En casi cinco semanas, casi medio millón de europeos han firmado una petición pidiendo a la Comisión Europea que prohíba el glifosato en los herbicidas. El próximo día 15, la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) puede rechazar una advertencia de la Organización Mundial de la Salud que vincula el glifosato con el cáncer.
Casi 500.000 personas ya han pedido a la UE que prohiba el glifosato
Una coalición paneuropea de 38 organizaciones de 15 países lanzó la Iniciativa Ciudadana Europea el 8 de febrero. Los signatarios instan a la Comisión Europea a prohibir el glifosato, a reformar el proceso de aprobación de plaguicidas de la UE ya establecer objetivos obligatorios de la UE para reducir el uso de plaguicidas.
La Comisión debe examinar la petición si al menos un millón de ciudadanos de la UE la han firmado en el plazo de un año, alcanzando unos umbrales mínimos en al menos siete países.
El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo y ha sido relacionado con el cáncer por la agencia de cáncer de la Organización Mundial de la Salud, IARC.
Las organizaciones sanitarias y medioambientales han expresado su preocupación por los conflictos de intereses en el comité de la ECHA encargado de evaluar el glifosato y han criticado la dependencia de la ECHA de estudios de la industria no publicados.
Los reglamentos de la UE prohíben el uso de plaguicidas cuando hay pruebas suficientes en animales de laboratorio de que estas sustancias pueden causar cáncer, basándose en los criterios científicos del IARC. Según el IARC, el glifosato cumple estos criterios. Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) descartó los hallazgos de cáncer del IARC, señalando los estudios inéditos no disponibles para los expertos del IARC.
En 2016, la Comisión Europea propuso volver a aprobar el glifosato durante 15 años, basándose en la evaluación de la EFSA. Sin embargo, una protesta pública y el respaldo insuficiente de los gobiernos nacionales obligaron a la Comisión a extender solo una prórroga de 18 meses hasta finales de 2017, a la espera de una evaluación de seguridad por parte de la ECHA.
