La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, clausuró este jueves 5 de octubre la jornada informativa “Riegos del Alto Aragón y el Pacto Nacional por el Agua”, organizada por la Comunidad General de Riesgos del Alto Aragón, en Huesca.
García Tejerina apuesta por una Pacto Nacional del Agua solidario y al margen de rivalidades políticas
En la clausura destacó el claro objetivo del Gobierno de promover un Pacto Nacional por el Agua que sea una auténtica política de Estado, integradora, consensuada, solidaria y al margen de las rivalidades políticas y que debe tener garantía de continuidad a largo plazo, por encima de cualquier coyuntura política.
García Tejerina volvió a detallar los cuatro grandes ejes en los que se centraría dicho Pacto Nacional por el Agua: el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los Planes Hidrológicos de Cuenca; la puesta en marcha de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación; el impulso de una serie de medidas para avanzar en materia de gobernanza del agua, y la atención de las demandas y los déficits hídricos.
En este contexto, García Tejerina explicó que el Gobierno cuenta con la planificación y el diálogo para cumplir con los objetivos de la Ley de Aguas y conseguir así el buen estado y la adecuada protección de las masas de agua, atender las demandas de suministro y armonizar el desarrollo regional y sectorial.
También comentó que la prevención de avenidas y la regulación de cauces son dos facetas medioambientales de las obras hidráulicas.
Según recordó, en enero de 2016 el Gobierno aprobó la revisión de los 12 Planes Hidrológicos del 2º ciclo, vigentes hasta 2021, que contemplan la ejecución de más de 10.000 medidas y una inversión estimada de 15.000 millones de euros.
Para conseguir ese consenso, la ministra puntualizó que el Ministerio mantuvo durante el pasado mes de julio una primera ronda de contactos con todas las comunidades autónomas, usuarios, regantes y representantes de la sociedad civil.
Y, a partir de ahora, empezarán las negociaciones con los distintos grupos políticos, con el objetivo de que este Pacto esté consensuado y refrendado por una amplia mayoría parlamentaria.
En este marco, la ministra puso el acento en la necesidad de impulsar infraestructuras hidráulicas que permitan “administrar adecuadamente este recurso valioso y escaso”, ya que “el agua, en cantidad y calidad suficiente para todos los usos, es fuente de crecimiento y desarrollo”.
Almudévar y Biscarrués
Por otra parte, Isabel García Tejerina recalcó el compromiso del Gobierno con dos obras hidráulicas de gran importancia para la Comunidad de Aragón, como son los embalses de Almudévar y Biscarrués, incluidos en el Pacto del Agua de Aragón.
En este sentido, la ministra anunció que las obras de Almudévar, que cuentan con una partida en los Presupuestos Generales del Estado de casi 27 millones de euros, comenzarán próximamente. Para ello, los trabajos que permitirán iniciar su ejecución ya están en marcha, iniciándose el trámite de expropiaciones de los terrenos.
Respecto a Biscarrués, García Tejerina apuntó que, “en grandes infraestructuras, son muchas cuestiones las que sobrevienen, pero trataremos de sortearlas. En cualquier caso, nuestro compromiso es claro”.
Con la sentencia de la Audiencia Nacional y las recomendaciones de la UE, añadió, “los trabajos de Biscarrués podrán ralentizarse, pero en ningún caso se pararán y en ello trabaja todo el Ministerio”. Por ello “quiero mandar un mensaje de tranquilidad en este sentido”.
Por último, la ministra afirmó que, tanto en el agua, como en otras materias, “debemos sumar, trabajar juntos por el bien común; y todo lo que no sea sumar, no tiene cabida”.
Experiencia de Aragón
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ofreció toda la experiencia pactista de esta Comunidad para el Pacto Nacional del Agua que quiere impulsar el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente (Mapama).
Joaquín Olona, en la inauguración de la jornada técnica de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, afirmó que Aragón ha sido pionera y es la única Comunidad Autónoma que cuenta con un Pacto del Agua.
“En respuesta a la petición de postura inicial por parte de la Dirección General del Agua del Mapama, hemos mostrado nuestra mejor predisposición para avanzar hacia un Pacto Nacional por el Agua en el marco de la unidad de cuenca”, manifestó.
El consejero recordó que “en Aragón contamos con un valioso patrimonio institucional en relación con la gobernanza del agua y somos pioneros en pactar sobre el agua”, a lo que añadió: “por lo que es obligado poner a disposición del Ministerio, así como del resto de las comunidades autónomas, nuestro conocimiento y experiencia”.
Olona, en todo caso, señaló que existe un único límite: “hemos manifestado nuestra oposición a cualquier trasvase de agua procedente de las cuencas hidrográficas de las que forma parte Aragón”.
