Aragón apuesta por la Agricultura Familiar Agraria. Por Joaquín Olona Blasco.

Recientemente, tras un largo e intenso debate social y parlamentario en las Cortes de Aragón a partir de la propuesta del Gobierno de Aragón, se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón la Ley 6/2023, de 23 de febrero, de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón.

Por Joaquín Olona. Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

La tramitación de la Ley, al igual que la reciente Reforma de la PAC, ha demostrado que la apuesta por la agricultura familiar presenta serias dificultades cuando del apoyo retórico se pasa a la preferencia efectiva. Quizás, tantas o más dificultades como las que afrontan las explotaciones familiares profesionales que son de las que, en gran medida, depende la continuidad de nuestro mundo rural y la lucha contra su principal amenaza: la despoblación.

La función territorial ejercida por el modelo familiar agrario es un bien público de primer orden que es preciso ponderar convenientemente en el marco de la multifuncionalidad agraria. Porque en el marco de la triple sostenibilidad económica, social y ambiental no basta con producir alimentos seguros y asequibles conjuntamente con determinados bienes ambientales, sino que también debe importar quiénes los producen, sobre todo cuando éstos reciben ayudas públicas por hacerlo.

El modelo familiar agrario, cuya contribución a la Producción Final Agraria (PFA) y a la Renta Agraria presenta un comportamiento fuertemente regresivo, no fija sus objetivos en términos de rentabilidad económico-financiera del capital involucrado. Fija su objetivo en la obtención de un nivel de renta suficiente que permita vivir dignamente al titular de la explotación y su familia, ya sea con dedicación exclusiva o a tiempo parcial.

Las explotaciones familiares, aun presentando desventajas de escala, con su fuerte arraigo social y territorial ofrecen una mayor seguridad y coherencia en la apuesta política por la multifuncionalidad y la sostenibilidad económica, social y ambiental. Todo ello en un ámbito que, como el agrario, está sujeto a elevados niveles de riesgo e incertidumbre, como consecuencia de su propia naturaleza y donde la rentabilidad económico-financiera no es su principal fortaleza.

Pero no se trata de imponer uno u otro modelo que, además de pretencioso, sería equivocado. De lo que se trata es de si debe o no haber alguna preferencia por uno u otro modelo en la aplicación de las políticas y las ayudas públicas. Y más importante todavía, de cómo pueden coexistir ambos modelos, el familiar y el corporativo, ya que, en realidad, se necesitan mutuamente.

Respecto de lo primero, por lo ya expuesto, puede deducirse que nuestra posición es favorable a una clara y decidida preferencia hacia el modelo familiar agrario en la aplicación de beneficios, subvenciones o de cualesquiera otras acciones de apoyo público a la actividad agraria. Es, de hecho, la motivación esencial de la nueva Ley (artículo 7).

Una preferencia que se justifica, sobre todo, por el papel insustituible que las explotaciones familiares desempeñan en relación con el sostenimiento del medio rural antes aludido y al que están fuertemente arraigadas.

La nueva Ley no sólo contempla la preferencia del modelo familiar en relación con la aplicación de las subvenciones agrícolas, obviamente en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, sino que vincula a esta modalidad agraria actuaciones públicas tan importantes como es el regadío (Título II); la reordenación de la propiedad agraria (Título III), y la gestión del Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma (Título IV).

También recoge la Ley actuaciones frente a eventos naturales de especial intensidad (Título V), así como medidas de compatibilización de las energías renovables en zonas agrarias (Disposiciones adicionales).

Aragón apoya la coexistencia de los dos modelos de agricultura, el familiar y el corporativo

Respecto de la coexistencia de los dos modelos (familiar y corporativo) y más allá de la coyuntura que pueden suponer en estos momentos los fondos de inversión, el modelo corporativo desempeña un papel insustituible para trasladar la producción primaria a los mercados. Es lo que hacen las cooperativas y mercantiles que sustentan las diferentes modalidades de integración productiva y contractual, que ya es mayoritaria en Aragón. Modelos, todos ellos, que se han desarrollado y se asientan sobre el modelo familiar agrario y que deben conjurar la tentación de prescindir del mismo para no perder, entre otras virtudes, la legitimidad social.

Por su parte, las explotaciones familiares deben ser conscientes de que su vinculación a estas potentes estructuras de integración horizontal o vertical, con la capacidad técnica, comercial y empresarial que les otorga su dimensión, es lo que les permite acceder a la tecnología, al tiempo que les garantiza la salida comercial de sus producciones con una remuneración justa por el trabajo y medios aportados.

Es por ello que la nueva Ley, además de reconocer a las cooperativas como estructuras corporativas imprescindibles para el modelo familiar, y viceversa, contempla también a la integración vertical como herramienta de protección y modernización de la agricultura familiar.

Al respecto establece, por ejemplo, la responsabilidad solidaria entre integrado e integrador en relación con el condicionado ambiental de la explotación (artículo 9), cuya dimensión también se limita en favor de la sostenibilidad ambiental y del propio modelo familiar (artículo 8) y cuya regulación contractual queda supeditada en favor de la seguridad jurídica a la modificación del Código de Derecho Foral de Aragón (Disposición final cuarta).

La amenaza del modelo familiar no es otra que la insuficiencia de renta sufrida por los titulares de las explotaciones, que no alcanzan la renta media del resto de los ciudadanos. La equiparación de la renta de los agricultores sigue siendo la asignatura pendiente de la PAC y sólo podrá avanzarse en dicho propósito con una apuesta clara y decidida por el apoyo expreso a la renta del modelo familiar y profesional, que es lo que plantea la nueva Ley aprobada en Aragón.