COAG Andalucía lamenta el bloqueo del Decreto Omnibus y su impacto en miles de agricultores
COAG Andalucía lamenta el daño que están causando los enfrentamientos políticos a los agricultores y a la población en general, y hace un llamamiento para que salgan adelante cuanto antes los decretos que se han quedado encima de la mesa. La no convalidación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, denominado Decreto Ómnibus supone un nuevo golpe para el sector agrario.
Y es que, entre las medidas que incluía este Real Decreto-Ley, se encuentra la elevación del límite para la aplicación del Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el conocido como Régimen de Compensación del IVA que hubiera pasado, de los 150.000 €, en que estaba establecido, hasta los 250.000 €.
Este régimen es importante porque permite a los agricultores y ganaderos compensar el IVA que soportan por los gastos vinculados a su actividad, aplicando un porcentaje al precio de venta de los productos obtenidos en sus explotaciones que, en la actualidad, se sitúa en el 12% para agricultura, y del 10,5% para la ganadería; con lo que se simplifica enormemente la gestión de las explotaciones agrarias, al no tener que repercutir ni de liquidar trimestralmente el IVA.
Al no elevarse el límite, miles de agricultores quedan excluidos del régimen de compensación, y sometidos, de la noche a la mañana y con carácter retroactivo desde el 1 de enero, al régimen general, lo que supone el cumplimiento de una serie de obligaciones que desconocen y para las carecen de los medios necesarios.
Pero es que, además, la exclusión de este régimen conlleva, según los criterios de la Agencia Tributaria, la exclusión del régimen de módulo en el IRPF, pues no se puede estar en uno sí y en otro no. De esta manera, miles de agricultores y ganaderos, precisamente los profesionales de la actividad, van a quedar excluidos de módulos y sujetos al régimen de estimación directa, sistema fiscal absolutamente distinto, desconocido para ellos, y que impone unas obligaciones que, al día de hoy, son de imposible cumplimento para estos profesionales.
Para COAG Andalucía, esta situación atenta contra el principio de seguridad jurídica que la Constitución garantiza y que supone que, el 1 de enero de cada año, el contribuyente debe conocer el régimen fiscal al que está sometido durante ese ejercicio en el desarrollo de su actividad.
Por lo tanto, un cambio de esta envergadura en materia de IVA y del IRPF, no solo es inasumible para los agricultores y ganaderos, sino que es una violación de los derechos más básicos de cualquier ciudadano en materia fiscal.
