La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía puso fin desde el pasado lunes 16 de enero a las restricciones de la Unión Europea al movimiento de animales y productos de ovino y caprino que se vieron afectados por la Viruela Ovina y Caprina (VOC).
No obstante, añadió este departamento, como medida preventiva para evitar posibles rebrotes de la infección, debido a la posible presencia del virus, se mantienen las restricciones en una pequeña área, que se irán levantando progresivamente.
No obstante, añadió este departamento, como medida preventiva para evitar posibles rebrotes de la infección, debido a la posible presencia del virus, se mantienen las restricciones en una pequeña área, que se irán levantando progresivamente.
El brote se saldó con 13 focos de la enfermedad en Andalucía, de los que 12 se detectaron en la comarca granadina de Baza, en concreto en los municipios de Benamaurel, Cúllar y Baza, así como en la zona de Huéscar, también en Granada, y uno en el término municipal de Oria, en la provincia de Almería. En total se sacrificaron 4.345 cabezas de ganado ovino y caprino.
Una vez detectado el primer foco, la Consejería de Agricultura adoptó de forma inmediata las medidas de control que se contemplan en la normativa comunitaria, como el sacrificio de los animales de la explotación afectada, la eliminación de los cadáveres en la planta de transformación, así como la limpieza y desinfección oficial de la explotación.
También se procedió al establecimiento de una zona de protección de 3 km y una de vigilancia en un área de 10 km, con refuerzo de las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones.
A ello se suma la aplicación de medidas de restricción de movimiento de animales y productos, así como la investigación epidemiológica para tratar de identificar el origen del virus, aún bajo estudio, así como los posibles contactos de riesgo que se hubieran podido dar.
Como consecuencia de la aplicación de las zonas de protección y de vigilancia, un total de 210 explotaciones ganaderas y aproximadamente 45.000 cabezas de ganado adoptaron medidas de restricción de movimiento de animales y productos como el estiércol y el pienso.
En aras de limitar, en la medida de lo posible, las restricciones al movimiento de animales, la Consejería, en estrecha coordinación con el Ministerio de Agricultura, puso en marcha un Plan de Vigilancia Intensivo y específico para la zona afectada, todo ello con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad a otras zonas.
Para ello se tomaron muestras de todas las explotaciones ubicadas a menos de 5 km de cualquiera de los focos y analizado mediante PCR en el laboratorio nacional de referencia, el de Algete, en Madrid.
Se efectuaron más de 6.000 tomas de muestras de cara a justificar la existencia de la enfermedad únicamente en los focos declarados, manteniendo como zona libre otras comarcas y municipios de las provincias de Granada y Almería.
El director general de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería, Manuel Gómez Galera, explicó al respecto que “es cierto que las medidas de gestión del brote han implicado decisiones difíciles para los ganaderos, como el sacrificio de los animales, la eliminación de piensos, estiércoles y otros insumos de la explotación, además de la limitación de movimientos del ganado, que han impedido el aprovechamiento de los pastos cercanos a las mismas”.
No obstante, aseguró Gómez Galera, “los importes de indemnización por sacrificio se han pagado, salvo un número reducido que aún no ha resuelto las incidencias, así como los gastos de eliminación de cadáveres, a los que se sumarán pagos por la limpieza y desinfección, además de haber establecido ayudas extraordinarias, que también van a percibir”.
En el caso concreto de las indemnizaciones por sacrificio, la Consejería gestionó rápidamente la tramitación de los importes destinados a este fin, tramitando pagos por un importe que asciende a 219.000 euros. Una cifra a la que hay que sumar los 92.000 euros ya valorados y tramitándose el pago por los gastos de eliminación de cadáveres.
En el caso de las ayudas extraordinarias, a las que se pueden acoger las 210 explotaciones de ovino y caprino afectadas, estas vendrán a compensar el gasto extraordinario afrontado por los ganaderos en alimentación del ganado, al que no se le permitía el pastoreo.
Estas cuentan con un presupuesto de la Junta de Andalucía y se acogen al régimen de mínimis conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Unión Europea. Se concederán de oficio por la propia Administración a los titulares de las unidades productivas, determinándose el importe de la ayuda en función de número de animales afectados por las restricciones de movimiento, y en base al coste unitario determinado para compensar los sobrecostes de alimentación durante el período en el que han estado vigentes las restricciones de movimiento. Una vez publicadas las ayudas, el plazo estimado para su resolución y pago es de tres meses.
Desde la Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS) afectadas, la Delegación Territorial de Granada, el Servicio de Sanidad Animal y el director general de la Producción Agrícola y Ganadera mantuvieron reuniones con los ganaderos afectados, además de con representantes del sector ganadero, autoridades municipales y Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) para informar sobre el desarrollo de la enfermedad, medidas de control puestas en marcha y con la finalidad de atender las demandas de los afectados con una comunicación permanente.
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