La Comisión Europea realizará un seguimiento activo con los Estados miembros de la transposición de la Directiva 2019/633, de 17 de abril sobre las normas comunitarias que prohíben las prácticas comerciales desleales (PCD), y para este próximo mes de noviembre presentará un primer informe sobre la transposición y aplicación de la misma.
Bruselas hará un “seguimiento activo” de la Directiva que prohíbe las prácticas comerciales desleales
Ya, en 2025, la Comisión prevé realizar una evaluación sobre la eficacia de la citada Directiva, que estará basada en los informes anuales que deben presentar los Estados miembros y en los resultados de las encuestas que realice la CE a las partes interesadas sobre la situación en ese momento de las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agroalimentario.
Los Estados miembros tenían hasta este pasado 1 de mayo de 2021, para trasponer, algo que es obligatorio, las normas de la UE que prohíben las prácticas comerciales desleales a la legislación nacional.
En España, el proyecto de revisión de la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, que incorporaría, entre otras, la prohibición de las PCD recogidas en dicha Directiva comunitaria, está aún en trámite parlamentario, con la previsión de que sea aprobado antes de la pausa estival o, como muy tarde, inmediatamente después.
Según Bruselas, la Directiva comunitaria, adoptada el 17 de abril de 2019, garantiza la protección del 100% de los agricultores europeos, así como de los proveedores pequeños y medianos, contra las PCD de los compradores más importantes en la cadena de suministro de alimentos.
Abarca los productos agrícolas y alimentarios comercializados en la cadena de suministro, prohibiendo, por primera vez a nivel de la UE-27, unas 16 prácticas comerciales desleales, que son impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro.
La Comisión Europea recalca que los agricultores y los pequeños y medianos proveedores, así como sus organizaciones, tendrán la posibilidad de presentar quejas o denuncias contra tales PCD por parte de sus compradores.
Asimismo, los Estados miembros deben establecer autoridades nacionales, designadas que se encargarán del control, inspección y, en su caso, sanción sobre estas quejas y denuncias. En España y a nivel estatal, esto correrá a cargo, como hasta ahora, de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y también de organismos autonómicos similares.
La CE señala, además, que confidencialidad está protegida por las reglas de la Directiva, con el fin de evitar represalias comerciales por parte de los compradores.
Las prácticas comerciales desleales (PCD) que se prohibirán incluyen, entre otras, los pagos atrasados y las cancelaciones de pedidos de último momento de productos alimenticios perecederos; los cambios unilaterales o retroactivos de los contratos de suministro, así como la obligación al proveedor de pagar por productos desperdiciados y de rechazo de los contratos escritos.
Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo inicial, claro e inequívoco, entre las partes: un comprador que devuelve productos alimenticios no vendidos a un proveedor; un comprador que cobra un pago a un proveedor para asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios; un proveedor que paga por la promoción, publicidad o campaña de marketing de un comprador.
Según la CE, estas normas proporcionan una armonización mínima sobre las PCD en todos los Estados miembros, mientras que estos últimos conservan su derecho a ir incluso más allá del estándar mínimo normativo que contempla la Directiva.
La citada Directiva 2019/633, de 17 de abril de 2019 contribuye, al menos sobre el papel, a fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario.
La Comisión también ha adoptado otras medidas para aumentar la transparencia del mercado y promover la cooperación de los productores en este contexto, con la intención de que en conjunto garanticen una cadena de suministro más equilibrada, justa y eficiente en el sector agroalimentario.
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