Luis Planas: “Estamos ante una década de cambios y retos significativos para nuestra agricultura”

Entrevista al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas

Alfredo López/Elisa Plumed

En el pasado número de AgroNegocios publicamos, con motivo del XX aniversario del quincenal, una entrevista con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, realizada presencialmente a finales del mes de junio. Reproducimos aquí un amplio resumen de la charla de dos horas con el ministro, aunque evidentemente todavía no se había producido la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que concluyó el pasado 21 de julio, en donde se dio luz verde al Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y, dentro del mismo, al presupuesto para la nueva PAC.

AgroNegocios.-  ¿Dónde estaba usted hace 20 años y dónde cree que estará la agricultura española y las explotaciones familiares agrarias dentro de otros 20?

Luis Planas.- Hace 20 años estaba en Bruselas, trabajando en la Comisión Europea como director de gabinete de Manuel Marín, vicepresidente de la Comisión. Dentro de 20 años… prefiero no ir tan lejos y quedarme con la referencia de 2030, dentro de diez, para pautar los escenarios según los retos y desafíos que tenemos. España y la UE se plantean la doble perspectiva 2030-2050 para ir cumpliendo los objetivos de descarbonización y de lucha contra el cambio climático. Estamos en una década de cambio fundamental en la agricultura y ganadería europeas,  particularmente en España por la importancia y el dinamismo de nuestro sector agroalimentario. Creo que se van a producir cambios fundamentales desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, de la sostenibilidad económica (rentabilidad de explotaciones, modernización y demás) y de la sostenibilidad social. En esta última por el gran cambio sociológico que se va a dar en el medio rural español por el necesario rejuvenecimiento, ante la jubilación de buena parte de nuestra población activa  agraria: dos tercios, más del 60% de la misma, para 2030. Ello implica mucha tarea y retos por delante. Si añadimos otras cuestiones, que necesariamente se van a producir en este periodo, como las ligadas a la innovación y a la digitalización, creo que va a darse un cambio muy significativo en el sector agrario español. Si nos preparamos y lo hacemos bien, y colectivamente estamos en condiciones de hacerlo bien, el resultado puede ser muy positivo para nuestro país.

¿Se van a mantener las explotaciones familiares agrarias, tal y como las conocemos ahora, o va a haber otras formas de trabajar la tierra y la ganadería?

La agricultura profesional y familiar es ahora el eje vertebral del sector agrario y ganadero español y en 2030 lo continuará siendo, incluso más. Todo este proceso de renovación va a conducir necesariamente a que haya un sector capaz de desafiar todos los retos tanto en la UE, como en terceros países, porque somos netamente exportadores. Algunas explotaciones marginales tenderán a desaparecer, eso es verdad. Lo estamos viendo estos años, con la disminución del número de solicitudes de la PAC. Ahí se produce un incremento del importe individual de las ayudas, pero el número de solicitantes es menor. En el plano demográfico, la evolución en el número de agricultores va a ser a la baja, aunque menor y de forma mucho más ligera que lo fue desde el año 2000 y desde la entrada de España en la UE.

NUEVA PAC 2021/2027

“Llega la hora de la verdad a nivel europeo y nacional para la PAC y ambos escenarios son complicados”

¿Cuál es el calendario que maneja ahora mismo el Ministerio sobre la próxima PAC?  Las Estrategias del Pacto Verde Europeo, ¿van a retrasar su puesta en marcha?

La PAC es la suma en estos momentos de cuatro piezas a tener en cuenta: en primer lugar, las propuestas financieras de mayo de 2018 y las actuales de mayo de 2020, con el añadido del Fondo de Recuperación post-coronavirus. En segundo lugar, la propuesta de reforma de los tres reglamentos de junio de 2018, y en tercer y cuarto lugar los dos documentos estratégicos “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030” de mayo de 2020.

La crisis del coronavirus plantea un escenario diferente al anteriormente propuesto. Desde España siempre hemos defendido con las CC.AA., organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y organizaciones ambientales que deberíamos disponer de, al menos, los fondos del actual período 2014-2020 para hacer frente a los nuevos retos de la nueva PAC como, por ejemplo, el hecho de que globalmente un 40% de los mismos tengan que destinarse a cumplir objetivos medioambientales, como la lucha contra el cambio climático o la preservación de medio natural. Si añadimos las dos estrategias, que plantean nuevas ambiciones, todo esto tendrá reflejo en el contenido de la próxima PAC y en el de los planes estratégicos nacionales. La postura del Gobierno de España es clara: queremos una PAC potente y dotada financieramente con los mismos medios que en el periodo 2014-2020. La discusión de los tres reglamentos en el Consejo y el Parlamento está bastante avanzada y mi impresión es que, tras la luz verde a las cifras del presupuesto, se podrá avanzar con rapidez para concluir aproximadamente en este otoño.

