Alimentación en España: la era de la cooperación. Por Fernando Moraleda
El sector alimentario español emerge como la principal fuente de riqueza para la economía nacional, contribuyendo con una renta de más de 111.00 millones de euros y generando casi 2,5 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 9,2% del PIB y el 11,4% del empleo. Es, por consiguiente, un campeón nacional, no solo como generador de riqueza y oportunidades, sino también como elemento señero de la reputación de todo un país.
Por Fernando Moraleda. Director de la Oficina Alimentaria de Llorente y Cuenca (LLYC).
España es el 4º mayor exportador de alimentos de la UE, con casi un 10% del total. De hecho, el sector representa el 17,5% de todas las exportaciones de bienes de España, en comparativa, el porcentaje más alto de la Unión.
Desde esta posición de liderazgo internacional, asistimos a un momento crucial para la viabilidad futura de la cadena: los desafíos globales han pasado a ser factores críticos, que impactan en la salud de nuestra cadena tanto o más que los elementos endógenos.
La sensibilidad de nuestro sistema alimentario a la guerra en Ucrania, la crisis en el estrecho de Bad el-Mandeb o la sequía en el canal de Panamá constituyen un ejemplo de cómo los conflictos que suceden a miles de kilómetros son repercutidos finalmente en el carro de la compra.
El factor climático, la resiliencia a nuevos problemas pandémicos o los déficits estructurales de regulación en el principal “input” de la agricultura, como es el agua, son vectores nuevos o heredados que requieren de una visión más amplia y de una mirada más ambiciosa e inclusiva.
Para lograrla, el sector de la alimentación en España debe encarar una nueva era de la cooperación; esto es, llegar a acuerdos entre los distintos eslabones de la cadena de valor y entre ésta y las Administraciones públicas para afrontar los retos que tenemos por delante.
Los intereses comunes deben pesar más en la balanza de las relaciones público-privadas si compartimos el desafío común de hacer más robusta nuestra cadena. Compartir un diagnóstico y cooperar es la vía para hacer una cadena más resiliente y seguir creciendo.
Así lo planteamos en el informe “Alimentación en España: la era de la cooperación” que lanzamos recientemente desde la nueva Oficina Alimentaria de LLYC. En él, identificamos cinco grandes retos del sector alimentario en su conjunto, todos ellos con origen y destino en el contexto internacional, y planteamos sucintas propuestas para su abordaje.
SOBERANÍA ALIMENTARIA, EL KM. 0 DE LA HOJA DE RUTA DE LA CADENA
En línea con el relevante carácter exportador de nuestro sector alimentario y la permeabilidad a los fenómenos internacionales, destaca el del principio básico de soberanía alimentaria. Lejos de relacionarse con una propuesta proteccionista, que pueda entrar en contradicción con los principios de libre mercado, la soberanía alimentaria se acerca más al concepto de autonomía estratégica de la Unión Europea.
Ganar soberanía no es, ya, la culminación de una suma de políticas largoplacistas, sino una necesidad prioritaria. Los resultados de los datos del informe “Resilient EU 2030”, elaborado por la Presidencia española para la Comisión Europea y el Banco Central Europeo son claros: la UE sufre una elevada dependencia de los países terceros en productos agrícolas, pesqueros y alimenticios.
El grado de dependencia deberá conducir e, inevitablemente lo hará, a un debate sobre qué estructuras modificar en cuanto a las cuotas de producción de alimentos, los mercados de importación, la concentración de las empresas alimentarias o la regulación ambiental.
En ese contexto, es fundamental el alineamiento del sector privado con los objetivos estratégicos que planteen las entidades públicas. La unión de los diferentes eslabones de la cadena será determinante para trasladar a las autoridades una visión que, aunque atienda a las particularidades sectoriales, obedezca a unos principios y propuestas compartidas. Solo así será posible configurar la Soberanía Estratégica Alimentaria Española.
UNA CADENA MÁS COOPERATIVA
No podemos hablar sobre los retos de la cadena sin detenernos en la cuestión de los precios y las relaciones comerciales entre los eslabones de la cadena. Para ello, es conveniente abordar la cuestión desde una perspectiva estructural, que permita identificar espacios de mejora general a largo plazo.
La Ley de la Cadena Alimentaria se encuentra en el epicentro de una serie de controversias, reflejando tensiones internas en la configuración y distribución del valor añadido entre sus principales actores.
Si bien la conversación social tiende a señalar a los intermediarios, las grandes industrias y la distribución como principales responsables de las tensiones inflacionistas, es esencial mirar más allá y comprender cómo se trasladan los aumentos de costes básicos desde la producción hasta las últimas fases de comercialización.
Más allá de las medidas sancionadoras, el camino hacia una cadena alimentaria más eficiente y transparente debe fundamentarse en una nueva cultura de cooperación. La transparencia y las buenas prácticas son pilares fundamentales que pueden promover incrementos de productividad compartidos.
