Adhesión de 78 entidades asociativas y empresas agroalimentarias al Código de Buenas Prácticas Mercantiles
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles (CBPM), al que se han adherido ya 78 entidades y empresas agroalimentarias, va a significar un paso decisivo para incrementar la eficiencia del sector agroalimentario español, en un marco de seguridad basado en el interés mutuo.
Isabel García Tejerina presidió este 10 de enero, en la sede del Ministerio, el acto de adhesión de empresas al CBPM en la Contratación Alimentaria, un sistema de autorregulación que establece los compromisos generales a asumir por los operadores en los contratos y los acuerdos comerciales.
En su intervención, la ministra destacó el esfuerzo de su departamento y de las asociaciones representativas de los agricultores, las cooperativas, las industrias y la distribución alimentaria para poner en marcha este Código, al que ya se han adherido 78 entidades, y varias más se encuentran en proceso de incorporación. En particular, García Tejerina reconoció la decisión de adherirse a un Código voluntario y el trabajo necesario para su puesta en marcha.
Según señaló, el CBPM establece una serie de principios básicos en las relaciones comerciales, como son el equilibrio y la justa reciprocidad entre las partes, la libertad de pactos, la buena fe, la equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, la cooperación y la transparencia, así como el respeto a la libre competencia y la sostenibilidad de la cadena alimentaria.
Estos principios, apuntó la ministra, “son los pilares necesarios para que la cadena alcance un mayor equilibrio entre los distintos eslabones, y que contribuya a que contemos con un sector fuerte y cada vez más competitivo”.
Además de los compromisos generales, el Código aborda las prácticas en relación a aspectos clave, como la negociación, la gestión, la innovación y la información. Asimismo, incluye compromisos adicionales relacionados con la garantía de la calidad de los productos, la reducción de los desperdicios alimentarios y el refuerzo de la cooperación ante situaciones de crisis de mercado.
En este marco, García Tejerina precisó que también se establece un sistema de resolución de conflictos, que obliga a las empresas adheridas a diseñar un procedimiento interno para su resolución.
Ley de la Cadena
Según recalcó, estos cambios exigen trabajo, compromiso y una práctica diferente a la que hemos tenido durante mucho tiempo, añadiendo que estos cambios ya se avanzaron con la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, una norma pionera en Europa, que está sirviendo de ejemplo para actuaciones comunitarias y de otros países.
En este sentido, la ministra señaló que la ley de medidas ha definido un modelo que se ha demostrado eficaz. Por una parte, con la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que ayuda y vigila el cumplimiento de la ley. Y, por otra, con el Código de Buenas Prácticas Mercantiles.
Según la ministra, el intenso trabajo desarrollado para redactar el Código ha puesto en valor el esfuerzo de los operadores, que han recibido el reconocimiento formal por su adhesión: grandes organizaciones de productores; PYMES y grandes industrias; federaciones de empresarios detallistas; la Confederación Española de Comercio y la distribución organizada.
Éxito sectorial
Para la ministra, todos ellos son partícipes e impulsores del éxito del sector agroalimentario español, un sector que crea riqueza en todos sus eslabones. En concreto, las leyes de la Cadena e Integración Cooperativa, las Líneas Estratégicas de Internacionalización, y otras muchas iniciativas han contribuido a crear un clima de confianza y seguridad que ha permitido al sector ganar cuota de mercado y ofrecer unos datos positivos relevantes.
En este contexto, la ministra se refirió al incremento de la renta agraria, que en 2016 ha alcanzado la cifra de 25.255 millones de euros, con un incremento del 5,1% sobre 2015. También ha comentado que los datos de la industria son muy positivos, con una facturación en 2015 de 95.000 millones de euros (un 1,6% superior al año anterior), y con la creación de 10.000 puestos de trabajo.
Asimismo, García Tejerina destacó que España está a punto de superar los 46.000 millones de euros en exportación, según el último año móvil, y que alcanzamos por primera vez un superávit de más de 11.000 millones de euros.