Nosotros tendremos que elaborar el borrador del Plan Nacional Estratégico de España en el primer trimestre de 2021, en el que deberemos incluir ya las recomendaciones que la CE nos envíe antes de final de año sobre las Estrategias. Aunque, al igual que la Comisión, apostamos por que la nueva PAC entrase en vigor el 1 de enero de 2022, la realidad es que se retrasará al 1 de enero de 2023, con dos años, 2021 y 2022, de transición. Esta es la perspectiva temporal, se ha avanzado mucho en la discusión interna, pero ahora llega la hora de la verdad a nivel europeo y a nivel nacional. Ambos escenarios son muy complicados.

En la discusión interna con las CC.AA. sobre la distribución de los fondos, ¿se va a partir de cero o cree que cada una, como en anteriores reformas de la PAC, va a insistir en aquello de “qué hay de lo mío”?

Tendremos que llegar a un consenso y donde no lo haya tendrá que arbitrar el Ministerio y yo mismo como ministro en relación con estas situaciones. Me gustaría que fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en los supuestos básicos, pues tenemos un buen número de asuntos a resolver. Por ejemplo, en el primer pilar, ¿cuál es la dotación que tendrá el pago básico a la renta, que incluirá los condicionantes medioambientales del “pago verde” de la PAC actual?

En segundo lugar, ¿quién es el agricultor genuino a los efectos de la percepción de las ayudas? Hablamos del agricultor profesional, de agricultura familiar, pero agricultor genuino es quien vive de la agricultura y de la ganadería, aunque en algunas partes del país lo es a tiempo parcial, aunque sea profesional. Esto habrá que tenerlo presente.

El tercer elemento es ¿cuál es el peso y cómo articulamos los objetivos medioambientales, muy importantes, en esta PAC? La nueva PAC debe dar respuestas a la lucha frente al cambio climático, a la preservación del medioambiente, del agua, del aire, del suelo, de la biodiversidad y del paisaje, con una serie de objetivos a cumplir. ¿Cómo articulamos ese gasto del 40% de la PAC destinado a objetivos medioambientales en el periodo 2021-2027? En el primer pilar está claro: tenemos los eco-esquemas que, como pago complementario, pueden favorecer la preservación de la cubierta vegetal, la ganadería extensiva, la rotación de cultivos…y se pueden añadir aspectos relativos a planes individuales para reducir el uso de fitosanitarios y e incluir también cuestiones sobre la preservación de la biodiversidad.

También hay posibilidad de articular en el segundo pilar (Desarrollo Rural) otras medidas que preserven el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, en materia de agricultura ecológica, tendremos que discutir con las CC.AA. si la incluimos en ambos pilares o solo en el segundo, cómo articulamos las medidas, etc. Su fomento es uno de nuestros objetivos, pues desde el punto de vista productivo y de la demanda de los consumidores europeos la tendencia es clara y nuestro compromiso también. De ahí, por ejemplo, la propuesta de triplicar a 2050 la actual superficie de olivar ecológico.

Por otro lado, para dar respuesta a las economías de escala existentes, la ayuda básica percibida por las pequeñas y medianas explotaciones debe poder incrementar su importe a través del pago redistributivo a las primeras hectáreas de cada explotación, hasta un umbral que deberemos establecer. Para la financiación de este pago, tendremos que tener en cuenta no solo las cantidades que se detraigan de aplicar la limitación de los pagos o “capping” sino también, si es necesario, tendremos que hacer un ajuste en el volumen total de la ayuda básica a la renta.

Usted ha dicho que los más de 26.000 M€ de incremento del presupuesto de la PAC sobre la propuesta de 2018 es una buena base de negociación, pero algunas CC.AA. y las organizaciones agrarias ven un recorte del 9% o más. ¿Cómo se compatibiliza eso con que necesitamos más?

