El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió este martes 27 de noviembre en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Herrera pide a Sánchez abordar el reto demográfico con planes para el futuro del medio rural en Castilla y León
Herrera le trasladó, entre otras prioridades, la necesidad de contar con un nuevo modelo de Financiación Autonómica, que garantice la prestación de los servicios públicos, disponer de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, defender el mantenimiento de los fondos de la PAC en la negociación del nuevo modelo, así como medidas concretas que permitan una transición energética justa y ordenada.
Financiación Autonómica
La extensión del territorio de Castilla y León y su escasa población -en buena parte distribuida en el medio rural- son circunstancias que dificultan y encarecen la prestación de los servicios públicos y eso determina la urgente e inaplazable necesidad de una reforma de la Financiación Autonómica.
Según señaló Juan Vicente Herrera, el vigente sistema ha sido incapaz de aportar los recursos suficientes y ha obligado a las CC.AA. a incurrir en déficits y endeudamientos imposibles, por lo que es imprescindible la reforma y corrección de los déficits actuales, de lo que depende la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales como son la sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.
Los principios que se alcanzaron en la Conferencia de Presidentes de 2017, así como por la Comisión de expertos que fue constituida a tal efecto, son los de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos.
Estos principios son coherentes con el Pacto de Comunidad suscrito en abril de 2016 por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y compartidos con otras comunidades autónomas.
La Sanidad es el servicio más afectado por las deficiencias del modelo vigente y conlleva la mayor partida del gasto autonómico. Es, además, el área del presupuesto que acumula más tensiones de crecimiento, por el carácter inelástico de su demanda y por la influencia de factores como las veloces innovaciones en tecnologías y medicamentos o como el envejecimiento: Castilla y León plantea que ha de tenerse en cuenta la influencia del envejecimiento de la población, estimándose que el gasto sanitario de una persona mayor de 75 años multiplica por 7 el de un adulto más joven. Por ello, la Comunidad reclama que en la financiación de la Sanidad se revisen los pesos de los grupos de edad y se cree un nuevo grupo de mayores de 85 años.
En cuanto a la Educación, la igualdad entre el medio rural y el urbano exige un sobreesfuerzo económico, pues educar en el medio rural es entre un 40 % y un 50 % más caro que hacerlo en el urbano.
En relación a la Atención a la Dependencia, es preciso incorporarla al modelo de financiación y hacer efectivo el reparto de costes previsto de 50 %-50% entre Comunidades y Estado, en lugar del 80 %-20% en perjuicio de Castilla y León, como sucede ahora.
Además, Herrera ha reclamado avanzar en la reforma de la financiación local que tenga en cuenta las condiciones y necesidades especiales de los pequeños municipios.
Estrategia Demográfica
Castilla y León es una Comunidad de contrastes, con mucho territorio y proporcionalmente poca población. Estas condiciones que comparten otras CC.AA. llevaron a que en la última Conferencia de Presidentes se reconocieran como problema de Estado ‘los retos demográficos’ y se comprometió una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que Juan Vicente Herrera ve necesario impulsar por parte del Gobierno.
Desde la Comunidad, se ha afrontado este problema en el ámbito interno a través de una Agenda para la Población, con medidas de estímulo para familias, jóvenes, personas migrantes y medio rural.
En el ámbito nacional, impulsando con Gobiernos autonómicos de distinto signo una visión común del problema a través del ‘Foro de Comunidades con desafíos demográficos’.
Y en el ámbito de la UE, participando en la ‘Red Europea de Regiones’ y liderando la petición de una Estrategia Demográfica Europea ante el Comité de las Regiones.
Entre las medidas que Castilla y León ve necesario incluir está la regulación de una fiscalidad especial para los núcleos rurales que mejore el régimen tributario de sus empresas; la creación de un fondo específico de desarrollo territorial que garantice igualdad entre mundo rural y urbano; y medidas industriales que supongan el apoyo del Gobierno (a través del programa ‘Reindus’ y otros) a los proyectos industriales que se acojan a los Programas Territoriales de Fomento que está impulsando la Junta para reindustrializar las cuencas mineras, las zonas con retos demográficos o con cierres o deslocalizaciones graves, así como introducción de rebajas en el suelo industrial titularidad de SEPES.
Igualmente, se reclaman medidas para jóvenes, como la mejora del sistema de Garantía Juvenil y potenciación del sistema de FP Dual, iniciativas para el acceso a la vivienda en el ámbito rural, extensión de la banda ancha en todo el territorio y especialmente se solicita al Gobierno que defienda ante la UE la necesidad de que todas sus políticas y fondos (PAC y Cohesión) tengan la perspectiva de los desafíos demográficos de Europa y que impulse la Estrategia Ibérica acordada en la reciente Cumbre celebrada con Portugal en Valladolid.
Medio rural y PAC
El sector agrario y agroalimentario es fundamental y estratégico para Castilla y León, con un peso del 10 % del PIB que dobla el nacional, por lo que para la Comunidad tiene un especial interés el futuro de la Política Agraria Común, ya que es la segunda que más fondos recibe en España, con casi 70.000 beneficiarios directos y 1.100 millones de euros al año.
Ante su próxima reforma, Castilla y León ha planteado una posición de Comunidad con un general respaldo del sector y de los grupos parlamentarios que establece como prioridad el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC y defender que queden fuera del nuevo modelo las propuestas de reducción de pagos directos y de desarrollo rural.
