Me ha parecido oír que la inspección de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno de Lleida decía que el sector agrario cumple con la normativa, según ha podido constatar a la campaña de la fruta de este verano en tierras de Poniente.
«Los fruticultores leridanos cumplimos la normativa laboral», por Sergi Balué
Sergi Balué, jefe sectorial de la Fruta Dulce de JARC.
Me ha parecido oír que la inspección de Trabajo de la Subdelegación del Gobierno de Lleida decía que el sector agrario cumple con la normativa, según ha podido constatar a la campaña de la fruta de este verano en tierras de Poniente. Incluso, diría que han afirmado que se ha identificado a un total de 325 trabajadores y se han levantado solo 14 actas de infracción entre mayo y septiembre. Digo que me parece porque no se ha hablado mucho, en comparación con los días, semanas, meses y años que hace que recibimos reproches y acusaciones con relación a las condiciones laborales de los temporeros.
Con la crisis del coronavirus, este año, ha sido una temporada especialmente dura y compleja. Como sector esencial continuar trabajando con las restricciones impuestas y respetando las medidas sanitarias ha sido un reto que, como demuestra esta inspección, hemos superado. De las 63 visitas de control que ha llevado a cabo Trabajo en materia sanitaria, no ha tenido que levantar ningún acta por irregularidades. Nos podemos felicitar por el trabajo bien hecho.
Desgraciadamente es cierto que se crearon situaciones alarmantes con personas que vinieron a Lleida de todas partes, con la esperanza de poder trabajar a la cosecha de la fruta. Y estos desplazamientos incontrolados de gente que no tiene medios para buscar un alojamiento era lo que JARC quería evitar por todos los medios y advirtió del peligro públicamente, desde el principio.
Desde la sectorial de la Fruta Dulce de JovesAgricultors i Ramaders de Catalunya, repetimos hasta la saciedad que lo prioritario era garantizar la seguridad de los trabajadores habituales y los titulares de las explotaciones. Nos desmarcamos del efecto llamada que realizaron otras organizaciones que aseguraban que sería necesaria mano de obra.
Agradecemos que el Gobierno español haya reconocido el error, porque si bien estábamos acostumbrados ya a los ataques de plataformas y asociaciones, el hecho de que la acusación provenga de tan altas esferas es desgarrador. No fue así, por parte del Gobierno autonómico, que rechazó las acusaciones y nos apoyó. Nos gustaría que se diera tanto eco a la constatación de este error como se le otorgó este verano a todos aquellos que nos criminalizaban. Y ahora, digamos todos bien alto que “los fruticultores leridanos cumplimos con la normativa laboral”.