Es bueno hacer una revisión de hemeroteca, y una publicación, como Agronegocios,  ya tiene unas cuentas discusiones sobre perspectivas financieras y reformas de la PAC. Si no me equivoco, en 20 años será como mínimo la tercera. ¿Qué significa esto? Pues que este debate (sobre más o menos presupuesto para la PAC) es un clásico. ¿Cómo y cuánto se mide, cuál es la referencia? No pierdo ni un segundo y el Gobierno tampoco. Se lo he dicho a las organizaciones agrarias y a las CC.AA. Lo primero que tenemos presente es que hay más dinero que en la anterior propuesta y, segundo, que lo mínimo es conseguir la cifra del periodo 2014-2020.

La Comisión Europea mantiene su propuesta de reducir la cofinanciación de los Fondos FEADER a Desarrollo Rural. ¿Cuál es la posición del Ministerio, porque si por una parte van a dar 15.000 M€ (al final, la cifra se queda en 7.500 millones) del Fondo de Recuperación y, por otra, reducen la cofinanciación comunitaria, ¿significa que las Administraciones nacionales van a tener que aportar más?

Lo que planteamos de cara a la negociación es volver a la cofinanciación del actual  periodo de programación 2014-2020. Eso nos parecería un paso importante, pero, ¡ojo!, la propuesta de la CE de reducir la cofinanciación no solo afecta al FEADER, sino al conjunto de los fondos estructurales (FSE, FEDER, FEMP…) y hace la discusión más global. De hecho, los beneficiarios no van a notar el resultado final, porque se trata de un problema absolutamente financiero para la Administración nacional y las CC.AA., que somos los que tendríamos que poner más dinero sobre la mesa para que el destinatario final recibiera las ayudas.

REVISIÓN DE LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

“Estamos haciendo una revolución legal en la formación de los precios para reequilibrar la cadena de valor”

Ha habido críticas de cooperativas andaluzas y valencianas y de la patronal FEPEX a algunos aspectos de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. En concreto, sobre lo que consideran como inaplicabilidad de tener que fijar obligatoriamente los costes de producción en los contratos por escrito. ¿Es posible esta obligación en el contexto de mercado global en el que nos movemos?

La Ley 12/2013 de mejora de la Cadena Alimentaria fue una muy buena ley en su momento, una ley pionera, pero había que ponerla al día, porque se había quedado atrás al no contemplar las evoluciones de la cadena alimentaria. El Decreto Ley 5/2020, que el Gobierno aprobó y que entró en vigor el pasado 26 de febrero, supone un paso adelante muy importante tanto por la voluntad del Gobierno, como porque lo demandaban todas las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias. Es un paso adelante en cuatro aspectos: el primero, en lo relativo a que los costes de producción formen parte fundamental de la negociación entre vendedor y comprador en el marco de un contrato escrito. Ambos elementos, costes de producción y contrato escrito son igualmente importantes. Segundo, que no haya destrucción de valor en ningún segmento de la cadena, es decir, que el precio de venta sea superior al de los costes de producción. Tercero, que se eliminen aquellas campañas que, desde el punto de vista comercial, son maliciosas, deformen la imagen de un producto en su venta o su consumo, y finalmente, también de interés, la publicidad de las sanciones graves y muy graves a efectos de simplificación.

¿Cuáles son las necesidades que se quieren responder con ambos cambios legales?

Con estos cambios queremos dar respuesta a tres necesidades básicas: reequilibrar claramente la cadena alimentaria a favor del eslabón más débil, que es el productor agrícola y ganadero, en una tendencia que en los últimos años no solo se ha dado en España, sino también en Francia y Alemania. La reivindicación de precios justos es quizás la que mejor ilustra esa voluntad y esa percepción de que precios bajos, unidos a la volatilidad de los mercados y también a condiciones climáticas adversas, han llevado a campañas francamente difíciles para muchos sectores. Un segundo elemento fundamental es la transparencia en la formación de los precios, de cómo los procesos agregados de valor se van produciendo y, en tercer lugar, la protección del eslabón más débil. El Decreto Ley es un paso adelante importante y no solo aplicable en el sentido del artículo 6 del Código Civil, sino que tiene un significado por sí mismo en las negociaciones para favorecer la posición del que está en una condición negociadora de un pequeño frente a un mediano o grande, que es de lo que parte la Directiva. Por tanto, es verdad que ha habido críticas, hay quien pretende que sea la Administración la que fije precios, lo cual no es posible. El artículo 38 de la Constitución Española y los tratados comunitarios son muy claros en este punto: estamos en una economía social de mercado. Diría que en un extremo está quien pretende una aplicación de absoluta rigidez y en otro, quien dice que esto no es aplicable. Esto no es cierto, es perfectamente aplicable.