En la posición que defienda España es necesario que se contemplen mejoras en la financiación y la creación de una partida específica para activar la economía en las áreas rurales más despobladas. Según ha trasladado el presidente de la Comunidad, es preciso que la PAC mantenga la consideración explícita de política europea común.
Herrera aseguró que el nuevo modelo debe potenciar las medidas orientadas a la incorporación de jóvenes y dar un mayor protagonismo a la mujer.
Igualmente, reclamó una mejor orientación de las ayudas en las que se detallen mejor los beneficiarios preservando la definición de “agricultor genuino”, conservando esta definición europea al modelo de explotación agraria familiar, de carácter individual o asociativo, en la que el agricultor trabaja y vive directamente de la actividad agraria.
También es preciso que se compatibilice la sostenibilidad ambiental de la agricultura y ganadería con la rentabilidad de las explotaciones y que se garantice la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria fomentando las relaciones entre productor, transformador y distribución, y fortaleciendo las relaciones contractuales.
Además, el presidente de Castilla y León reclamó al Ejecutivo central la implantación de las medidas preventivas e indemnizaciones por daños producidos por el lobo a la ganadería extensiva, grave problema en amplias zonas de la Comunidad, conforme a la reciente Decisión de la Comisión Europea.
Extensión del territorio e infraestructuras
La extensión del territorio de Castilla y León determina necesidades en materia de infraestructuras de comunicación que contribuyan a una mayor cohesión territorial. A pesar de los avances de los últimos años, existen numerosos proyectos que no avanzan o lo hacen de modo insuficiente, por lo que el presidente de la Comunidad ha trasladado al jefe del Ejecutivo las principales reivindicaciones:
Con respecto a las autovías, se mantiene la necesidad y urgencia de acometer sin más demoras la culminación de la Autovía del Duero (y, en especial, la conexión de Soria con Aranda de Duero); todos los tramos de la Autovía A-60 entre León y Valladolid; los tramos aún pendientes de la Autovía del Camino de Santiago, la Ponferrada-Orense y la Burgos-Aguilar de Campoo, así como la finalización de la Autovía de Castilla en su conexión con la frontera portuguesa, además de culminar el cierre de la circunvalación de León y la de Segovia.
En relación a la Alta Velocidad, en la red Norte y Noroeste, es imprescindible fijar la fecha definitiva de la llegada del AVE a Burgos y garantizar la continuidad de las obras proyectadas hacia Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Francia.
Sobre el ferrocarril convencional, es necesaria una solución definitiva a la integración de FEVE en León; completar la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro; impulsar la plena recuperación, al menos para mercancías, de la línea Madrid-Aranda-Burgos; y acometer el proyecto de corredor de cercanías Medina del Campo-Valladolid-Palencia.
En cuanto a las conexiones ferroviarias e infraestructuras logísticas, la Junta insta al Gobierno a participar en las infraestructuras de soporte (ramales ferroviarios) para los nuevos proyectos industriales que se van a impulsar en áreas como el Parque Tecnológico de Burgos y Villadangos del Páramo, y también a que impulse la Plataforma Logística de Torneros-Grulleros.
Con respecto a las infraestructuras de telecomunicaciones, Juan Vicente Herrera manifestó la necesidad de que el Gobierno establezca un cambio de modelo que garantice el acceso a Internet en el medio rural con medidas como definir las zonas consideradas como “fallo del mercado” y limitar los precios máximos de los servicios mayoristas, recuperar las ayudas a las tecnologías de 30 Mbps en municipios pequeños, que el Gobierno acelere la ejecución del Programa estatal ‘Aulas Conectadas’ y aprovechar este programa para hacer llegar la banda ancha ultrarrápida, además de a la escuela, a otros puntos vitales de los pequeños municipios, como ayuntamientos, empresas, suelo industrial, centros sanitarios y sociales mediante un convenio de colaboración en el período 2020-2021 con una aportación estimada del Gobierno de 50 millones de euros y de 25 millones de euros por parte de la Junta.
En materia de infraestructuras agrarias trascendentales para la competitividad del sector agroalimentario, las principales reclamaciones son:
En cuanto a regulación hidráulica, es preciso el inicio inmediato de las inversiones de regulación adicional en la zona del Órbigo, balsas de La Rial y Los Morales, en León. La finalización de los trámites ambientales para desarrollar las regulaciones adicionales en la zona del Carrión, en Palencia (Presas en La Cueza), y poder iniciar las obras e impulsar la tramitación ambiental de la presa de Lastras de Cuéllar en el Cega, en Segovia. Estas actuaciones suponen una inversión futura de 247 millones de euros, de los cuales 60 millones (Órbigo) deberían ponerse en marcha de manera inmediata.
En nuevos regadíos, es necesario el inicio inmediato de las inversiones comprometidas anteriormente por el Ministerio para avanzar en el desarrollo de la transformación de regadíos de Payuelos, en León, (53,6 millones de euros) y las obras de la administración hidráulica para completar la transformación de La Armuña, en Salamanca, (7,79 millones de euros).
En la modernización de regadíos, es preciso incluir actuaciones de modernización de regadíos en 9 comunidades de regantes de Castilla y León en el próximo convenio del Ministerio con SEIASA, con una aportación del capital social a dicha sociedad de 41 millones de euros.
