El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su condición de consejero de Agricultura, presentó este viernes 26 de marzo un modelo alternativo para la aplicación de prácticas agroambientales de la nueva PAC, más acorde con la agricultura y la ganadería de España y que ha sido remitido al MAPA, junto a las organizaciones agrarias representativas de la región (ASAJA, Alianza UPA-COAG y UCCL, así como por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl).
Castilla y León presenta un modelo alternativo, integral y único de ecoesquema por explotación para la PAC 2023-27
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones señaló que, una vez presentado el modelo diseñado por el Estado para la aplicación de ecoesquemas en España, la Junta de Castilla y León ha estado trabajando con las organizaciones profesionales agrarias y Urcacyl en el diseño de un modelo alternativo, más sencillo, adaptado a las distintas realidades productivas españolas, más atractivo para el agricultor y que asegure que no se pierdan fondos europeos en España.
Según la Consejería, el modelo presentado y remitido al MAPA responde a los siguientes principios: Es universal y, por lo tanto, puede acogerse a él cualquier agricultor o ganadero; es atractivo para que tenga acogida y, para ello, una misma práctica medioambiental no puede estar valorada de igual manera para todas las regiones productivas, dependerá de ellas.
Además, contempla un componente incentivador necesario para atraer al máximo número de agricultores al modelo; es más simple tanto para el agricultor, como para la Administración, y permite que se puedan desarrollar prácticas agroambientales en el segundo pilar de la PAC (que es el tercer escalón de ambición ambiental de la nueva PAC). Si se cubren las prácticas con los ecoesquemas se restringirá la ambición medioambiental en el segundo pilar.
Modelo de diseño único
El consejero apuntó que “desde Castilla y León se considera necesario modificar el enfoque y el modelo propuesto por el Ministerio de Agricultura, para dirigirlo a un modelo de diseño único, a través de un conjunto de prácticas en la explotación”.
Se trata, en definitiva, de conseguir un único ecoesquema ‘integral’ de la explotación con el que se pueda conseguir un importe incentivador al acogerse al mismo; una lista de prácticas de carácter ambiental, a elegir; un conjunto de pagos adicionales por las prácticas elegidas, que se determinarán como un porcentaje de la ayuda básica de la región productiva, en la que se encuentre la superficie, y una limitación del pago por ecoesquema a un porcentaje máximo de la ayuda básica, que se propone sea el 50% y que se ajustaría proporcionalmente al importe total de la asignación para ecoesquema del primer pilar.
El pago incentivador y los pagos adicionales se podrían establecer también a través de un sistema de contraprestación por puntos y, en función, de la escala que se determine, definir el pago del ecoesquema integral de la explotación como un porcentaje de la ayuda básica que corresponda al titular.
El pago por incentivo ‘a tanto alzado’ se aplicaría a todas las superficies agrícolas de la explotación, con criterios específicos que deben respetarse en función de las características de las superficies de la misma.
Este pago atrayente al modelo es completamente necesario para tener respuesta en la acogida de agricultores a estas prácticas sostenibles (ecoesquema), que es la intervención novedosa del nuevo modelo de ayudas directas y por ello es necesario incentivar para atraer a más agricultores al mismo.
El modelo incluye 28 prácticas de carácter ambiental, que se pueden desarrollar en las explotaciones agrarias del conjunto de Castilla y León y de España. Entre ellas se pueden destacar el aprovechamiento a diente de los pastos por la ganadería respetando unas cargas ganaderas en la superficie; la regeneración y protección de sistemas adehesados; la rotación espacial de los cultivos de especies diferentes.
También incluir en la alternativa cultivos mejorantes, como vezas, alfalfa, esparceta…; establecer y/o mantener elementos característicos del paisaje; la creación de hábitats seminaturales de carácter anual; la siembra directa y mínimo laboreo; el mantenimiento de las cubiertas vegetales sobre el terreno, y el empleo de la fertilización orgánica en las explotaciones.