Se tendrá que reforzar bastante el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Su papel es fundamental, en una labor coordinada con las CC.AA. en la aplicación de la Ley de la Cadena, y se va a reforzar en medios materiales y humanos tras las revisiones legales introducidas en el Decreto-Ley y en el proyecto de Ley en marcha. En el fondo, estamos haciendo una revolución en la formación de los precios, en el sentido de la transparencia, que no le debe costar más dinero al consumidor final, pero que nos debe permitir reequilibrar la cadena alimentaria y producir un efecto muy ventajoso de cara a la modernización y a la planificación de las campañas y demás. Hoy en día, la mayor parte de las transacciones mercantiles en la cadena alimentaria, sobre todo las del eslabón inicial, pero también de otros, se producen no de forma escrita. Es muy importante que exista un contrato por escrito y por eso hemos querido calificar de sanción grave su ausencia en una relación comercial.

 Pero estamos en un mercado muy abierto, con productos que llegan desde terceros países, que no van a cumplir esas condiciones, que cuentan con salarios bajos, que producen más barato, con uso de insumos que aquí están ya prohibidos….

 Este no es en modo alguno un argumento. No es un problema vinculado a la Ley de la Cadena, sino a otras cuestiones. Desde el punto de vista de la política comercial comunitaria, si se imponen condiciones suplementarias a la producción de nuestros agricultores y ganaderos, va a ser necesario, muy probablemente, más rigidez para imponer condiciones, si no equivalentes, sí homólogas en el uso de fitosanitarios, en exigencias medioambientales, a nivel social y en otras relacionadas con la producción y con estándares de sanidad y salud. Este no es el problema y no hay que vincularlo ahí. Toda la producción tiene que estar en el mercado. Que los costes de producción tengan que ser inferiores al precio de venta, no quiere decir que uno no tenga garantizada la venta si no es así. Habrá que producir en condiciones de competitividad porque, es verdad, forma parte de nuestro funcionamiento económico. El problema no son los competidores de países terceros, sino competir en buenas condiciones sin que se detenga la necesaria innovación y modernización de nuestra agricultura. Creo que hay mucha gente que tiene puesto aún el antifaz y tiene que quitárselo. Por ejemplo, Francia tiene una ley bastante más intrusiva que la española después de la reforma. El modelo que propongo me parece más ajustado a nuestra realidad. En lugar de inventarse teorías por las cuales no se puede aplicar, hay que hacer algo mucho más elemental: aplicarla, porque es una obligación legal.

“Las cooperativas agroalimentarias tienen que tener también en cuenta los costes de producción en la fijación de precios a sus socios en los contratos por escrito”

 La denominada “venta a pérdidas” ¿pasará  a ser competencia estatal o se mantiene en las CC.AA?

El reparto competencial no se va a ver alterado. La Administración General del Estado interviene en aquellos casos en los que hay afectación en elementos de la cadena alimentaria en distintas CC.AA o en aquellos en las cuales los productos son la mayoría del país. En suma, se trata de una tarea muy interesante y muy compleja. Por eso, ahora, todo juicio sobre la aplicación de los cambios es precipitado, y más en las circunstancias extraordinarias de los últimos meses. Esto no se logra de la noche a la mañana. La cultura del contrato supone una negociación, el cálculo de unas estimaciones de costes que, normalmente, quien produce las tiene, pero no siempre las puede evidenciar o probar. También supone la asunción por parte del comprador de que hay que discutir esos costes. Y es perfectamente posible introducir esa discusión en el seno de las cooperativas agroalimentarias. Vamos a ver cómo lo hacemos, si a través de una configuración estándar, “ad hoc” o de qué manera. En cualquier caso, una cosa está clara: las cooperativas agroalimentarias, a pesar de su naturaleza específica, donde el cooperativista es socio y, por tanto, propietario, pero a la vez es también productor, es evidente que no pueden escapar a la regla de la fijación de los costes de producción en los precios de venta. Lo contrario sería hurtar de la aplicación de la ley a una buena parte al sector agroalimentario, por ejemplo a dos terceras partes de la comercialización en origen del vino o del aceite de oliva que se realiza a través de las entidades asociativas.