El establecimiento de estándares comunes emerge como una vía para fomentar la colaboración entre los distintos eslabones de la cadena, permitiendo una mejor comprensión y aceptación por parte de los consumidores. Repensar la cadena alimentaria implica un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados. Solo a través de la cooperación, la transparencia y el compromiso con prácticas sostenibles podremos construir una cadena alimentaria más resiliente, competitiva y justa para todos.
SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD: UNA SOLA MONEDA
El factor de sostenibilidad goza de una doble dimensión: la medioambiental, que ha sido protagonista en las instituciones europeas a raíz del impulso del Pacto Verde Europeo y, en concreto, de la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, y la económica, siempre presente, por la dura competencia en los mercados europeos e internacionales.
Las políticas verdes contenidas en estos planes han sembrado polémica entre los sectores productivos, ya que los efectos de estas regulaciones sobre el funcionamiento del sector alimentario son diferenciales. Los poderes públicos deben comprender los riesgos y oportunidades derivadas de sus actuaciones, a veces, de carácter limitante, como sucede con el bienestar animal, y en otras ocasiones de carácter propositivo, como es el caso del desperdicio alimentario.
La cadena tiene frente a sí el reto de hacer frente a la transición sostenible sin merma de su competitividad, a causa de una mejorable interlocución con las autoridades.
La proximidad de los comicios europeos, sumada a las reivindicaciones de los sectores afectados, han conducido a la Comisión Europea a matizar las políticas verdes. En paralelo, el comportamiento del consumidor ha ido hacia una menor atención e importancia de la sostenibilidad en detrimento del precio, el sabor y el valor nutricional. No obstante, la agenda verde seguirá entre las prioridades de la sociedad civil, del legislador y de la propia cadena, pues fenómenos como el de una sequía sistémica son de obligado abordaje.
En cualquier caso, la cadena alimentaria tiene la necesidad de reinvertir en I+D para lograr superar la brecha que aún nos separa de nuestros principales competidores en el mercado interior europeo.
EVIDENCIA CIENTÍFICA Y EDUCACIÓN
Si la herramienta principal de las empresas es la innovación, la de los consumidores debería ser la información. En un contexto de transformación de las pautas de consumo de los alimentos a raíz, entre otros factores, de una creciente preocupación por el valor nutricional de lo que comemos, algunos activistas y colectivos tratan de sesgar los debates trasladando un tono hiperbólico y esencialmente falso sobre nuestro sistema alimentario.
Este tono negativo parece contagiar, a menudo, al legislador. En España, la mayor parte de iniciativas legislativas de búsqueda de una alimentación más saludable poseen un carácter punitivo y limitador, dejando la educación y el deporte en un segundo plano, a pesar del sedentarismo que caracteriza el estilo de vida de nuestra era.
Por supuesto, no es mi intención cuestionar la legitimidad del regulador para impulsar políticas de alimentación saludable. Sí lo es, por el contrario, demandar que estén fundadas en la evidencia científica a disposición, como deberían estarlo todas las normas producidas.
A esta generación de conocimiento pueden contribuir, y de hecho ya lo hacen, las propias empresas, elaborando estudios e informes de máxima calidad metodológica. Las políticas basadas en evidencia científica son la única vía para lograr una cultura alimentaria sofisticada que sea capaz de integrar la complejidad de nuestro sistema alimentario.
De la misma forma, nuestra más que probable pérdida de cultura alimentaria debe ser compensada por un mayor activismo de nuestras instituciones educativas para que la infancia y la juventud sepa discernir entre una moda y el verdadero valor nutritivo, cultural, social y territorial de la producción de alimentos de su país.
LA DESINFORMACIÓN
La vía de agitación principal sobre nuestro sistema alimentario es la desinformación, una problemática global que afecta a todos los ámbitos de la vida en comunidad. Los verificadores no están demostrando ser una herramienta suficientemente fuerte para evitar la infoxicación (intoxicación de la información), como revelan los datos: más de 8 de cada 10 periodistas estadounidenses ve posible haber sido engañado por fakes news (noticias falsas). La desinformación intencionada se ha convertido en una nueva herramienta de competencia desleal en los mercados alimentarios.
Esta realidad provoca una merma en la reputación del sector alimentario y exige un abordaje transversal de la problemática. En concreto, la construcción de debates, basados en datos, permitirá un debate sosegado, claro y constructivo que culmine en la articulación de medidas de eficacia en el incremento de la competitividad de la cadena.
La gestión de datos, el marketing y la publicidad, junto a una gestión eficaz de alianzas con líderes de opinión, representan un “pool” de herramientas que deberán conjugarse en un mismo universo reputacional. No de manera aislada, sino conjunta y convenientemente coordinadas entre ellas. Quien así lo anticipe en el mercado obtendrá, no sólo una mayor ventaja competitiva sino, además, un papel más influyente.
