Asaja Málaga defiende que la legislación sobre parques fotovoltaicos pone en riesgo a agricultores y ganaderos
Asaja Málaga insiste en el riesgo que corren todos los agricultores y ganaderos ante la legislación sobre utilidad pública en parques fotovoltaicos. Según la organización, la aplicación de la normativa estatal «favorece las energías renovables sin contemplar el impacto sobre el sector primario» y está permitiendo que explotaciones agrarias rentables sean «desmanteladas legalmente para dar paso a proyectos energéticos».
A la situación ya denunciada en el término municipal de Teba, donde se pretende instalar un parque fotovoltaico sin contar con la aceptación de todos los propietarios afectados, se suma ahora la preocupación de un grupo de agricultores en Antequera. En esta localidad, la declaración de «utilidad pública» ya ha sido concedida, lo que supone un paso más en un proceso que amenaza con desmantelar explotaciones agrarias activas y viables para dar paso a nuevos proyectos sin garantizar un proceso de negociación transparente y justo. «Este es el segundo caso que se nos plantea, pero con la situación actual, vendrán muchos más».
Asaja Málaga insiste en que el problema no radica en la implantación de energías renovables, sino en la falta de un procedimiento justo que garantice el diálogo y el consenso con los propietarios afectados. En muchos casos, los agricultores se ven obligados a aceptar compensaciones mínimas, muy alejadas del verdadero valor de sus tierras y de la rentabilidad que generan sus explotaciones. Además, este nuevo caso pone de manifiesto la situación de indefensión en la que se encuentran los agricultores y ganaderos. «Así las cosas, los agricultores se quedan sin mecanismos efectivos para defender sus derechos y evitar tener que abandonar su actividad2.
Asaja Málaga considera inaceptable que los mecanismos de «utilidad pública» sean utilizados para favorecer intereses privados a costa del sector agrario, que desempeña un papel fundamental en la economía rural y en la fijación de población en el territorio. Es imprescindible que las administraciones revisen con urgencia estos procesos y establezcan medidas que garanticen la defensa de los derechos de los agricultores y ganaderos, evitando que la espada de Damocles de la expropiación penda sobre todos aquellos que trabajan y sostienen el campo.
«Desde la organización agraria exigimos a las administraciones competentes que revisen de inmediato estas declaraciones de «utilidad pública» y se protejan los derechos de los agricultores y ganaderos. Asimismo, instamos a un diálogo transparente entre todas las partes implicadas para alcanzar soluciones justas y equitativas, sin perjudicar a quienes llevan años dedicándose a la actividad agraria y ganadera en la provincia. Desde a Asaja que no estamos en contra de la implantación de Parques fotovoltaicos, si estaremos de la mano de todos aquellos agricultores a los que se les obligue y pisotee en contra de su voluntad«.