 Eso lo intentaron los franceses y tuvieron bastante contestación.

A mí no me preocupa la contestación. Me preocupa que entre todos seamos capaces de ver cuál es el problema. Es una cierta contradicción que las cooperativas agroalimentarias se manifiesten con las organizaciones profesionales agrarias para reclamar unos precios justos, frente a los precios bajos, y que a continuación se pretenda decir que no se puede tener en cuenta los costes de producción a la hora de fijar los precios de pago. Estoy convencido de que hay solución para ello, de acuerdo con el diálogo que mantengo ahora con Cooperativas.

 MEDIDAS POR LA CRISIS DEL COVID-19

 “Creo sinceramente, en conciencia, que hemos puesto sobre la mesa un paquete sólido de medidas para los sectores agroalimentarios afectados por la crisis sanitaria del Covid-19”

En cuanto a las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 en algunos sectores agrarios afectados, ¿a qué se deben las críticas y el hecho de que las ayudas de Estado sean inferiores si se las compara con otros países?

En relación a la situación de la crisis económica, vinculada a la sanitaria del Covid-19, cada país ha dado una respuesta diferente, según sus propias circunstancias y planteamientos. En mi opinión, la respuesta que ha dado el Gobierno español al sector agroalimentario ha sido muy potente y sólida, con varios elementos a tener en cuenta. Uno, el Gobierno ha dado un apoyo muy importante a las CC.AA., que las ha permitido disponer de un mayor margen de maniobra presupuestario para responder a la crisis con carácter general, pero también a nivel sectorial. Los 25.500 M€ suplementarios de financiación a las 17 CC.AA. y ciudades autónomas son una cantidad por encima de la financiación ordinaria, y no sólo han ido a Sanidad y a Servicios Sociales, evidentemente. Dos, las medidas horizontales adoptadas por el Gobierno, la más significativa globalmente son los avales públicos del ICO en relación con los créditos, que en más de un 10% han ido a parar al sector agrario, industrial y de la distribución alimentaria. A todo ello hay que sumar los temas fiscales y laborales. Tres, están las medidas de flexibilización de procedimientos y las ayudas europeas, con una campaña de la PAC prolongada en el tiempo hasta el 15 de junio, en vez del 15 de abril; la posibilidad de cobrar hasta el 70% de los pagos directos y hasta el 85% de algunas ayudas de Desarrollo Rural a partir del próximo 16 de octubre, incluso no teniendo que agotar antes todos los controles previos de años normales, junto a las ayudas al almacenamiento privado en carne de vacuno, ovino y caprino; la flexibilización de los programas sectoriales de frutas y hortalizas, y del programa nacional de apoyo al vino. Y cuatro, las ayudas específicas y que complementan todo lo anterior en varios sectores productivos afectados, como ovino y caprino (10 M€, más el complemento de las CC.AA., a sumar a los 168,5 millones de la ayuda acoplada de la PAC); el sector vitivinícola (90,5 M€ del PASVE del vino para destilación de crisis, almacenamiento privado y, por vez primera, cosecha en verde); el sector productor de porcino ibérico (10 M€), y el sector productor de flor cortada y plantas ornamentales (10,5 M€).

Pero los sectores productores afectados insisten en que esas ayudas son escasas en relación a las pérdidas causadas por el Covid-19.

Hay que verlo todo en conjunto. Por ejemplo, el sector de la flor cortada, según la información de que dispongo, se ha beneficiado de muchas de las ayudas horizontales del ICO. No hay que olvidar tampoco lo aprobado por el Parlamento Europeo, con la posibilidad de que hasta un 2% del importe de las cantidades no comprometidas con cargo a los Programas de Desarrollo Rural del actual periodo 2014-2020, puedan utilizarse en ayudas a sectores en crisis, llegando hasta 7.000 euros en el caso de agricultores individuales y hasta 50.000 euros en caso de las pymes. ¿Quiere decir que con esto todo esté solucionado? No. Por eso, hemos pedido a la Comisión Europea fondos suplementarios si las condiciones de mercado empeoran, por lo que hay que seguir muy atentos a las situaciones planteadas. En segundo lugar, la propia reactivación del sector de hostelería y restauración (Horeca) debería mejorar la situación. Pongo un ejemplo: en el sector del ibérico pretendemos reducir unas 250.000 cabezas, antes de la montanera, para que no sean criadas para entrar en la Norma de Calidad y así liberar la presión sobre este sector. Es legítima cualquier opinión al respecto pero creo, sinceramente, en conciencia, que lo que hemos puesto sobre la mesa es un paquete tremendamente sólido, combinando los elementos europeos con los nacionales, complementados también, lo digo con satisfacción, con los recursos de las distintas comunidades autónomas.

