Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron este jueves 13 de enero una moratoria para la instalación de grandes granja de ganado porcino en la región hasta el 31 de diciembre de 2024 y tampoco se autorizarán ampliaciones de las ya existentes.
Castilla-La Mancha aprueba, con excepciones, la moratoria para instalar “macrogranjas” hasta 2025
El debate sobre las macrogranjas en la región, que también estuvo presente en el primer punto del orden del día -al introducir la «Ley de acompañamiento de Presupuestos» una moratoria para este tipo de instalaciones en suelo castellano-manchego- centró el primero de los dos debates generales del orden del día, en este caso a propuesta de los dos grupos de la oposición, orientado a “la repercusión en el sector de la ganadería de Castilla-La Mancha de las recientes declaraciones del ministro de Consumo en las que responsabiliza a dicho sector de perjudicar la salud de los ciudadanos”.
La resolución socialista que ha salido adelante con sus 19 votos a favor -la oposición votó en contra- muestra apoyo al sector cárnico y la ganadería, “ya sea extensiva o intensiva” y al impulso de la ganadería sostenible “en línea con el Pacto Verde Europeo, la Ley de Economía Circular y la Ley de la Cadena Alimentaria”.
Respecto al fondo de las declaraciones del ministro Alberto Garzón sobre la calidad de la carne exportada, el parlamento regional reclamó “seguir fomentando, apoyando y promoviendo la calidad y exportación de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha, que responden a los estándares más altos a nivel internacional, abriendo nuevos mercados y apoyando la promoción de los alimentos españoles”.
Además, pide reforzar -junto a la Administración del Estado- “los planes de control del cumplimiento de los requisitos” relacionados con la normativa ambiental, de bienestar animal y de tamaño de exportaciones exigidos en el sector.
En este contexto, la moratoria incluye que «se estudiará autorizar explotaciones de ganado porcino que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de purines», lo que en la práctica supone dejar abierta la puerta a permitir, en su caso, nuevas explotaciones porcinas más sostenibles.
En concreto, la moratoria se establece para los proyectos de explotaciones de porcino que precisen autorización ambiental integrada, es decir, para aquellas que superen las 2.000 cabezas, y no se tramitarán proyectos nuevos, ni modificaciones de otros ya existentes que supongan superar esa cifra.
Esta moratoria fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del PSOE en el Parlamento castellano-manchego, mientras que PP y Cs votaron en contra y, además, en el Pleno de las Cortes también el PSOE hizo valer su mayoría absoluta para rechazar la reprobación al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre las “macrogranjas”, a petición de PP y Cs.
Ordenación sectorial
Más en concreto, en el texto de la moratoria se especifica que el sector del porcino de esta región ha sufrido una «gran transformación en los últimos 15 años, ya que desde el año 2006 hasta la actualidad el censo de animales se ha incrementado en un 47 % y de las 1.286 explotaciones ganaderas de porcino incluidas en 2021 en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha, 227 corresponden con explotaciones con autorización ambiental integrada, de las cuales 90 se han tramitado desde 2016.
Por ello, se añade, “con la finalidad de ordenar adecuadamente este sector y realizar aquellos estudios que sean necesarios para ello, se ha establecido una moratoria sobre las explotaciones ganaderas de porcino hasta el 31 de diciembre de 2024.”
No obstante, con el fin de «estimular la necesaria transformación del sector, los trabajos de I+D+i y la consecución de productos de valor añadido, se estudiará la aprobación, por la autoridad competente, de la construcción de nuevas explotaciones ganaderas de porcino o modificación de las existentes, en las que incorporen sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de purines.
En el debate parlamentario, según recoge la agencia EFE, la portavoz del Grupo Socialista, Ana Isabel Abengózar, acusó a PP y a Cs de «sumarse al carro” por la polémica a raíz de las palabras del titular de Consumo, pero les reprochó que en la Comisión respectiva, en la que se debatió el texto se abstuvieron y no propusieron alternativa alguna.
El propósito de esta moratoria, señaló Abengózar, es «no atacar a nadie sobre todo, así como velar y ayudar al futuro del sector primario del campo y de los pueblos», haciendo una ordenación del sector ante el crecimiento exponencial de autorizaciones para estas instalaciones.”
Por su parte, el diputado regional del PP, Miguel Ángel Rodríguez, señaló respecto de la moratoria de las “macrogranjas” que ésta se ha hecho «a espaldas al sector, genera inseguridad jurídica y condena a una actividad económica que crea empleo y cumple rigurosamente con una normativa medioambiental muy exigente y de sanidad y bienestar social».
En cuanto a la propuesta de resolución del PP sobre las declaraciones de Garzón, que fue rechazada, recogía la petición de que las Cortes Regionales reprueben las manifestaciones del ministro de Consumo y que insten al Gobierno regional y a García-Page a solicitar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a su cese inmediato.
La propuesta de resolución de Cs, también rechazada, iba en línea parecida, puesto que en la misma se pedía que el Parlamento castellano-manchego reprobara las declaraciones de Garzón, en las que ataca a la industria ganadera, pidiendo el cese como ministro por no defender los intereses del país.
