La Junta de Castilla y León y las OPAS instan al Gobierno a cambiar el estatus del lobo
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, junto con las Organizaciones Profesionales Agrarias, han pedido al Gobierno de España que se flexibilice el régimen de protección del lobo en concordancia con lo definido por la Unión Europea.
Así se refleja en una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, elaborada conjuntamente por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y las Organizaciones Profesionales Agrarias ASAJA, la alianza UPA-COAG y UCCL.
En la misiva, se insta al Gobierno a derogar la normativa por la que se incluyó al lobo en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y a impulsar la modificación del estatus de protección en los términos definidos en diciembre por la Comisión Europea. Esto significaría que la Junta recuperaría la capacidad de gestión de la especie, de la que fue privada por la Orden Ministerial del Gobierno de España TED/980/2021, de 20 de septiembre.
En segundo lugar, se solicita al Gobierno de España “que avance e impulse en el marco de la Unión Europea y de su representación en el Convenio de Berna, la modificación del estatus de protección del lobo previsto en la Directiva Hábitats 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, incorporando todas sus poblaciones de forma efectiva en el anexo V, siguiendo las directrices marcadas por la Comisión Europea, de modo que no sólo recuperemos ya la gestión del lobo al norte del Duero sino que se extienda desde ese momento la capacidad de gestión al sur del Duero», algo que siempre se ha defendido por la Junta y por el sector ganadero.
En esta misiva también se pone de manifiesto que las medidas financiadas con la colaboración del Gobierno de España para la correcta compensación de los daños al ganado y para la implementación de medidas preventivas, son acertadas y tienen el apoyo del Gobierno de Castilla y León y de las Organizaciones Profesionales Agrarias. Sin embargo, no son suficientes, pues el número de ataques sigue creciendo y es necesario afrontar la gestión del lobo con una mayor flexibilidad, que es urgente acometer en el sentido anteriormente reseñado.
Para finalizar, el consejero, y los representantes de las OPAS, solicitan “encarecidamente” al Gobierno de España “que recupere la senda del diálogo para flexibilizar la gestión del lobo asegurando, en todo momento, el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable y la supervivencia del sector ganadero de extensivo«.
A raíz de la decisión del Gobierno de proteger la especie al norte del río Duero, tal y como se venía haciendo en el sur, la Junta inició una intensa acción política que, junto a las OPAS y otros colectivos, llevaron al Gobierno de España y la Orden Ministerial a los tribunales, pendiendo un proceso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional a su instancia, aún sin resolver. Asimismo, la Junta acudió a las instituciones europeas, Comisión y Parlamento Europeo, así como a otras entidades representativas de los intereses de la ganadería europea.
Finalmente, la Comisión Europea resolvió el 20 de septiembre de 2023 y decidió que la protección del lobo en Europa tiene que cambiar de una protección estricta a un régimen de simple protección. Ello implicaría modificar el Convenio de Berna, de carácter internacional, como trámite previo para modificar el régimen legal del lobo en el ámbito de la UE previsto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.