POLÍTICA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

 “La UE tiene que pasar de defender un principio de equivalencia a uno de homogeneidad en los intercambios comerciales agroalimentarios con países terceros”

 La Comisión ha propuesto una consulta pública previa a revisar la política comercial de la UE. Desde el punto de vista agroalimentario, ¿cómo cree que debería ser esta política, teniendo en cuenta las implicaciones del Pacto Verde Europeo, la actual crisis de la OMC, la “guerra” comercial EE.UU.-China, el veto comercial ruso, el Brexit…? ¿Cómo debería ser el principio de reciprocidad con terceros países?

Creo que es necesario el multilateralismo. La existencia de un mercado globalizado y de una competencia internacional, basada en la reducción de aranceles en los últimos 25 años, ha ido bien a todo el mundo y, en primer lugar, a los ciudadanos de los países más desarrollados, pero también a los de menos desarrollo. Ha sido un factor que ha permitido disminuir la pobreza, fomentar el desarrollo económico y disminuir el hambre y la malnutrición en el mundo. Por otro lado, la experiencia de esta pandemia nos  muestra claramente que en los sectores básicos, como el sanitario o de la salud o, evidentemente, en el sector agroalimentario, tenemos que mantener una suficiencia alimentaria.

¿Suficiencia o soberanía alimentaria?

Ese es un debate conceptual. Los franceses utilizan la palabra soberanía. La Unión Europea es un modelo de soberanías compartidas. En un país, como España, en el que amamos lo próximo, lo fresco, lo artesanal, tenemos que proteger nuestra producción, pero sin olvidar que colocamos en el exterior más de la mitad de lo que producimos. En términos de política comercial nos dirigimos a lo que Pascal Lamy (ex director general de la OMC y ex comisario de Comercio) denominó el “precaucionismo”. Los países más avanzados, con mayores niveles de renta y de edad de la población, llevan aparejados unos estándares de producción y de consumo más elevados desde el punto de vista medioambiental, social y de seguridad alimentaria. Hasta ahora, en la UE hemos defendido la doctrina de la equivalencia. Por ejemplo, en los residuos de fitosanitarios, pero ahora tenemos que defender un principio de homogeneidad. Nuestros agricultores llevan mucha razón cuando se quejan de que un producto prohibido en España, aunque tenga productos sustitutivos, es utilizado en un país tercero. Esta es una cuestión que merece la pena revisar.

POLÍTICA Y CONSUMO ALIMENTARIO

“Vamos hacia una alimentación diferenciada, como lo es también la sociedad”

 Decimos que alimentación y salud son un binomio indisoluble. Sin embargo, los españoles cada vez consumen menos pescado y verduras, y más platos preparados; además, diversas fuentes médicas afirman que la mitad de los ciudadanos tienen sobrepeso.  La alimentación… ¿Preocupa verdaderamente a los ciudadanos?

La vida no es unidireccional. Hay diversas tendencias que concurren. La necesidad de una alimentación sana es universalmente aceptada y ahora lo hemos visto durante el estado de alarma, cuando se han producido comportamientos muy dispares: por un lado, ha habido una queja de sobrepeso por falta de ejercicio y, por otra, se ha producido una reflexión consciente de consumir productos frescos y cocinar en casa. Desde la Administración defendemos disminuir el despilfarro alimentario a la mitad en 2030. Todos los temas de salud son muy importantes y tenemos programas financiados por la UE para fomentar el consumo de leche, frutas y hortalizas en niños y jóvenes; impulsamos la Dieta Mediterránea y en nuestras campañas de promoción de «Alimentos de España» apoyamos el consumo de producto fresco y de proximidad, que suele coincidir con una producción pequeña o artesanal.

La Estrategia  “De la granja a la mesa” propone incrementar la superficie ecológica un 25% en la Unión Europea. Sin embargo, según una encuesta reciente de la OCU, en España sólo uno de cada cinco consumidores está dispuesto a gastar más dinero en alimentos sostenibles. Hay que producir para el mercado, pero ¿el mercado está dispuesto a pagar más?