Todo ello, de acuerdo con su explicación, en consonancia con el mandato que nuestro Estatuto de Autonomía hace a los poderes públicos aragoneses, así como con el mandato formulado al Gobierno de Aragón a través del acuerdo adoptado por el pleno de las Cortes de Aragón celebrado los días 20 y 21 de abril de 2017.
“Una posición que defiendo sin complejos porque no implica menoscabo alguno de nuestra solidaridad, sino la honrosa defensa de nuestros legítimos intereses, tanto de los de las actuales como de las futuras generaciones”, indicó para añadir que detrás de esta posición no faltan criterios fundamentales de sostenibilidad.
El titular de Desarrollo Rural y Sostenibilidad precisó que “exigirnos el apoyo a trasvases procedentes de las cuencas de las que formamos parte no es apelar a nuestra solidaridad, sino abusar de ella, en tanto en cuanto sufrimos graves déficits hídricos e hidráulicos que se manifiestan en problemas sociales y desequilibrios territoriales en el seno de nuestra propia Comunidad Autónoma”.
En este sentido, dijo que “aceptar trasvases sería incoherente con la existencia de miles de hectáreas con plenos derechos de riego pero que todavía no se riegan; riegos que reúnen los requisitos para ser considerados de interés social, que no cuentan con dotaciones suficientes, que carecen de las garantías de suministro deseable o que no disponen de las condiciones técnicas e institucionales propias de nuestro tiempo.”
“En nuestro contexto geográfico de fuerte aridez, continuó Olona, el desarrollo agroalimentario por el que apostamos estratégicamente desde el Gobierno de Aragón presenta una estrecha vinculación con el regadío en amplias zonas de Aragón gravemente amenazadas por la despoblación”.
Obras de regulación
El contexto geográfico de elevada irregularidad hidrológica y de previsible aumento de la incidencia de eventos hidrológicos extremos como consecuencia del cambio climático, hacen que el Gobierno de Aragón, según Olona, apoye “con claridad y sin complejos” las obras de regulación todavía pendientes de finalizar o de iniciar. En particular las relacionadas con los ríos Aragón (Yesa), Gállego (Biscarrués y Almudévar) y Jalón (Mularroya).
En esta línea, en la planificación de las obras hidráulicas de regulación y transporte, debe incorporarse con más y mejor acierto la consideración de su interés público superior, la justificación de su impacto sobre la calidad de las masas de agua afectadas y el análisis de la recuperación de costes. Ámbitos todos ellos para los que la propia Directiva Marco del Agua establece la posibilidad de considerar excepciones.
Por otra parte, el consejero también indicó que se ha trasladado al Mapama la necesidad de ampliar el concepto de restitución territorial del actual artículo 130.4 de la Ley de Aguas en orden a garantizar el reequilibrio socioeconómico y ambiental de las zonas afectadas por las infraestructuras hidráulicas e hidroeléctricas.
Olona desgranó otras demandas y propuestas realizadas al Ministerio. Así, para “avanzar con firmeza y realismo en la mejora de la calidad y buen estado ecológico de las masas de agua”, se expresó al Mapama la necesidad de establecer herramientas de control de la contaminación difusa asociada a las actividades agrarias, así como la necesidad de concretar un régimen específico para el tratamiento de las aguas residuales procedentes de los pequeños municipios que evite costes financieros excesivos y desproporcionados.
“También hemos pedido apoyo para el desarrollo del plan estratégico de lucha contra el lindano, problema que, además de la magnitud y complejidad que tiene, conlleva riesgos potenciales a escala de cuenca”.
Por otra parte, se señaló al Ministerio la importancia de una gestión integral de los riesgos de inundación, adecuando la regulación normativa sobre las zonas de flujo preferente y áreas de inundabilidad temporal controlada y estableciendo un régimen específico de actuaciones estructurales, así como compensaciones en materia agroambiental y del sistema de seguros agrarios.
Finalmente, Olona informó de que también se ha trasladado al Mapama “nuestro especial interés por la gobernanza de los usos del agua, a través de procesos de innovación institucional”. Todo ello con el propósito de mejorar las capacidades de gestión y transparencia de los órganos de cuenca, así como de las comunidades de regantes y usuarios del agua en un marco donde, en función de sus competencias exclusivas en materia de regadíos y su obligación de defender el interés general, “el Gobierno de Aragón gobierna”.
Y ello porque, de acuerdo con el consejero, para desarrollar una verdadera política de aguas aragonesa, que aporte valor añadido y soluciones a los retos y desafíos existentes, considero imprescindible proyectar sobre el Dominio Público Hidráulico las competencias sectoriales que el Gobierno de Aragón tiene en relación con el agua (regadíos, prevención de la contaminación, gestión forestal, espacios naturales, depuración y saneamiento, abastecimiento y otras). “Un propósito que, como es obvio, exige el pleno desempeño de dichas competencias. No para dificultar el funcionamiento de las instituciones del agua y el regadío, sino para favorecerlo y potenciarlo”.
