Motivos éticos y medioambientales justifican frenar por Ley el desperdicio alimentario. Un tercio de los alimentos que se producen acaba en la basura.
Así pretende el Gobierno frenar el desperdicio alimentario. Por Eduardo Moyano Estrada
Por Eduardo Moyano. Ingeniero agrónomo y sociólogo. Profesor y catedrático del IESA/CSIC.*
Asumiendo el compromiso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 de la Agenda 2030 y con la Directiva europea 2018/851, el Gobierno Sánchez acaba de aprobar (7 de junio de 2022) el proyecto de ley sobre Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, elaborado por el Ministerio de Agricultura.
El objetivo del proyecto es contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos y favorecer un mejor aprovechamiento de los mismos, tanto en la fase de producción, como en la de transformación, distribución y consumo. Si, tras el trámite parlamentario, el proyecto se convierte en ley, España será el tercer país de la Unión Europea (junto con Italia y Francia) en legislar sobre esta materia.
Como señaló el ministro Planas en su presentación, el proyecto de ley es un instrumento pionero para prevenir los efectos que tiene la ineficiencia de la cadena alimentaria en la pérdida y desperdicio de alimentos. Puso de relieve, además, las “consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas” de este problema.
El proyecto de Ley se plantea también como un instrumento de sensibilización social, ya que, si bien “el 20% de las pérdidas se da a lo largo de toda la cadena”, es un hecho que “el 40% se produce en la venta al por menor o en los hogares».
En la exposición de motivos del proyecto se reconoce que el problema del desperdicio de alimentos necesita de la firme implicación de los agentes que forman la cadena alimentaria y de la cooperación de la ciudadanía en tanto consumidores.
Este proyecto de ley trata, en suma, de “orientar el modelo de producción y consumo de alimentos hacia sistemas más eficientes y enfocados al desarrollo de una economía circular”.
Algunos datos
El estudio realizado en 2011 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señalaba que un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde o desperdicia, lo que equivale a 1.300 millones de toneladas al año. El estudio apreció una diferencia significativa entre los patrones de comportamiento según los países.
En los países ricos, la mayor parte de las pérdidas de alimentos se concentra en la etapa de consumo, debido al comportamiento del consumidor y a la falta de coordinación entre los diferentes actores de la cadena de suministro.
En la UE, por ejemplo, un 40% del desperdicio se concentra en el consumidor y otro tanto en la fase de transformación y fabricación, siendo del 15% en la restauración y del 5% en la distribución.
Sin embargo, en los países pobres, los alimentos se pierden principalmente durante las etapas iniciales e intermedias de la cadena de suministro, debido a limitaciones económicas, técnicas y de gestión del aprovechamiento, a deficientes instalaciones de almacenamiento, a la refrigeración en condiciones climáticas difíciles, al envasado, a los sistemas de comercialización…
En el caso español, los paneles de cuantificación de las pérdidas y desperdicio de alimentos (creados en el marco de la estrategia “Más alimento, menos desperdicio” desarrollada por el MAPA a partir de 2013) aportan información interesante sobre la magnitud de este problema.
Por ejemplo, en el año 2019 se desperdiciaron 1.352,50 millones de kg, y más del 80% de ese desperdicio correspondió a productos sin utilizar, desechados por deterioro. El mayor volumen de desperdicio correspondía a frutas, hortalizas y lácteos, que sumaban más del 50% del total de productos sin utilizar, mientras que las recetas más desperdiciadas eran las de legumbres, cocidos y sopas o purés.
Por otra parte, según los datos del Panel de cuantificación del desperdicio alimentario fuera de los hogares, las pérdidas totales de alimentos generadas durante el año 2019 por los consumidores en su consumo extra-doméstico fue de 30,5 millones de kg, lo que supone alrededor de 0,9 kg per cápita.
Los alimentos más desperdiciados fueron las hortalizas y verduras, la carne y el pan, sumando entre las tres categorías más del 50% del desperdicio de alimentos. Entre las bebidas destacaron las bebidas frías, en especial las refrescantes, el agua y la cerveza, sumando alrededor del 75%.
El proyecto de ley
A partir del informe emitido por el MAPA, acompañando la presentación del proyecto de ley, cabe destacar los aspectos más relevantes del mismo: la obligación de un plan de prevención para todos los agentes de la cadena alimentarias; el establecimiento de una jerarquía de prioridades de uso; la definición de un código de buenas prácticas; la planificación estratégica, y la aplicación de un régimen sancionador.
El proyecto de ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de disponer de un plan para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. El objetivo de ese Plan es que las empresas de la cadena alimentaria hagan un auto-diagnóstico de sus procesos productivos, identifiquen dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijen medidas para minimizarlos y prevean destinarlos a otros usos, estableciéndose para todo ello una jerarquía de prioridades.
