En Bruselas ya se debate abiertamente el futuro de la Política Agraria Común (PAC) después de 2020

El pasado 8 de noviembre el Comité AGRI organizó en Bruselas, en el Parlamento Europeo, una jornada de trabajo sobre el futuro de la PAC después de 2020. El experto Allan Mattews, catedrático emérito de Política Agrícola en el Departamento de Economía del Trinity College de Dublín (Irlanda), presentó su informe sobre el futuro de los pagos directos, en el que valora el sistema vigente y formula propuestas que conducen a una reforma en profundidad.

Joaquín Olona.  Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón

Me he permitido resumir la intervención del profesor Mattews en los siguientes puntos:

1. El sistema vigente de pagos directos no es una solución satisfactoria. No es eficaz  ni eficiente para hacer frente con equidad a los retos de la renta agrícola y su estabilidad, de la productividad y de la competitividad así como del medio ambiente  y el clima.
2. Las ayudas directas desacopladas, basadas en pagos por superficie, deberían eliminarse gradualmente, estableciendo un periodo de transición.

3. Cuando los pagos se consideran derechos, las condiciones que se establecen generan cargas burocráticas excesivas. Del paradigma de los “derechos” debería pasarse a un nuevo paradigma, en el que los agricultores reciban la ayuda a cambio de productos específicos e identificables sobre una base contractual. Para ello es preciso focalizar la política agrícola en objetivos concretos y específicos alcanzables mediante acciones orientadas a resultados verificables abandonando la retórica de su mera referencia genérica.

4. La ayuda a la agricultura debe continuar para hacer frente a los fallos de mercado que impiden que los resultados del libre mercado no sean óptimos. Debe asegurarse, en primer lugar, que los agricultores protegen la biodiversidad y mantienen los servicios de los ecosistemas más allá de las buenas prácticas agrícolas.

5. Existe justificación para apoyar la producción de calidad, incluyendo la agricultura ecológica, las prácticas agroecológicas, las elevadas exigencias de bienestar animal, la innovación y la mejora de  la mejora de la competitividad, el fortalecimiento del papel de los productores en la cadena alimentaria o la incorporación de los jóvenes agricultores.

6. Hace falta encontrar el modo de retribuir a quienes contribuyen al secuestro de carbono y a la mitigación del cambio climático. También es preciso apoyar los riesgos y su  gestión  así como a la agricultura en las zonas con limitaciones naturales dados los efectos indeseables del abandono de los usos agrarios.

7. Es necesario poder verificar, por parte del público y del contribuyente, que los servicios o bienes públicos en base a los que se paga a los agricultores desarrollando prácticas agrícolas que van más allá de lo que se requiere legalmente se obtienen y entregan a la sociedad realmente.

8. Siendo necesario que los agricultores observen las buenas prácticas agrícolas y medioambientales, todos los beneficiarios de la PAC deberían estar obligados a cumplir las normas de condicionalidad. Sin embargo, en la práctica vigente, no hay relación entre los pagos  que reciben los agricultores y los costes adicionales en los que incurren realmente como consecuencia del cumplimiento de la condicionalidad y de la ecologización (“greening”).

9. La condicionalidad y la ecologización podrían sustituirse por la obligación de inscribirse en un plan agroambiental cofinanciado por la PAC (“ecologización condicional”), reuniendo las normas de condicionalidad no estatutarias y las prácticas de ecologización en un solo régimen, que tendría una amplia cobertura de tierras agrícolas debido a su vinculación con otros pagos que los agricultores podrían recibir dando flexibilidad a los Estados Miembros para diseñar planes que sean apropiados para sus circunstancias locales.

10. La estructura de la PAC en dos pilares se ha demostrado útil y debería continuar si bien el profesor Mattews propone que todo el gasto de la PAC debería ser objeto de cofinanciación por parte de los Estados Miembros y no sólo las medidas tradicionales del Pilar 2, forzando con ello a los Estados a pensar mejor el diseño de sus esquemas de ayuda.