas rurales y pueblos, porque quienes primero abandonan el ámbito rural son las mujeres jóvenes”. Del mismo modo, Iratxe García ha destacado que las mujeres «parten con desventaja» y ha insistido en «fomentar su participación en la gestión y apoyar a las empresarias».
Asimismo, García ha hecho hincapié en reconocer el trabajo de las empresas familiares. “El 95% son pequeños negocios familiares y en cada zona de la UE se enfrentan a retos diversos, desde la desertización y la escasez de agua en los países mediterráneos a los cortos veranos escandinavos”, ha remarcado. Por eso, ha dicho, “los planes nacionales deben coordinarse con las regiones”. “Estos planes estratégicos deben lograr el equilibrio entre una verdadera política común con la necesaria flexibilidad”, ha destacado.
Entre las enmiendas que defiende el Grupo Socialista está el ‘capping’ (límite) obligatorio, con un tope de 60.000 euros por explotación, así como reforzar el papel de las regiones e introducir la condicionalidad social de las ayudas. Una vez que los eurodiputados y eurodiputadas den luz verde a la posición de la Eurocámara en el Pleno del próximo viernes, podrán comenzar las negociaciones con el Consejo para acordar el texto definitivo de esta reforma.