El fallo del TJUE sobre la caza del lobo, sin aplicación real ni consecuencias legales para Castilla y León
A pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció el pasado 29 de julio que la Ley de Castilla y León, que permitió aprobar un plan cinegético para que pudieran cazarse lobos al Norte del Duero, es contraria a la Directiva sobre los hábitats, lo dictaminado no tiene ahora mismo ni aplicación ni consecuencias legales alguna para esta Comunidad.
Y ello porque desde septiembre de 2021 el Gobierno español incluyó a esta especie silvestre en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE), aún en vigor, dejando por tanto de ser una especie cinegética, al considerar que su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable, como resalta en su sentencia el Tribunal de Justicia Europeo.
En unas declaraciones a los medios, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó que “nunca habrá caza del lobo si no está en un estado de conservación favorable”, reconociendo a la vez que no es de aplicación en este momento, pero sí en el futuro si el lobo deja de ser una especie protegida y pasa a ser cinegética.
Suárez-Quiñones incidió en que “no sólo acatamos, sino que compartimos plenamente el fallo del TJUE”, puesto que en Castilla y León nunca se ha cazado, a través de cupos comarcales, al lobo si esta especie no estaba en un estado de conservación favorable.” De hecho, añadió, “solo se cazaba al lobo, al Norte del Duero, donde están las mayores poblaciones de lobo del mundo.”
El informe del Gobierno del periodo 2012-18 es erróneo, según Suárez-Quiñones
El consejero autonómico de Medio Ambiente criticó al Gobierno por la remisión a la Comisión Europea de un informe sexenal 2012-2018, que calificó de “totalmente erróneo”, en el que se aseguraba que el lobo en España estaba en retroceso, y es en el que se basa el TJUE, al que no le corresponde discutirlo.
Suárez-Quiñones explicó que el Gobierno está obligado a remitir a la Comisión Europea un informe cada seis años sobre el estado de conservación del lobo, y el último que envió a Bruselas fue el del periodo 2012-2018 en el que trasladó a Bruselas que la conservación del lobo estaba en retroceso.
Este documento, según el consejero, provocó la contrariedad de las cuatro CC.AA. “loberas” (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria) donde se concentra la población de esta especie silvestre, que demostraron con datos que no se basaba en la realidad sobre el terreno observada por éstas.
Es un asunto que, según el consejero autonómico, se ha discutido en la Unión Europea, con aportación de datos que justifican y demuestran que la situación poblacional del lobo no es desfavorable, como argumenta el Ejecutivo nacional.
El Gobierno está elaborando el siguiente informe sexenal del periodo 2019-2024, con la petición de datos a las CC.AA., que son además las competentes en este ámbito. Suárez-Quiñones añadió al respecto que “nosotros entregaremos esos datos, hasta el 31 de diciembre antes del plazo, que van a reflejar la realidad de la presencia del lobo, que es conocida por todo el medio rural y que no es otra que esta especie silvestre están en expansión y, por tanto, en un estado de conservación favorable.
La sentencia del TJUE del pasado 19 de julio se produce tras la consulta prejudicial realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en respuesta al recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al Norte del río Duero en Castilla y León para las temporadas 2019-20, 2020-21 y 2021-22.
