La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, ha comunicado que abre de nuevo diversos expedientes sancionadores a algunas empresas de la Comunitat Valenciana, tras las denuncias presentadas por la organización agraria La UNIÓ de Llauradors en la pasada campaña de comercialización del caqui.
La AICA abre expedientes por incumplimientos de contratos y de los plazos de pago en la compraventa de caqui
Concretamente, en uno de los escritos remitidos por la AICA a La UNIÓ indica que abre dos expedientes sancionadores a una empresa al existir indicios razonables de que pudiera haber cometido infracciones tipificadas, en relación con el artículo 23 de la Ley 12/2013, de realizar modificaciones de las condiciones contractuales no pactadas y de incumplimiento de pago.
El organismo oficial considera, tal y como había trasladado La UNIÓ, que la empresa estaba presuntamente renegociando lo pactado en el contrato y concretamente el precio a pagar al vendedor de caquis (por un menor importe), y si el productor no aceptaba el nuevo precio no se le recogía la totalidad de la fruta apta para la comercialización existente en la parcela. Tras efectuar las comprobaciones oportunas en relación con la denuncia presentada, la AICA O.A. ha visto posibles incumplimientos a la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
En otro escrito dirigido por la AICA a aA UNIÓ se le abre expediente sancionador a otra empresa por incumplimiento de los plazos de pago, tras solicitar la organización agraria que hubieran controles e inspecciones para comprobar la existencia de contratos (23.1.a), así como el contenido de los mismos (23.1.b), en la compra de caquis por parte del operador comercial.
La UNIÓ aconseja a los diferentes operadores comerciales, tanto del caqui como de otros cultivos, que utilicen y cumplan los contratos que firman con los productores y que se mantendrá totalmente vigilante para denunciar ante la AICA cualquier vulneración de los mismos para defender los intereses de los/as agricultores/as de la Comunitat Valenciana.