Actualmente, el sector agroalimentario en su conjunto supera el 10% de aportación al PIB español, y sostiene un empleo de más de 2,5 millones de puestos de trabajo. Para García Tejerina, esto no se hubiera logrado sin la voluntad de diálogo, la capacidad de trabajo y la responsabilidad del sector. “Hoy el sector agroalimentario español es más fuerte, equilibrado y, como consecuencia de ello, más competitivo”, añadió.
Por último, la ministra animó a todas las empresas y asociaciones a adherirse a este Código, en el convencimiento de que supone una gran aportación para la creación de riqueza y de sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, tiene entre sus fines lograr un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales, mejorar el acceso a la información y la trazabilidad a lo largo de la cadena alimentaria, y regular las prácticas comerciales.
Para lograr esos objetivos, la ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria. La autorregulación se concreta en el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria sobre el que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena alimentaria.
De esta forma, los operadores económicos que se adhieren al Código se comprometen a aplicar, de forma voluntaria, prácticas mercantiles que fomenten relaciones justas, equilibradas y leales entre los operadores de la cadena alimentaria, y a resolver los conflictos que se pudieran suscitar a través del sistema establecido en el mismo.
El Código es de aplicación uniforme en todo el territorio español y la adhesión al mismo es voluntaria por parte de los operadores de los distintos ámbitos de la cadena alimentaria. Tras su adhesión al Código, estarán obligados a que sus relaciones comerciales se ajusten a sus principios y reglas y a la utilización de los sistemas de resolución de conflictos establecidos en el mismo.
Entre sus principios básicos destacan: el equilibrio y justa reciprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa distribución de riesgos y responsabilidades, cooperación, transparencia, respeto a la libre competencia en el mercado y sostenibilidad de la cadena alimentaria.
Para interpretar y determinar el alcance de las cláusulas que componen el Código, se establece una Comisión de Seguimiento que realizará además una serie de funciones en relación con la promoción, seguimiento del grado de implantación y cumplimiento y mejora del formulado del Código.
En colaboración con el Observatorio de la Cadena Alimentaria, llevará a cabo el diseño y la puesta en marcha del “panel para el seguimiento de la innovación en la cadena agroalimentaria”.
Esta Comisión de Seguimiento, estará integrada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Competitividad y representantes de las organizaciones y asociaciones representativas de los diferentes operadores de la cadena alimentaria.
Aportaciones del CBPM
- El Código de Buenas Prácticas es una gran oportunidad para corregir los problemas del sector.
- Es fruto del consenso entre los agentes que operan en la cadena alimentaria que definen de mutuo acuerdo las prácticas que consideran adecuadas y tolerables.
- Permite aumentar significativamente el marco de protección de los operadores por encima de las prácticas objeto de regulación.
- Mejorará las relaciones comerciales al fomentar unas relaciones justas, equilibradas y leales.
- Su sistema de resolución de conflictos permite ofrecer una respuesta rápida, con reducidos costes operativos y con garantía de imparcialidad ante las posibles discrepancias que pudiesen ocasionarse.
- Las organizaciones de productores y los compradores contarán con una mediación específica para cuando no haya acuerdo en la determinación del precio en la contratación de los productos agrarios no transformados.
- Las organizaciones y asociaciones adheridas al Código y presentes en su Comisión de Seguimiento, trabajarán conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el diseño y puesta en marcha de un “panel para el seguimiento de la innovación en el sector agroalimentario”, con objeto de impulsar el desarrollo de la innovación alimentaria.
- Los operadores inscritos podrán utilizar un logo con la mención de «Acogido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria» y periódicamente se les dará publicidad en la sede electrónica del Ministerio y en el Boletín Oficial del Estado.
- También se prevé que la inscripción de los operadores al Código se tenga en cuenta en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones que en relación con la alimentación y la cadena alimentaria se promuevan por parte del Ministerio.
Adhesiones
El 24 de noviembre de 2015 las asociaciones representativas de los agricultores, las cooperativas, las industrias y la distribución alimentaria firmaron el acuerdo que aprobaba el Código, y el 10 de diciembre de 2015 se publicó en el BOE mediante Resolución de la Dirección General de la Industria Alimentaria. Tras casi un año desde su puesta en funcionamiento, ya se han adherido 78 entidades.