Acerca de la condicionalidad social de las ayudas de la PAC. Por Tomás García Azcárate

Tomás García Azcárate, Vice-director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) e investigador asociado del CEIGRAM

Tomás García Azcárate, Vice-director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) e investigador asociado del CEIGRAM

La Federación europea de los sindicatos de trabajadores del sector agrario, alimentación y turismo[1], ha lanzado el 17 de febrero pasado un manifiesto apoyando la propuesta del Parlamento Europeo de incluir la socio-condicionalidad entre las exigencias de la condicionalidad de las futuras”ayudas básicas para la sostenibilidad”, de la próxima PAC[2]. He tenido el honor de ser uno de los firmantes iniciales de este llamamiento.

Cuando se desacoplaron las ayudas en la mal llamada “revisión a medio plazo” de los años 2002 y 2003, el respeto a la legislación social del país estaba incluido en la propuesta inicial de la Comisión Europea, al lado del bienestar animal. Los meandros de la negociación hicieron que el bienestar animal figurara en el acuerdo final, pero el bienestar de los trabajadores del campo no tuvo la misma suerte.

Mi amigo y compañero de muchas batallas (algunas ganadas y otras muchas pérdidas) Ignacio López Garcia-Asenjo, responsable de relaciones internacionales de ASAJA, me ha hecho llegar públicamente su desacuerdo con unos argumentos que no comparto pero merecen ser conocidos, tanto sobre la forma del comunicado como sobre el fondo.

Sobre la forma

Querido Tomás.

Lamento profundamente que compartas las acusaciones que el comunicado vierte sobre el conjunto del sector agrario europeo, las negociaciones colectivas, el papel de los interlocutores sociales nacionales, y el propio sistema de Inspección de Trabajo.

“At least ten million people are employed in European agriculture, mainly as seasonal workers, day labourers or in other insecure statuses. Despite being defined as essential by the EU institutions and national governments when COVID-19 hit, the lived experience of many of these workers remains one of struggle, deprivation and violations of human rights. Inhuman working conditions, poor wages, long working hours, a high proportion of undeclared work and sub-standard housing are only some of the daily hardships faced by farm workers in Europe. Workers often fall prey to widespread exploitation, including gangmaster practices and other forms of modern slavery.

Although their plight remains largely invisible, farm workers, be they EU nationals or non-EU citizens, migrants or refugees, working in North, South, West or East Europe, are united in demanding rights, social justice, and dignity at work.”

Cuando leí el manifiesto antes de firmarlo, no tuve la impresión (quizás debido a mi insuficiente conocimiento del inglés) que el comunicado se refería al conjunto del sector agrario europeo. Habla de “many”, muchos, demasiados casos de explotación. Los casos de explotación son “often”, es decir a menudo.

Más adelante, el propio comunicado señala que, eliminando el dumping social, se protege a todos estos agricultores que respetan los derechos sociales y que sufren una competencia desleal por parte de aquellos que no lo hacen.

A mí me pareció un texto equilibrado. En todo caso pienso, y lo he escrito innumerables veces, que  mi profundo convencimiento es que la gran mayoría de los agricultores españoles (pero no olvidemos que este manifiesto tiene una dimensión europea) cumplen con sus obligaciones legales en general, y laborales en particular, y se encuentran entre los que son víctimas de esta competencia desleal de parte de unos pocos.

 Sobre el fondo

Ignacio López completa su carta señalando el punto de vista al respecto del COPA-COGECA, la  confederación europeo que representa a la gran mayoría de las organizaciones agrarias europeas (en España, sus miembros son ASAJA, UPA y COAG) y todas sus cooperativas.

En cualquier caso, y respecto a la condicionalidad social que está actualmente en debate en Trílogos, quisiera aportar el punto de vista del COPA-COGECA, que, como sabéis, agrupa al conjunto de organizaciones agrarias y cooperativas de la UE.

“While we understand the request on social conditionality, we do not consider the CAP, and its conditionality, to be the best instrument to regulate employment in the agriculture sector. Labour rights are already established nationally through statutory law or collective bargaining. So there is no need to impose additional burdens on employers at EU level through the conditionality mechanism under the CAP. This would also be contrary to the simplification principle. Moreover, including new criteria through the CAP could undermine the autonomy of social partners nationally, and those are the best suited organisations to adjust legislative frameworks into the specificities of each subsector in agriculture. From our point of view, to support farmers the best EU framework is the agricultural social dialogue and the best legislative instruments are guidelines or directives for certain topics. Conditionality has a complex framework of controls and there are many question marks on how these can be implemented.”

Tiene razón el COPA-COGECA cuando insiste en que los derechos laborales están ya amparados por leyes nacionales y los convenios colectivos, por lo que no sería necesario añadir más obligaciones burocráticas (“burden”) cuando se está promoviendo al mismo tiempo el principio de la simplificación.

Es verdad que existe una reglamentación nacional al respecto, como también existe para los aspectos medioambientales y del bienestar animal y, sin embargo, estos dos últimos sí que están incluido en la condicionalidad de las ayudas y la primera no.

Estaría encantado el día (que vendrá) en el que Europa se habrá dotado de un marco legislativo sobre las condiciones laborales similar al que existe para tanto la protección del medio ambiente como el bienestar animal. Pero, yo que me muevo en el ámbito de la “utopía posible”, me basta con que se exija el respeto a las leyes laborales en vigor en cada Estado miembro y a los convenios laborales firmados por las partes.

Esto no debería representar una complicación adicional para los agricultores, aunque si es verdad que obligaría a las distintas <dministraciones a conectar sus bases de datos. Esto en los tiempos del “big data” no me puede parecer un obstáculo insalvable.

Un agradecimiento final

No quiero terminar este artículo sin agradecerle a Ignacio López, el estilo de su comentario. Estamos acostumbrado en España a polémicas a base de exabruptos, descalificaciones e, incluso, insultos. Ignacio López, como corresponde a alguien de su categoría humana, experiencia y trayectoria sabe discrepar con firmeza, argumentando y respetando. Es desgraciadamente demasiado raro en nuestro país como para que no se subraye y se señalé como ejemplo de buen hacer.

[1]https://effat.org/. Los miembros españoles de esta federación son CC.OO, UGT, ELA y USO.

[2]https://effat.org/in-the-spotlight/press-release-open-letter-the-new-cap-needs-social-conditionality/