Los consejeros de Agricultura de Aragón y Comunidad Foral de Navarra, Joaquín Olona e Itziar Gómez, respectivamente abogaron estos días en reuniones con representantes del sector agrario por, entre otras cosas, la eliminación de los derechos individuales de pago de las ayudas PAC, basados en referencias históricas y defendieron también la necesidad de un pago redistributivo a favor de los profesionales de la agricultura familiar.
Aragón y Navarra ven irrenunciable eliminar los derechos individuales basados en referencias históricas del PEPAC 2023/27
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, se reunió este miércoles 2 de junio con representantes de las fuerzas políticas y organizaciones agrarias que, en mayo 2018, rubricaron el acuerdo que recoge la «Posición de Aragón sobre la reforma de la PAC» y que, hace unas semanas actualizaron, suscribieron y se le hizo llegar al ministro de Agricultura, Luis Planas.
En el encuentro, que tuvo lugar en la Sala Hermanos Bayeu, en el Edificio Pignatelli (Zaragoza), participaron representantes de los grupos políticos PSOE, CHA, Podemos, Ciudadanos e IU, y las organizaciones agrarias UAGA-COAG y UPA.
Olona quiso reunir a todos los firmantes del acuerdo para trasladarles la situación en la que se encuentra el nuevo Plan Estratégico para la PAC (PEPAC) 2023-2027, ya que se presuponía conocer la postura final el próximo 11 de junio en un Consejo Consultivo, anunciado por el Ministerio de Agricultura, pero que, tras las fallidas negociaciones en Bruselas a la hora de llegar a un acuerdo, todo apunta a que el calendario se retrasará. Un retraso que, según apuntó el consejero, si beneficia a los presupuestos y a las condiciones que están pendientes, “será bienvenido”.
El consejero quiso renovar su compromiso para seguir insistiendo en el cumplimiento de este acuerdo, que parte de dos ideas fundamentales. “La primera, irrenunciable para Aragón, es la supresión de los derechos históricos.
Y, la segunda es que se tiene que producir una redistribución de la ayuda en favor de los agricultores profesionales y del modelo familiar”, volvió insistir una vez más el consejero. “Esto no puede ser una mera retórica, una mera declaración. Si no se quitan los derechos históricos, simple y llanamente, esto no se podrá hacer”, añadió.
Asimismo, el consejero afirmó que esto puede parecer incluso, “poco pretencioso”, y criticó la situación que se está produciendo en el seno de España, a través de la oposición por parte de algunas CC.AA. para que esto suceda, presionando para mantener el statu quo y dejar las cosas como están. Algo que, según ha afirmado, desde Aragón no se está dispuesto a aceptar porque perjudica a los agricultores profesionales y a los jóvenes, que son el futuro del campo.
En este sentido, también mostró su preocupación, porque en todas las CC.AA. hay colectivos políticos y sociales que, o bien no se han pronunciado, o no apoyan la supresión de los derechos históricos.
“En esta línea, el ministro no está contando con el apoyo necesario por parte del propio sector, y esto es un gravísimo problema. A mí me cuesta entender cómo determinadas organizaciones y colectivos que representan a los agricultores profesionales no terminen de apoyar esta idea de la supresión de los derechos históricos”, criticó.
Durante su intervención, Olona también hizo hincapié en su disposición de llegar al acuerdo nacional, al que será imprescindible llegar, pero sin renunciar a las dos cuestiones determinantes “para que los agricultores y ganaderos profesionales, los que se juegan su economía en el ámbito de la agricultura y la ganadería, y que necesitan de esta ayuda para compensar su insuficiente renta”.
Por último, el consejero también quiso recordar que la contrarreforma ya generó muchos problemas, muchas insatisfacciones y que, en este punto, no se puede volver a lo mismo. “El momento es ahora y no podemos perder esta gran oportunidad para modernizar, adecuar y adaptar la PAC en favor de los agricultores y ganaderos profesionales”, matizó.
Puntos principales de la “Posición de Aragón sobre la reforma de la PAC”
Cabe recordar que el documento de la “Posición de Aragón sobre la reforma de la PAC”, refrendado por la mayoría de partidos políticos y organizaciones agrarias, y que el consejero Olona lleva defendiendo desde 2018 en Madrid, defiende la necesidad de conseguir una reforma en profundidad.
En él, sus firmantes piden afrontar desde la PAC la enorme brecha de renta que sufren las personas que viven de la agricultura y la ganadería del resto de sectores, es decir, que la ayuda se concentre en el modelo familiar de agricultura profesional. Apuestan por “aumentar el apoyo a jóvenes y mujeres y que elimine los agravios, tanto territoriales como individuales, del modelo vigente de ayuda, hace absolutamente imprescindible la completa y definitiva supresión de los derechos individuales, así como las referencias históricas, que regulan la aplicación vigente de las ayudas directas”.
Tanto para el consejero, como para las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias representadas, esta supresión de los derechos individuales y de las referencias históricas debe tener lugar en el año 2023, sin aplicación de periodos transitorios ni de procesos de convergencia, “al objeto de eliminar de forma inmediata y definitiva los agravios territoriales e individuales que se han generado”.
Consideran prioritario que la nueva denominación de “agricultor genuino” reconozca a esta figura como “único y exclusivo posible perceptor de los pagos directos, siendo deseable que se le exija unos ingresos agrarios, que representasen al menos 50% de los ingresos totales y, además, unos ingresos mínimos anuales potenciales de 5.000 euros procedentes de la venta de productos agrícolas y ganaderos (producción estándar)”.