Jerarquía de prioridades de uso
El proyecto de ley establece una prelación en el destino que los agentes de la cadena alimentaria deberán dar a los alimentos para evitar su desperdicio.
La prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos no vendidos. Para la donación de los excedentes de alimentos, los agentes de la cadena alimentaria deberán suscribir convenios con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro, así como con bancos de alimentos.
Las entidades de iniciativa social, que sean receptoras de alimentos procedentes de la cadena alimentaria, deberán garantizar la trazabilidad de los productos recibidos, utilizando para ello un sistema de registro de entrada y salida. En ningún caso, estas entidades podrán comercializar los alimentos recibidos, debiendo realizar su posterior donación a los posibles beneficiarios sin ningún tipo de discriminación entre ellos.
En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación en otros productos (por ej. zumos o mermeladas) de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo.
En un tercer orden, y cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la alimentación animal, la fabricación de piensos y el uso como subproductos para obtener compost o biocombustibles.
Buenas prácticas
Tal como hemos señalado, el proyecto de ley es consciente de que el tema del desperdicio de alimentos no puede tratarse sólo con instrumentos de control y sanción, sino que tiene una componente cultural que hay que abordar para favorecer la cooperación de los distintos agentes que intervienen en la cadena alimentaria.
Por eso, establece medidas de buenas prácticas, con el fin de ayudar a reducir el desperdicio de alimentos. Como ejemplo de buenas prácticas, el proyecto de ley cita que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de “productos feos, imperfectos o poco estéticos” o promuevan el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos…
Asimismo, el proyecto de ley incentivará la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo a la citada jerarquía de prioridades de uso.
Igualmente, promoverá que los agentes de la cadena alimentaria ajusten las fechas de consumo preferente de sus productos hasta el máximo, de tal modo que se garantice una adecuada calidad de los mismos. Además, se promoverá la investigación y la innovación sobre la viabilidad de los alimentos para alargar su vida útil.
Planificación estratégica
Para la planificación de la política de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, el proyecto de ley establece que el Gobierno elaborará un Plan Estratégico, revisable cada cuatro años. En ese Plan se definirá la Estrategia General contra el Desperdicio Alimentario y se determinarán las orientaciones que deberán seguir las Comunidades Autónomas en este ámbito.
Además, el MAPA elaborará un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario, debiendo realiza un Informe Anual sobre los resultados de su aplicación. Esta planificación estratégica formará parte del Programa Estatal de Prevención de Residuos.
Régimen sancionador
El régimen sancionador establecido en el proyecto de ley considera infracciones “leves” (con sanciones de hasta 2.000 euros) no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos. En concreto, se sancionará que las industrias, las empresas de distribución al por menor y las de hostelería y restauración, no lleven a cabo la donación a las empresas y entidades de iniciativa social de aquellos productos no vendidos, pero aptos para el consumo humano.
En el caso de las empresas y entidades que sean receptoras de las donaciones, se considerará infracción leve que no entreguen los excedentes a personas desfavorecidas, o que establezcan algún tipo de discriminación en el acceso al reparto de alimentos.
El proyecto de ley define como “falta grave” (con multas que pueden oscilar entre 2.001 y 60.000 euros) no contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. También se considera falta grave la segunda o ulterior infracción leve que suponga reincidencia en el plazo de dos años.
Como infracciones muy graves, sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros de multa, se considerará la segunda o ulterior falta grave que se cometa en un plazo de dos años.
Reflexiones finales
Con este proyecto de ley, el Gobierno Sánchez ha cumplido su compromiso con los acuerdos internacionales y las directivas europeas en materia de pérdidas y desperdicio de alimentos. Pero lo ha hecho también por imperativo ético, dadas las implicaciones económicas, sociales y medioambientales que este problema tiene.
Con ello, el MAPA, como responsable último de su redacción, ha mostrado la voluntad política necesaria para trasladar al ámbito legislativo lo que hasta ahora eran sólo iniciativas de sensibilización.
Sin embargo, dada la compleja naturaleza de este tema, les corresponde ahora a los agentes de la cadena alimentaria y al conjunto de los consumidores asumir como un deber propio contribuir a que pueda lograrse el objetivo 12.3 de la Agenda 2030 de reducir el desperdicio de alimentos.
Esa es la responsabilidad social de las empresas que forman la cadena alimentaria y la responsabilidad individual de los consumidores.
Asimismo, debe ser responsabilidad de los poderes públicos fomentar el consumo responsable y el valor de los alimentos desde el ámbito escolar, mediante campañas de concienciación en la escuela, institutos y universidades. Sin la implicación de todos estos agentes, difícilmente la futura ley podrá alcanzar los objetivos que se propone.
*Publicado en www.eldiariorural.es el pasado 16 de junio y ahora en la web de AgroNegocios por cortesía del propio autor.
