Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, representada por su presidente, Andrés García, y la Plataforma Ecológica, cuyo portavoz ha sido Felipe Ávila, acudieron ayer, invitados por segunda vez por el Parlamento Europeo, a defender ante la Comisión de Peticiones a los agricultores ecológicos en la investigación que esta institución lleva a cabo sobre los recortes aplicados a las ayudas por la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.
El PE mantiene abierta la investigación sobre los recortes a la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha
Tras las intervenciones, la Comisión de Peticiones ha decidido que había razones suficientes para mantener abierta la investigación, seguir recabando información sobre la decisión del gobierno autonómico e implicar en el asunto a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
El recorte drástico y con carácter retroactivo de las ayudas a la agricultura ecológica de la región y los cambios de criterios en esta medida que llevaron a la expulsión de miles de agricultores del sistema, ya fueron tratados por primera vez en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en julio del pasado año con motivo de la queja presentada por Unión de Uniones a la que se adhirió la Plataforma. Tras la investigación abierta por la Comisión, se requirió a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha para que remitiría información sobre el proceso de decisión.
«No obstante, no ha sido hasta hace unos días, que la Consejería ha respondido al requerimiento parlamentario, argumentando el recorte en la aplicación de una clausula suspensiva de la medida condicionada a la aprobación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la región y ofreciendo datos generales del presupuesto y perceptores en apenas folio y medio», según destaca Unión de Uniones.
Las explicaciones de la Consejería, «desmontadas además por Unión de Uniones y la Plataforma», no han sido consideradas suficientes por la Comisión de Peticiones. La cláusula suspensiva es aplicable si la medida no es admitida en el PDR, pero no puede ser invocada para alterar con carácter retroactivo el importe de las ayudas y para cambiar los criterios de selección de los expedientes. Por otra parte, Andrés García y Felipe Ávila aclararon que la situación presupuestaria de la medida en el PDR no justifica en absoluto los recortes realizados.
La Comisión Europea, representada en la sesión, sólo entró a ponderar la compatibilidad del PDR de Castilla-La Mancha con la reglamentación europea, sin valorar decisiones adoptadas por la Consejería previamente a la aprobación del PDR por el Ejecutivo comunitario, aunque se mostró comprensiva con la posición de los agricultores y les ánimo a que acudieran a los tribunales si entendían sus intereses perjudicados, cosa que los agricultores ecológicos han hecho ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Albacete.
Por su lado, todos los parlamentarios europeos presentes, a excepción del representante del Grupo Socialista, coincidieron en que el Parlamento no puede ni debe mirar a otro lado cuando son violados los derechos de sus ciudadanos, en este caso los agricultores ecológicos, y pidieron que se siga investigando lo ocurrido para impedir que hechos así se puedan volver a producir.
Especialmente contundente estuvo el Eurodiputado Alemán Peter Jahr: “jamás un hecho así se ha producido en Alemania y no entiendo como un socio de la Unión Europea ha cambiado las condiciones de un contrato con los agricultores a mitad de compromiso” expresó.
Finalizadas las intervenciones, la Presidenta ha concluido que un asunto tan complejo y que ha provocado tantos perjuicios a los agricultores merece seguir siendo investigado por el Parlamento y que recabarán nuevas informaciones a las autoridades, además de pasar la información del expediente a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, para solicitar su implicación en el mismo.