Es una dualidad real. En ecológicos, España es más productora que consumidora. Tenemos que apoyar la producción, pero también explicar el consumo,  aumentar la información a los ciudadanos sobre los productos ecológicos. Los alimentos orgánicos son de mayor valor añadido y también de mayor precio. Hay un sector de mercado que va ahí, pero hay otro que va a mejor precio. La dirección del mercado no es unidireccional, cualquier estudio del mercado muestra una segmentación. Todos los años pongo el ejemplo: el primer alimento más consumido es el producto sublime de los frescos ¡la ensalada!, el segundo, la pizza.

¿Vamos a una alimentación barata y otra cara?

Vamos a ir a una alimentación diferenciada, como lo es la propia sociedad. Como ministro y como Gobierno, estoy a favor de una alimentación saludable y que responda no sólo a las condiciones nutricionales, sino también a los valores sociales. Creo que coexisten distintas tendencias dentro del mercado y eso lo vemos en la segmentación del mismo.

 ¡Qué complicado es el sector agroalimentario!

Más que complicado, es un sector complejo, diverso, pero es un sector positivo, bonito y con futuro. Porque nuestras tres citas diarias nadie nos las puede quitar.

¡Y qué desconocido es este sector! A veces da la impresión que hasta para sus compañeros de Gobierno en Moncloa, con los que ha tenido ciertos desencuentros.

Creo que las manifestaciones de agricultores y ganaderos de principios de año, junto al comportamiento de la cadena alimentaria durante la crisis del coronavirus, han servido para reivindicar su papel central y mucha gente lo ha comprendido.

¿También en su Gobierno con las declaraciones de sus colegas de Trabajo, Universidades, Consumo…?

Creo que sí. Me parecen temas de matiz, no significativos. Lo dijo el presidente del Gobierno cuando mencionó a los agricultores como actores fundamentales y todo el mundo lo tiene claro. Me siento muy orgulloso de ser ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación porque es un sector que tiene un futuro muy importante en esta década.

————————————–

CORRECTO, ¡CORRECTÍSIMO¡

“Guardo las formas con todo el mundo” afirma el ministro de Agricultura, Luis Planas. No se sabe si sus buenos modos le vienen de cuna o son el “savoir faire” adquirido durante sus seis años como embajador en Marruecos. Hombre pulcro y muy ordenado. A  la hora de responder no le gusta meterse en charcos y estructura todas sus respuestas en un “primero, segundo, tercero…”  Le gusta elegir la palabra precisa, completar bien sus respuestas y alardear de su buena memoria, que pone a prueba con fechas y nombres de leyes y reglamentos. Aunque no le gusta hablar de su vida privada, en esta entrevista se presta a responder sobre algunas cuestiones personales.

¿Cómo ha pasado el confinamiento: con familia, cocinando, haciendo deporte, viendo series…?

En mi despacho [risas]. Entre 10 ó 12 horas he estado trabajando presencialmente en el Ministerio, con reuniones con mi equipo más restringido, videoconferencias, webinares… En lo personal, he estado con mi mujer y aprovechando para leer historia contemporánea y a Goethe, que siempre me inspira.

¿Qué libro recomendaría para otro confinamiento?

Uy, eso sí qué es difícil… me ha encantado “Ordesa”, de Manuel Vilas, es un relato fantástico.

¿Ya se ha acercado a su pequeña finca de olivar en Córdoba?

No. Sé cómo está pero no he podido ir desde febrero (entrevista de final de junio).

Siendo ministro, recibirá ayudas por el olivar…

No. Solo tiene 1.800 olivos, y es otra persona quien se encarga de ella y lleva la cosecha a la cooperativa. Paso el tiempo que puedo en la finca, pero no me dedico a ella profesionalmente. Consumo mi aceite,… bueno, el de la cooperativa, ¡que no sé si es el mío!

Usted es un gran enamorado del arte moderno. ¿Sus gustos han servido para la nueva campaña de “Alimentos de España”?

Me encanta el arte moderno, pero también la pintura clásica. La nueva campaña de “Alimentos de España” me parece un cruce entre los bodegones de Sánchez Cotán y el cubismo, que me encanta. Creo que es una campaña imaginativa, nueva, que ha impactado bastante. Pero sobre todo nos ha gustado el lema, que es perfecto: “El arte de saber hacer”, que es lo que hacen nuestros agricultores, ganaderos y pescadores.

Fotos: MAPA y Eumedia