Modelo de ecoesquemas del MAPA
El MAPA presentó un modelo, en el que se incluye una lista de nueve ecoesquemas, encasillados en diferentes modelos de agricultura. Cada uno de ellos tiene requisitos a cumplir y se retribuyen prácticamente todos con un pago dirigido a compensar costes idénticos en toda España, es decir, al final con un pago por hectárea único.
El modelo contempla compatibilidades e incompatibilidades entre los distintos ecoesquemas y cada cual tendrá una asignación de fondos específica.
En definitiva, según la Consejería, un modelo encasillado complejo tanto para el agricultor, como para la Administración, que tendrá que comprobar anualmente el cumplimiento de los requisitos y centrado en una ayuda fija por hectárea para todos los beneficiarios.
Con este planteamiento complejo de exigir más y no incentivar la aplicación de estas prácticas, y compensar solamente con un importe determinado, se correrá el riesgo de no ser atractivo para los agricultores y de que pueda desembocar en una pérdida de financiación europea en España.
Mayor ambición ambiental
La nueva PAC, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, mantiene un primer pilar financiado exclusivamente con fondos europeos, concretamente el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA). Esta nueva política contará con algo menos de 5.000 M€ al año para este primer pilar, donde se enmarcan las ayudas directas desacopladas y acopladas (pago básico, greening, ayudas asociadas…) que actualmente se conocen.
La nueva política llevará consigo mayor ambición medioambiental. En consecuencia, para la percepción de las ayudas directas será necesario cumplir con una serie de normas, buena parte de ellas de enfoque medioambiental, encuadradas en la denominada ‘condicionalidad’.
La mayor ambición medioambiental va a pasar por aplicar en un primer nivel una “condicionalidad reforzada” que deberán cumplir, obligatoriamente, todos los agricultores y ganaderos.
Pero, además, en el modelo de ayudas directas desacopladas se incorpora una nueva intervención denominada “ecoesquemas”. Estas nuevas ayudas se concederán a aquellos agricultores que lleven a cabo prácticas agroambientales superiores a las exigencias de la condicionalidad reforzada y serán prácticas que no lleven consigo compromisos de más de un año, es decir, se pueden aplicar un año y percibir estas ayudas, y al año siguiente no realizarlas y, consecuentemente, no se pagarán dichas ayudas.
Las ayudas incluidas en los ecoesquemas vienen a sustituir, en parte, el actual “pago verde” o “greening” que se percibe actualmente como un pago complementario al pago básico, siempre que se respeten unos requisitos genéricos relativos a la diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes o el respeto en la explotación de determinadas superficies de interés ecológico.
Los ecoesquemas, tal y como se plantean en la nueva normativa, suponen una mayor exigencia que la actual y será obligatorio incluirlos en el Plan Estratégico Nacional, que tendrá que presentarse a la Comisión Europea para su aprobación, como requisito imprescindible para poder aplicar la nueva PAC a partir de 2023.
Pero a su vez, serán voluntarios para los agricultores, puesto que deberán ser ellos los que decidan si les compensa o no realizar estas prácticas de carácter ambiental, teniendo en cuenta su coste y la ayuda compensatoria que recibirán por participar en el ecoesquema.
Si la demanda de ecoesquemas en España no responde a la financiación que se podría destinar, entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año, la parte no gastada se perderá a partir de 2025.
Esto es así, señala la Consejería de Agricultura, porque en los dos primeros años, 2023 y 2024, si se produjera ese hecho, la parte no gastada se distribuiría entre el resto de las ayudas desacopladas si finalmente se acepta la flexibilidad propuesta por el Consejo para los primeros años de aplicación.
Se trata de una cuestión que, precisamente, Castilla y León apoya, al igual que considera que la dotación que se destine, en un principio, para esta nueva ayuda debe ser la que corresponda al mínimo que se fije en la normativa, en línea con el acuerdo de octubre del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.
