Aunque el problema no es nuevo, las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, ASAJA, COAG y UPA registraron esta vez ante los Ministerios de Agricultura (MAPA) y de Transición Ecológica (Miterd), así como en las Consejerías autonómicas de Agricultura y de Medio Ambiente, un documento común, al que se ha sumado después las cooperativas agroalimentarias (Urcacyl), en el que reclaman la defensa de los terrenos productivos de la región para uso agrario.
En este contexto, exigen que, desde las Administraciones competentes, se detenga el afán de determinadas empresas privadas por instalar macroplantas generadoras de electricidad en superficies agrícolas, ganaderas y de pastos.
Más en concreto, las tres OPAs reclaman “una normativa específica que recoja la opción de implantar placas fotovoltaicas o solares, incluidas las infraestructuras de evacuación de la energía solar o eólica, exclusivamente en terrenos no aprovechables para la producción agraria.”
Al respecto, ASAJA, COAG y UPA en Castilla y León consideran que “las Administraciones competentes en la gestión del territorio no pueden cruzarse de brazos y dejar que intereses económicos, en muchos casos ajenos a nuestra Comunidad autónoma, prevalezcan sobre la soberanía alimentaria y busquen en terrenos agrícolas y ganaderos la superficie ideal, según sus intereses, para instalar placas fotovoltaicas o los destrocen atravesándolos con las líneas de evacuación.”
En el documento firmado por las tres OPAS se reclama tanto al Gobierno central, como a la Junta de Castilla y León “que sean especialmente contundentes en no permitir que la instalación de parques de energía fotovoltaica se haga de cualquier manera y en cualquier zona. No es razonable que, habiendo tanta superficie en nuestra Comunidad Autónoma, las Administraciones y los empresarios privados se fijen, por ejemplo, en zonas tradicionales de cultivo, en terrenos de transformación en regadíos, en pujantes tierras productivas o en terrenos muy útiles desde el punto de vista agronómico”.
Estas organizaciones agrarias apelan al sentido de la responsabilidad de los dirigentes políticos para que tengan en cuenta que el suelo productor de alimentos es limitado y debe ser un patrimonio a defender con todas las herramientas al alcance de la sociedad, estableciendo incluso medidas legislativas para preservarlo.
Normativa específica
Por su parte, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) se sumó también a la reclamación de las OPAS para que se establezca una normativa específica que recoja la posibilidad de implantar placas fotovoltaicas o solares, incluidas las infraestructuras de evacuación de la energía solar o eólica, exclusivamente en terrenos no aprovechables para la producción agraria.
En este sentido, Urcacyl reclama “un blindaje de los terrenos de cultivo, frente a la ansiedad privada y el afán de algunas Administraciones locales de facilitar la instalación de energías renovables en todo tipo de terreno rural, cuestión que agravaría aún más el problema de despoblamiento en los pueblos.”
Para las Cooperativas, “el nuevo boom de las renovables ha llegado al campo y su loable objetivo, con ambiciosos planes de energías limpias, está desatando una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo que, precisamente por este hecho, puede ser nocivo para los profesionales de la agricultura y ganadería y para la sociedad en su conjunto, ante el peligro de que desaparezca superficie destinada a la producción de alimentos.´”
Urcacyl señala que “apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental sí con ello se genera riqueza, bienestar y futuro para el medio rural y para los agricultores y ganaderos. Pero debe valorarse muy seriamente el afán desmesurado de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos, también los productivos y cultivables, para este tipo de infraestructuras.”
Por ello, añade, “deben buscarse soluciones y modificar cuantas normativas sean necesarias, para proteger todos los suelos agrícolas, especialmente aquellos sobre los que se hayan hecho transformaciones en regadíos o concentraciones parcelarias, pero también los que tengan aprovechamiento agrícola o ganadero, más si cabe cuando la titularidad sea pública.”
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