Del mismo modo, el acuerdo define como “agricultor genuino plus” a quien acredite unos ingresos agrarios que supongan al menos el 50% de los ingresos totales, conforme a la declaración del IRPF, así como el alta en el régimen de la Seguridad Social Agraria que corresponda. “Deberán cumplir con esta exigencia los agricultores y solicitantes de ayudas del segundo pilar (Desarrollo Rural), así como de ayudas complementarias y asociadas del primer pilar”, detalla el escrito.
El acuerdo establece que la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, incluyendo la Ayuda redistributiva complementaria a la renta y la Ayuda complementaria a la renta para jóvenes, “deberá concentrar un importe superior al 60% del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC”.
“Debe reducirse drásticamente el número de regiones productivas actualmente existentes en España, limitándolas a un máximo de cinco o seis, una por orientación productiva, así como las diferencias en los importes por hectárea actualmente aplicados”, apuntan.
El texto recoge la idea de que la Ayuda básica a la renta se aplique a todas las superficies cultivadas, así como a todos los pastos que soporten una mínima carga ganadera que permita llevar a cabo un pastoreo real y efectivo, debiendo limitarse, en cualquier caso, a un importe máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica beneficiaria, y aplicando un coeficiente de modulación por tramos a partir de 60.000 euros.
Además, “la Ayuda directa asociada deberá aproximarse al 15 % del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC, se aplicará exclusivamente a los agricultores genuinos y deberá concentrarse, al menos en Aragón, en la ganadería basada en el aprovechamiento directo de pastos y forrajes”.
“El presupuesto destinado a los eco-esquemas, en equilibrio presupuestario con el apoyo directo a la renta del modelo familiar, deberá ser de, al menos, un 20% del importe total destinado al Primer Pilar de la PAC.
Asimismo, el importe asignado a los eco-esquemas deberá incluir un complemento para las superficies ubicadas en Red Natura 2000, espacios protegidos y reservas hidrológicas, así como a áreas despobladas (densidad inferior a 8 habitantes por km2) o de alta montaña, y para las superficies agrícolas inundables en relación con el eco-esquema de mantenimiento y protección de cobertura vegetal”, dice el acuerdo.
El documento completo puede consultarse en la nueva página web que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha creado para el seguimiento de la actualidad de la reforma de la PAC: https://www.aragon.es/-/pac-post-2020.
Eliminación de los derechos históricos, irrenunciable
Por su parte, la consejera Itziar Gómez reafirmó ante el Consejo Agrario de Navarra la postura del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), señalando que tanto la eliminación de los derechos, como la aplicación del pago redistributivo son “cuestiones irrenunciables para Navarra y que deben ser una realidad” para el nuevo periodo de la Política Agraria Común.
En una sesión monográfica del Consejo Agrario, Itziar Gómez insistió en que “el gran acuerdo entre CC.AA., que plantea el Ministerio de Agricultura para el próximo periodo no va a ser posible si no se pone fecha al final del actual modelo de pago basado en derechos, y si no discrimina positivamente a la explotación familiar agraria profesional, puesto que es la que mantiene la actividad real en el territorio y la única que será capaz de asumir los retos ambientales y de sostenibilidad que plantea este nuevo periodo”.
El Consejo, órgano colegiado de consulta y asesoramiento del Departamento, abordaron en la reunión la situación de la negociación de la reforma de la PAC, ralentizada tras el fracaso de las negociaciones en Bruselas.
La consejera recordó que la posición que Navarra defiende desde el comienzo de esta negociación se basa en dos puntos fundamentales: la eliminación del pago basado en los derechos y la defensa del pago redistributivo como herramienta para discriminar positivamente a las explotaciones con actividad real.
La consejera subrayó el trabajo realizado hasta el momento en los distintos foros que reúnen al sector y a las CC.AA., recordando que ya existen acuerdos mayoritarios entre sindicatos y organizaciones y con las Administraciones autonómicas, todos ellos en la línea que defiende el Departamento.
En la reunión, celebrada en el Departamento, la consejera estuvo acompaña de los directores generales de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Por parte de las organizaciones agrarias, han participado los representantes de EHNE, UAGN, AN y ALINAR, quienes manifestaron su completa sintonía con la posición expresada por Itziar Gomez y exigieron al Gobierno que mantenga los acuerdos firmados al respecto con sus organizaciones durante todo el proceso de negociación.
El retraso en el acuerdo
La consejera expresó su preocupación por el retraso en el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, lo que ha conllevado la suspensión tanto de la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, como de la Conferencia Sectorial de las comunidades autónomas con el ministro Planas, previstas inicialmente para los días 4 y 11 respectivamente, y que no han sido convocadas todavía.
En el marco europeo, el desacuerdo en los distintos foros (los denominados trílogos: Consejo Europeo, Parlamento Europeo y Comisión Europea) se centra especialmente en la ambición medioambiental de la nueva propuesta, y en concreto en el porcentaje del presupuesto PAC que debería destinarse a cuestiones referentes a la sostenibilidad ambiental, y a su equilibrio con la sostenibilidad económica de las explotaciones.
Está previsto que, en la citada conferencia, las CC.AA. alcancen un acuerdo sobre el modelo de aplicación de la nueva PAC, a partir del documento de propuestas que tiene pendiente trasladar el ministerio que lidera Luis Planas.
