El pasado 19 de marzo se produjeron sendas caravanas de protesta de tractores y coches contra la reforma de la Política Agraria Común (PAC), auspiciada por el Gobierno, Jerez de la Frontera (Cádiz),que es preludio de otras movilizaciones que vendrán en las provincias andaluzas, y contra la protección especial del lobo en Valladolid, que pretende el Miterd.
Caravanas de protesta contra la reforma de la PAC y la protección especial del lobo
En ambas participaron las tres organizaciones agrarias de ámbito nacional, ASAJA, COAG y UPA, así como Cooperativas Agro-alimentarias, así como la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).
En el caso de Andalucía, el decreto de transición de las ayudas PAC para 2021 y 2022 tiene la oposición frontal de las organizaciones agrarias y de Cooperativas Agroalimentarias, por considerar que penaliza las rentas de agricultores y ganaderos andaluces.
La primera de las movilizaciones se llevó a cabo en Jerez de la Frontera, con una caravana de tractores que circularon desde el circuito de velocidad hasta el centro de la ciudad, donde se leyó un manifiesto en contra de este nuevo decreto.
El presidente de ASAJA-Cádiz, Pedro Gallardo, acusó al Ministerio de Agricultura de presentar este decreto «con nocturnidad y alevosía» y aseguró que el 60% de los agricultores y ganaderos gaditanos perderán lo que perciben de ayudas comunitarias, «en algunos casos hasta el 25 por ciento.”
Las OPAs denuncian que este decreto de «convergencia acelerada y agresiva» afectará de forma «muy radical» a ciertas zonas de Andalucía, a pesar de que su aplicación, recuerdan, «no es una exigencia de Europa». «La UE dice que se puede aplicar hasta 2026 y no en uno o dos años», recalcó el presidente de ASAJA en la provincia de Cádiz.
Por su parte, desde COAG-Cádiz, se recalcó que “la reducción de 50 zonas productivas en Andalucía a unas siete ha provocado el malestar de estas asociaciones agrarias que han calificado el cambio de «nefasto». «Hay que tener tantas regiones como realidades productivas hay en el campo. La norma se debe adaptar a la realidad y no al contrario», defendió Miguel Pérez, presidente de esta organización agraria.
A su vez, la presidenta de UPA en Cádiz, Azucena Gómez, recordó que el sector del campo es «esencial» y ha demostrado «estar a la altura» en 2020 con la pandemia de Çovid-19, al paralizar las movilizaciones por los precios para volver al campo y seguir produciendo alimentos «para que no faltasen en las casas».»Somos un sector que ha demostrado siempre estar a la altura y más en tiempos de pandemia, añadió y, por tanto, “merecemos un respiro, no podemos permitir que se nos presione más.”
Las movilizaciones, que se han iniciado con esta caravana de tractores en Jerez, continuarán el 25 de marzo con una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y se retomarán después de Semana Santa en Málaga y Sevilla, así como en el resto de provincias andaluzas.
Ganaderos frente al lobo
Por otro lado, otra caravana de unos tractores y 200 coches, para evitar los efectos adversos de la pandemia, se celebró el viernes 19 por las calles de Valladolid, contra la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas, reclamando que se permita su control cinegético.
En una convocatoria conjunta de las organizaciones agrarias de Castilla y León (ASAJA, AlianzaUPA-COAG y UCCL), vehículos de esta Comunidad Autónoma ocuparon las calles de la capital pucelana para protestar contra la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) de incluir al lobo entre las especies silvestres de especial protección .
«El lobo no está en peligro de extinción, ni mucho menos, si es caso, en aquellas zonas de ataques masivos es el sector ganadero el que está en peligro de extinción», argumentó el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo.
Dujo detalló que en 1992 había 400 lobos en Castilla y León y en 2020 eran más de 2.000; y en ataques, se ha pasado de 1.500 en 2015 a 2.600 el año pasado, reiterando que «la mayor explotación ganadera en esta Comunidad es la que mata el lobo», tras indicar que son unas 4.000 cabezas de ganado las que sufren los ataques cada año, por lo que ha criticado al Ministerio por «convencer a las CC.AA. que no tienen precisamente este problema», en referencia explícita, entre otras, a Canarias, Baleares o Melilla.
Por su parte, el coordinador regional de UCCL, José Manuel González Palacín, aseguró que el lobo es una de las mayores amenazas de la ganadería extensiva, y que su mayor presencia acabaría provocando más incendios forestales, pérdida de biodiversidad y perjudicaría a las cerca de 35.000 familias que viven de este sector.
González Palacín cifro las pérdidas producidas por los ataques al ganado en cinco millones de euros anuales, de los que la Junta compensa solo el 20% y el resto «va a la costilla de los propios ganaderos».
A su vez, el secretario general de UPA, Aurelio González, exigió que se convoque de nuevo a las CC.AA., aludiendo que son varias las que han cambiado de postura, y reprochó al departamento de la ministra Teresa Ribera que si quieren luchar contra la despoblación no lo haga «combatiendo a los habitantes del medio rural».»En Zamora hay 400 lobos, más que en toda Francia. Sufrimos siete ataques diarios, siete ganaderos que en Castilla y León se piensan todos los días si siguen o no», lamentó González.
Una comitiva representativa de la protesta se desplazó finalmente hasta la Delegación del Gobierno para entregar al delegado en Castilla y León, Javier Izquierdo, una carta (documento pdf abajo) en la que le piden que interceda y defienda los intereses de los ganaderos. En la misiva, las OPAs solicitan a Izquierdo que exija la paralización de incluir al cánido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y que inste a la ministra a iniciar un diálogo «serio» con el sector y con las autonomías donde este depredador tiene mayor presencia.
Documento pdf sobre el lobo: documento Delegado Gobierno